abc - 6 hours ago

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la resolución del Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba, que condena al alcalde de Montalbán Miguel Ruz (IU) por el acoso laboral institucional y la vulneración de derechos fundamentales sufridos por un técnico municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba. El fallo condena solidariamente al Ayuntamiento y a su alcalde, Miguel Ruz Salces (IU), a cesar en toda conducta lesiva y a abonar al trabajador 12.558,60 euros más los intereses legales, al considerar acreditado «un acoso continuado y sistemático que atentó contra la dignidad profesional y personal del funcionario». La sentencia analiza los hechos ocurridos entre 2019 y 2022, describiendo un patrón prolongado de hostigamiento institucional caracterizado por el aislamiento profesional, el descrédito público, el trato desigual y el menosprecio continuado hacia el empleado. El TSJA, según una nota de la defensa del técnico municipal, pone fin a una etapa judicial de más de seis años, en la que el trabajador ha sufrido bajas laborales reiteradas por el acoso padecido y un ambiente laboral hostil marcado por la marginación de sus funciones esenciales. El tribunal ha subrayado en su auto que «no se trató de un conflicto puntual, sino de una conducta organizada y sostenida desde la estructura municipal, que vulneró reiteradamente los derechos fundamentales del empleado«. La resolución, ejecutable de forma inmediata, obliga al Ayuntamiento y a su alcalde a poner fin al acoso y a restituir plenamente las condiciones profesionales del trabajador, incluso en caso de recurso. Según este mismo comunicado remitido por la defensa de este técnico municipal, «pese a la contundencia del pronunciamiento judicial, el Ayuntamiento y su alcalde no han cesado en su conducta de hostigamiento« . El funcionario presentó en febrero de 2025 una nueva demanda por acoso laboral, dirigida por el letrado Federico Medina Ramírez, que amplió en junio del mismo año ante la persistencia del acoso y la aparición de nuevos actos lesivos. En esta segunda causa «se denuncian represalias directas posteriores a la condena, como un expediente disciplinario sin base real, obstaculización del desempeño profesional y sindical, impagos de retribuciones, revictimización institucional y trato discriminatorio«. De confirmarse judicialmente, estos hechos evidenciarían una conducta de acoso estructural y reiterada, en desobediencia deliberada a los mandatos del TSJA y a la legalidad vigente , pudiendo derivar incluso responsabilidad penal para el alcalde. Los hechos se suman a un historial de resoluciones adversas para el Ayuntamiento. En 2019, el TSJA ya declaró una conducta antisindical por vulneración del derecho a la libertad sindical del sindicato CSIF . En 2020, la Inspección de Trabajo calificó la actuación municipal como infracción grave en materia de seguridad y salud laboral, según ha recordado la defensa de este técnico víctima de acoso. Asimismo, el Defensor del Pueblo Español, el Defensor del Pueblo Andaluz, el Consejo de Transparencia de Andalucía y la Inspección de Trabajo han emitido reiterados requerimientos formales al Ayuntamiento , sin obtener respuesta ni corrección de las irregularidades detectadas, calificando su actitud como hostil y entorpecedora.

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