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El Ayuntamiento de Toledo ha solicitado formalmente al Ministerio de Hacienda la suspensión o ampliación del plazo de alegaciones hasta disponer de toda la información relativa a la exclusión de la ciudad del reparto de los fondos europeos EDIL (Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado Local). La resolución provisional, publicada el 1 de octubre, dejó fuera a la capital regional del listado de beneficiarios del programa Feder del marco 2021-2027. El escrito con las alegaciones, firmado por el alcalde Toledo, Carlos Velázquez, denuncia que el Ministerio no ha facilitado la puntuación detallada ni el desglose por criterios de evaluación, a pesar de haberlo solicitado los días 3 y 10 de octubre, lo que, según el escrito, vulnera el derecho a la información administrativa recogido en el artículo 53.1 de la Ley 39/2015 y genera indefensión , al impedir conocer las razones exactas de la exclusión. Además de la suspensión del procedimiento, el Ayuntamiento de Toledo pide revisar la resolución provisional y aplicar el prorrateo de las ayudas entre todos los municipios que superaron la puntuación mínima de 50 puntos, incluido Toledo, como establecen las bases reguladoras. En su opinión, debió aplicarse el apartado 5 de la convocatoria, que prevé prorratear la senda financiera entre todos los planes seleccionados. El escrito argumenta que la resolución del Ministerio introduce criterios nuevos y no contemplados en las bases, como la denominada regla del 70% o la referencia a un supuesto «equilibrio territorial», en lugar del equilibrio provincial que figuraba expresamente en la convocatoria. A juicio del Ayuntamiento, estas modificaciones «suponen una alteración sustancial de las condiciones del procedimiento» y vulneran los principios de igualdad, transparencia y seguridad jurídica. «La aplicación de criterios distintos a los establecidos en las bases no puede conllevar la exclusión de proyectos que cumplen los requisitos y superan la puntuación mínima», sostiene el documento. El Consistorio recuerda que la tasa de cofinanciación del 85% fijada para las regiones menos desarrolladas constituye un máximo permitido, no una obligación de gasto. En consecuencia, «el Ministerio podía haber reducido ese porcentaje para permitir la financiación de todos los proyectos que alcanzaron la puntuación mínima», conforme al espíritu de las bases. La decisión de otorgar el cien por cien de la ayuda solo a determinadas entidades «ha supuesto en la práctica la exclusión de otras que también fueron evaluadas favorablemente». El Ayuntamiento también subraya que la convocatoria «no figura en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Ministerio de Hacienda», lo que, según advierte, podría implicar su nulidad de pleno derecho de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo . En ese caso, el Consistorio solicita que se anule la convocatoria y se repita el procedimiento con las debidas garantías. En su conjunto, las alegaciones concluyen que la exclusión de Toledo carece de fundamento técnico o legal, y que la resolución provisional «no se ajusta a los principios de objetividad e igualdad de oportunidades entre las entidades solicitantes». Por ello, el Ayuntamiento pide que se revise el procedimiento, se garantice el acceso a la información completa y se aplique un reparto equitativo de los fondos conforme a los criterios establecidos en las bases.

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