abc - 2 days ago

El Gobierno está perdiendo el control del descontento de los funcionarios, que se extiende como una mancha de aceite y amenaza con terminar en una huelga para finales de diciembre a la que está convocado todo el sector, tres millones y medio de trabajadores. Tras meses de protestas en la calle que no han servido para que el Ministerio de Función Pública se siente a negociar la esperada subida salarial, y mientras una inflación al alza esquilma cada vez más el poder adquisitivo de los empleados públicos, hoy la cólera del sector ha estallado en una protesta simultánea en todas las provincias, con epicentro en Madrid, frente a la sede del departamento que dirige Óscar López. «¡Basta ya! al ministro Óscar López: o se sienta a negociar o tendrá huelga general» ha sido el lema de una movilización convocada por los tres sindicatos mayoritarios en la Administración, CC.OO., UGT y CSIF, circunstancia que no es menor, sobre todo, por la presencia de los dos primeros. Si nada cambia, el presidente que hasta ahora ostenta el sorprendente récord de ser el único que no ha sufrido una huelga general a pesar de lidiar con una crisis económica, tendrá, no un parón general, pero sí algo que se le parecerá mucho. La reclamación principal es la subida salarial, pues en un año largo de protestas los empleados solo han conseguido la subida del 0,5% relativa a 2024, pero nada se sabe de la actualización para 2025. Desde que se firmó el último acuerdo salarial, en 2022, los funcionarios han perdido un 8,5% de poder adqui desde los recortes de 2010, más de un 20%. A esto se añade el problema de la temporalidad, que a falta de una oferta de empleo público ambiciosa, sigue en el 27%, lejos de ese 8% al que España se comprometió con Bruselas para finales de este año. Difícilmente nuestro país podrá cumplir ese compromiso, lo que lo aboca a nuevas pérdidas de fondos europeos, tras la congelación de 620 millones este verano. Con todo, 954.600 trabajadores públicos siguen con un contrato temporal y otros 19.000 son fijos-discontinuos. De hecho, y como ya explicó ABC, desde que Gobierna Sánchez la mitad del empleo público que ha creado nuestro país es temporal. La lista de reclamaciones sigue con el envejecimiento de las plantillas, la falta de personal o la saturación de algunos servicios. Es más, la nota conjunta que han publicado los sindicatos va mucho más allá de la cuestión salarial al denunciar un «deterioro de lo público» generalizado. «Lo vemos en la Sanidad, en la Educación, en los Servicios Sociales, en la Justicia y en resto de sectores estratégicos, así como en la gestión diaria de servicios públicos esenciales. Lo vemos en la indignación social ante los fallos sanitarios, el deterioro de las aulas, las catástrofes naturales, los incendios o las dificultades en el acceso a los trámites administrativos por poner solo algunos ejemplos», se lee en el comunicado. Se trata en fin, de cuestiones que afectan también a las CC.AA. -dado que las competencias están transferidas en muchos ámbitos-, aunque la pelota está en el tejado de Óscar López en lo que refiere a la cuestión salarial, acaso lo más urgente. «En vista del retraso y la desidia por parte del ministro Óscar López», dicen los sindicatos, continúan con el calendario de movilizaciones, «cuya intensificación en las próximas semanas y meses dependen de la voluntad y decisión del ministro de negociar».

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