eldiario - 22 hours ago

Las y los profesionales de la salud mental muestran su preocupación por que la sanidad pública madrileña no atienda a las mujeres en estos casos y señalan que su derivación a centros privadas implica un maltrato institucional y un sufrimiento innecesario No, no es una “lista negra” aunque lo diga Ayuso: los bulos sobre el registro de objetores al aborto que lanza la derecha 210 profesionales de la psicolog a y la psiquiatr a del Servicio Madrile o de Salud han enviado una carta a la Consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, F tima Matute, para pedir que las mujeres que aborten m s all de las 14 semanas de gestaci n (un plazo que ya solo permite la interrupci n del embarazo por malformaciones y problemas graves de salud) puedan hacerlo en centros p blicos para evitar los posibles riesgos f sicos y psicol gicos que conlleva su derivaci n a cl nicas privadas en casos tan delicados. Reclaman tambi n al Gobierno de Ayuso que ponga en marcha el registro de objetores, tal y como contempla la ley. Lo hacen despu s de que la presidenta de la Comunidad de Madrid se negara a hacerlo argumentando que se trata de una lista negra . Las y los profesionales de la salud mental que firman la carta muestran su preocupaci n por que la sanidad p blica no atienda a las mujeres que se ven en la situaci n de interrumpir sus embarazados m s avanzados. Esa derivaci n, aseguran, implica un maltrato institucional y un sufrimiento innecesario para las mujeres afectadas. Puesto que tanto el seguimiento de su embarazo como su diagn stico se han hecho en un centro p blico, el aborto tambi n deber a producirse en la sanidad p blica, argumenta el grupo de profesionales, que ya se dirigi hace un a o a la Consejer a para trasladarle una preocupaci n similar. Hace un a o informamos a la Consejer a de Sanidad sobre la detecci n de traslados de m s de 20 mujeres a cl nicas privadas tras el diagn stico de malformaciones fetales en hospitales p blicos a partir de la semana 14 de gestaci n, lo que conlleva un maltrato institucional y un sufrimiento innecesario para las mujeres afectadas. En respuesta, la Consejera nos solicit documentar estos casos. Sin embargo, dada la sensibilidad de la informaci n y la necesidad de proteger la confidencialidad de las pacientes, nos resulta inviable proporcionar dicha documentaci n. Consideramos que es responsabilidad de la Consejer a investigar y garantizar el cumplimiento de la legislaci n en este mbito , relatan en la misiva, a la que ha tenido acceso elDiario.es. Aunque el traslado de centros p blicos a privados no es ilegal (la sanidad p blica de todas las comunidades, en mayor o menor medida, tiene conciertos con cl nicas), estos 210 profesionales subrayan que el traslado de mujeres que se encuentran en esta situaci n aumenta los riesgos para su salud y ahonda en el estigma. La falta de acceso a la IVE por malformaciones fetales o riesgo para la salud de la madre en la sanidad p blica no solo vulnera los derechos fundamentales de las mujeres, sino que tambi n incrementa los riesgos para su salud f sica y mental. Es imperativo que la Comunidad de Madrid cumpla con su obligaci n de garantizar este derecho en todos los hospitales p blicos, tal como lo establece la legislaci n vigente , escriben en la misiva, en la que recuerdan que el Defensor del Pueblo ha alertado en varias ocasiones de que la Comunidad de Madrid no cumple con la norma. Actualmente, Madrid es una de las cinco comunidades en las que menos del 1% de las interrupciones voluntarias del embarazo se hacen en la sanidad p blica. Son Madrid (0,47%), Castilla-La Mancha (0,05%), Murcia (0,93%), Andaluc a (0,03%) y Extremadura (ninguna intervenci n en la p blica). A pesar de que la reforma de la ley del aborto de 2023 prioriza que las intervenciones se lleven a cabo en la red p blica, la realidad es que en Espa a el 79% siguen realiz ndose en centros concertados. A nivel auton mico, el mapa es desigual y si bien hay comunidades como Cantabria o Galicia en las que la mayor a de abortos son en la p blica especialmente, abortos farmacol gicos , en otras el porcentaje es m nimo, entre ellas Madrid, donde los centros p blicos solo asumen el 0,47% de los casos. Las razones que suele dar habitualmente la Consejer a de Sanidad madrile a apuntan a la objeci n de conciencia de los profesionales, a pesar de que Madrid no ha implantado el registro de objetores que permitir a que los hospitales conocieran los casos y organizaran sus recursos. L gicamente no podemos obligar a los profesionales que intervienen en el procedimiento a realizarlo , dec a hace unos meses un portavoz preguntado por el caso de una mujer, Susana, que es m dica en un gran hospital p blico madrile o, donde sus propios compa eros le siguieron el embarazo hasta que tuvo que interrumpirlo. Un paso que le dijeron que no pod an hacer por pol tica del hospital . De momento, la consejer a no ha respondido a las preguntas de este medio sobre la carta remitida por las profesionales. Experiencias Las profesionales acompa an la queja de varios testimonios de mujeres y parejas a las que el hospital que segu a su embarazo e incluso detect la malformaci n fetal las expuls despu s para interrumpirlo. Varios de los casos se refieren al mismo centro sanitario, el Hospital La Paz, donde la objeci n de conciencia se ha convertido en pol tica sanitaria , apunta el escrito de Ana Amor y Jos de la Cruz, que recibieron el a o pasado el diagn stico de una anomal a grave en su beb incompatible con la vida y fueron derivados a una cl nica concertada. No tiene sentido que solo la parte de la muerte de nuestros hijos se delegue a centros privados, cuando todo el proceso est financiado con dinero p blico. Es una incoherencia que refleja una profunda hipocres a estructural , opina la pareja. Otro de los textos est escrito por M riam Cano, a la que el Hospital Ram n y Cajal se neg a practicarle el aborto en 2023. Su caso demuestra la pr ctica que siguen algunos centros, que solo llevan a cabo una parte del proceso haciendo volver a las mujeres al hospital una vez las cl nicas han provocado la muerte del beb para dar a luz en la p blica. Cuando los profesionales les contaron que el proceso ser a as , y que una vez ella abortara deb a acudir a Urgencias de La Paz por nuestros propios medios , la pareja les pregunt si no cab a posibilidad de hacer todo el proceso en el hospital: Nos respondieron tajantemente que no . Una vez la cl nica concertada le practic el feticidio, tuvo que vestirse e irse al centro sanitario como pudo. Nadie se puede hacer una idea de lo que es ese viaje en tu propio coche despu s de pasar por este terror fico proceso. Recordemos que acaban de quitarle la vida a tu beb , el cual todav a est dentro de ti . Las experiencias en los centros concertados (El Bosque, Dator o Isadora) a los que fueron derivadas las mujeres var an. Varias de ellas destacan el trato excelente de los profesionales, pero todas coinciden en que las cl nicas no son el lugar adecuado para tratar este tipo de interrupciones. Lo reafirma Beatriz Llorente, m dico intensivista de profesi n, que tuvo que abortar el a o pasado a su hija por un pron stico incompatible con la vida. En mi opini n m dica como intensivista, no es una cl nica con medios para atender un parto de 28 semanas de gestaci n , afirma la mujer, que incide en que un proceso as deber a ser atendido en un hospital p blico con todas las medidas .

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