eldiario - 3 days ago

Baleares se ha sumado esta semana con la toma en consideración de la iniciativa a las cuatro comunidades en las que PP y Vox ya han unido sus votos para fulminar la memoria histórica autonómica con textos que obvian la sublevación y equiparan la República al franquismoPP y Vox sellan su pacto para tumbar la ley balear de memoria democrática Una ley de memoria hist rica a cambio de votos. Es la f rmula con la que el Partido Popular y Vox est n dibujando en buena parte de Espa a el mapa de la desmemoria, que se extiende en las comunidades en las que los populares gobiernan en minor a y necesitan a la extrema derecha para sacar adelante iniciativas. La derogaci n de las leyes auton micas ya se ha consumado en Arag n, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Cantabria, y el mismo camino enfila Baleares, donde esta misma semana ambos partidos han sellado su acuerdo para tumbar una norma que han convertido en moneda de cambio. El paso atr s en la legislaci n que reconoce derechos a las v ctimas de la Guerra Civil y la dictadura fue una de las medidas estrella de los pactos de gobierno de 2023 como exigencia de Vox a cambio de hacer presidentes a varios l deres del PP. El partido de Santiago Abascal decidi un a o despu s y a cuenta del reparto de menores migrantes, romper con los de Feij o y salir de los ejecutivos que compart an, pero ambas derechas se han seguido aliando con el mismo objetivo. El movimiento de las autonom as ha chocado con la respuesta del Gobierno central, que est recurriendo las derogaciones ante el Tribunal Constitucional provocando su suspensi n cautelar. El pulso pol tico se intensifica en un a o cargado de simbolismo y a las puertas de que este noviembre se cumplan 50 a os de la muerte de Franco. Pedro S nchez est aprovechando la efem ride para marcar perfil frente a la ofensiva reaccionaria y ya esta semana ha preparado el terreno con pasos adelante como la declaraci n como Lugar de Memoria de la sede de la Comunidad de Madrid a pesar de la oposici n de Isabel D az Ayuso, y anuncios como la publicaci n del cat logo de vestigios franquistas. Ya sea dejando a las comunidades sin ley o sustituy ndolas por una de concordia , tras el borrado ultra de la memoria hay una ret rica que reproduce l nea por l nea el argumentario revisionista de la extrema derecha. Un relato que sostiene que las leyes de memoria provocan rencor y divisi n y que apela a la reconciliaci n evitando condenar el franquismo, equiparando el fascismo y la democracia de la Segunda Rep blica, alargando intencionadamente el marco temporal desde 1931 o incluso incluyendo a las v ctimas del terrorismo perpetrado por minor as violentas , reza el texto aprobado en Extremadura. La comunidad gobernada por Mar a Guardiola ha sido la ltima en culminar el proceso a cambio del apoyo de los cinco diputados de Vox para sacar adelante una rebaja fiscal. En Baleares el esquema es similar aunque el camino acaba de empezar: lo aprobado estos d as es la toma en consideraci n de la iniciativa con la contrapartida para el Ejecutivo de Marga Prohens de poder aprobar los presupuestos. El patr n se inici en Arag n, la primera autonom a en dar marcha atr s. Y no cualquier d a: el 20 de noviembre de 2023, las derechas iniciaron el proceso. Poco despu s le toc el turno a la Comunidad Valenciana, que aprob la ley de concordia en un debate en el que el president, Carlos Maz n, recurri a Miguel A ngel Blanco, asesinado por ETA, para justificarla. A ellas se suma Cantabria, donde el PP, que gobierna en solitario, se apoy en Vox para fulminar la ley y cumplir as una promesa electoral propia. No solo ocurre a nivel auton mico: acabar con la Ley de Memoria Democr tica estatal fue una de las medidas que incluy Alberto N ez Feij o en su programa para las ltimas generales, aunque como en otros asuntos en los que parece que la ultraderecha est marc ndoles el paso, hay territorios en los que los vaivenes son se a de identidad. Ejemplo de ello es Castilla y Le n, donde el PP ha llegado a votar con el PSOE en contra de la ley de concordia que present al inicio de la legislatura con Vox cuando gobernaban juntos. De la Rep blica a la Guerra Civil Con todo, la narrativa utilizada por las derechas es un conglomerado de referencias que, en la pr ctica, lo que hacen es edulcorar el franquismo , se ala el historiador Pablo Alc ntara. Sin ir m s lejos, en la iniciativa extreme a y balear que calcan parte de la exposici n de motivos no hay rastro de la palabra dictadura ni apelaci n ninguna al golpe de Estado de 1936. Tras referirse a las convulsiones tras la proclamaci n de la Segunda Rep blica y su clima de inestabilidad y exclusi n del adversario , los textos apuntan a que la conversaci n p blica salt por los aires entre 1931 y 1936 y as como si en el medio no hubiera habido una sublevaci n militar, pasan a afirmar: La Guerra Civil llev hasta el paroxismo las din micas de enfrentamiento de a os anteriores . Las iniciativas nicamente nombran el franquismo para afirmar que nunca ha habido un relato consensuado sobre este periodo hist rico a pesar de que es indudable que fue una dictadura marcada por la represi n sistem tica que tuvo por objetivo la limpieza ideol gica y moral durante cuatro d cadas. El exilio, los fusilamientos o los campos de trabajo forzado son solo ejemplos de un r gimen cuyos efectos han sido demostrados por los datos, las fuentes documentales y de archivo y la historiograf a , se ala Alc ntara, que piensa que PP y Vox buscan establecer un marco que, en el fondo, est justificando el golpe de Estado tal y como hizo la dictadura. A lo mismo apuntan los colectivos memorialistas que en todas las comunidades han intentado frenar las derogaciones. Este es el objetivo en todas partes: tratar que permanezca lo m s intacta posible la memoria que el propio franquismo construy sobre s mismo , sostiene la soci loga Lucila Arag desde la Acci n Ciudadana contra la impunidad del franquismo en la Comunidad Valenciana. La experta cree que las leyes de concordia impulsadas son una garant a de impunidad porque los cr menes del franquismo, desde las desapariciones forzadas a las condenas ilegales o la tortura, son constitutivos de cr menes contra la humanidad, pero de esta forma permanecer n protegidos . El Gobierno de coalici n ha reaccionado a la eliminaci n de la legislaci n con recursos ante el Tribunal Constitucional a medida que los parlamentos auton micos han ido dando el paso. Con la admisi n a tr mite de las alegaciones, el tribunal ha suspendido cautelarmente las derogaciones o algunos art culos de las leyes de concordia en el caso de las comunidades en las que entraron en vigor. Los recursos alegan que las normas podr an menoscabar los derechos de las v ctimas y vulnerar competencias estatales . Sin embargo, la paralizaci n es temporal y habr que esperar a que el Constitucional entre al fondo del asunto y dicte sentencia. Paralelamente, el Gobierno denunci ante Naciones Unidas la contrarreforma a la memoria democr tica auton mica, a lo que el organismo respondi alertando de que podr a transgredir la obligaci n del Estado espa ol de proteger los derechos humanos . Adem s, el informe del Relator Especial y del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU no pasa por alto que todos los textos omiten nombrar o condenar el franquismo, lo que puede invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el r gimen dictatorial .

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