abc - 23 hours ago

El régimen de Nicolás Maduro ha vuelto a cargar contra la Iglesia católica, esta vez con el objetivo de apropiarse de sus santos. El Gobierno está impidiendo a los sacerdotes críticos celebrar misas y rendir culto por la reciente canonización , mientras impulsa una red de espionaje para delatar a quienes cuestionen al chavismo. La última víctima de esta ofensiva ha sido el cardenal Baltazar Porras, a quien se le prohibió participar en los actos con motivo de la canonización de los santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, los dos únicos venezolanos reconocidos como tales por el Vaticano la semana pasada. El régimen chavista ha intentado monopolizar las celebraciones, impidiendo la presencia de opositores y reservando los lugares de honor a sus simpatizantes. Maduro, incluso, se ha dejado fotografiar en sus programas televisados junto a las imágenes de los dos santos, insinuando que «son chavistas». La tensión entre el chavismo y la Iglesia católica se arrastra desde hace 26 años, marcada por las denuncias eclesiásticas sobre la falta de libertades y las violaciones de derechos humanos. El enfrentamiento se remonta a Hugo Chávez, que llegó a acusar a los sacerdotes de llevar «el diablo en la sotana» por criticar la deriva comunista que iniciaba su Gobierno. La última chispa ha sido la protesta de los obispos por la decisión de Maduro de adelantar la Navidad al 1 de octubre —una festividad que tradicionalmente comienza en diciembre— y por su exigencia de liberar a los 900 presos políticos que aún permanecen en las cárceles del país. El presidente reaccionó airado contra los prelados, a los que llama «los señores con sotana», y declaró: «No van a contradecir una decisión del pueblo, que ha decidido celebrar las navidades desde el 1 de octubre y no el 25 de diciembre». A las tensiones se sumó la denuncia del cardenal Porras, quien aseguró que el Gobierno le impidió viajar por aire y tierra a Trujillo para oficiar una misa en honor a José Gregorio Hernández. Según relató, fue rodeado por militares y se le advirtió de un supuesto «riesgo de disturbios» en Isnotú, el pueblo natal del santo. Porras explicó en su cuenta de Instagram que el veto comenzó la noche anterior, el 24 de octubre, cuando el viceministro de Culto le comunicó la «inconveniencia» de su presencia. Posteriormente, recibió por correo electrónico y WhatsApp la notificación de que su vuelo con Conviasa quedaba suspendido hasta el 28 de octubre. Más tarde supo que la aeronave voló con normalidad y aterrizó en Valera, capital de Trujillo. Ante los impedimentos, el cardenal intentó viajar en una aeronave privada, pero esta fue desviada a Barquisimeto con el argumento de que el aeropuerto de Trujillo estaba cerrado por fuertes vientos. En Valera, denunció un inusual despliegue militar y el bloqueo de todas las rutas terrestres hacia Isnotú. Al no poder continuar el trayecto ni recibir explicaciones, regresó a Caracas. La líder opositora y Nobel de la Paz, María Corina Machado , denunció la escalada represiva: «En las últimas horas, la represión del régimen ha escalado, agrediendo directamente a nuestro cardenal Baltazar Porras», escribió en las redes sociales. Coincidencias o milagros, los fieles se preguntan si la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles —anunciada el mismo día en que Machado recibió el Nobel, el 10 de octubre— fue una simple casualidad. Lo cierto, dicen, es que Maduro pretende apropiarse también de los santos. Paralelamente, el régimen ha ordenado activar una nueva red de vigilancia ciudadana para denunciar a quienes critiquen al Gobierno. Se trata de la reactivación de la aplicación «VenApp», creada originalmente para reportar fallos en los servicios públicos —como cortes eléctricos o fugas de agua—, pero que ahora tendrá una función política: permitir que los vecinos informen sobre «conductas contrarias» al chavismo. Maduro lo anunció así: «La VenApp, o una versión ampliada, permitirá a los ciudadanos reportar todo lo que vean y escuchen para que las autoridades puedan actuar». En la práctica, se trata de una herramienta de espionaje que el régimen lanza justo cuando Estados Unidos ha desplegado una poderosa flota aeronaval en el Caribe, frente a las costas venezolanas, para combatir a las organizaciones del narcotráfico. Con esta aplicación, el chavismo busca identificar y sancionar a quienes expresen apoyo al operativo norteamericano en redes sociales. El primer señalado es el dirigente opositor Leopoldo López, quien se ha mostrado a favor de la intervención estadounidense. El régimen pretende revocar su nacionalidad y suspender su pasaporte venezolano, pese a haber nacido en Caracas, siguiendo el modelo del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Amnistía Internacional ha advertido que la VenApp puede convertirse en un instrumento de persecución, ya que sus datos podrían usarse para identificar, acusar o intimidar a disidentes. Además, abre la puerta a denuncias personales o vecinales contra sacerdotes, funcionarios, militares y ciudadanos que se atrevan a criticar al régimen.

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