eldiario - 1 days ago

La ley universitaria de Madrid otorga la potestad última de aprobar cada gasto, por encima de rectores y gerentes, a una Oficina Económica controlada por el Consejo Social, que a su vez depende del Ejecutivo re Marhuenda o Mayor Oreja son algunos de los elegidos por Ayuso para presidir estos entesLa Comunidad de Madrid quiere fijar por ley que no aportará más del 70% del presupuesto de las universidades Es un asalto a la universidad, a la autonom a que consagra la Constituci n y a varias leyes org nicas, aseguran fuentes jur dicas. El ltimo clavo en el ata d de la universidad p blica y de calidad, a aden. El Anteproyecto de Ley de ense anzas superiores, universidades y ciencia de la Comunidad de Madrid (Lesuc) introduce una figura de control de las cuentas de los campus p blicos que de facto sustituye al rector y al gerente como m ximos responsables econ micos de los centros, dejando las decisiones sobre el gasto en tres personas, dos de ellas nombradas por los Consejos Sociales de las universidades, cuyo presidente lo nombra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y una tercera que estar en minor a a quien elegir la universidad. El Ejecutivo que preside Isabel D az Ayuso se ha encargado en los dos ltimos a os de colonizar los consejos sociales de las universidades p blicas madrile as con personas (todos hombres) afines al PP (o excargos) y a las universidades privadas. Dicho de otra manera y aterrizado a un caso pr ctico: Francisco Marhuenda, que fue nombrado por Ayuso presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), exparlamentario del PP en Catalunya, exasesor de Mariano Rajoy, actual decano de la Facultad de Ciencias Jur dicas y Relaciones Institucionales de la universidad privada UNIE, del Grupo Planeta, y director de La Raz n, nombrar a dos personas que tendr n la capacidad de decidir si la UC3M puede contratar un profesor, abrir un laboratorio o instaurar un nuevo grado. Y su palabra pesar m s que la del rector de turno. Lo mismo pasar en las otras cinco universidades p blicas, cuyos presidentes de los consejos sociales son: en la Universidad de Alcal , Carlos Mayor Oreja, exmiembro de los gobiernos auton micos del PP, diputado auton mico popular durante ocho a os, socio fundador y expresidente del Consejo de Administraci n de la UNIR, una universidad privada a distancia, y actual director de la Fundaci n privada San Pablo-CEU; en la UAM Eduardo Sicilia Cavanillas, exconsejero de Ciencia, Universidades e Innovaci n de la Comunidad de Madrid con el PP; en la Complutense, Jes s Nu o de la Rosa, ex consejero delegado de El Corte Ingl s y consejero delegado de Air E en la Rey Juan Carlos, Clemente Gonz lez Soler, miembro de la junta directiva del Instituto de Empresa Familiar, vicepresidente de la Confederaci n de Empresarios Madrile os, miembro del Comit Ejecutivo y vocal de la junta directiva de la CEOE, expresidente del Comit Ejecutivo de IFEMA y fundador, propietario y presidente ejecutivo del Grupo Alib y de la Polit cnica de Madrid, Juan Pedro Moreno Jubr as, expresidente de Accenture en Espa a, Portugal e Israel y expresidente de la filial espa ola de la multinacional publicitaria WPP. En la Comunidad de Madrid hay 14 universidades que pertenecen a fondos de inversión, a particulares o a diferentes grupos, tanto religiosos como empresariales, que se verán beneficiados por la futura Lesuc Contando a Marhuenda, tres excargos del PP, dos de ellos actuales directivos de universidades privadas, competencia directa de las p blicas, y cuatro empresarios tendr n el poder sobre las cuentas de los centros p blicos en la regi n que m s favorece la implantaci n de centros privados. En la Comunidad de Madrid hay 14 universidades que pertenecen a fondos de inversi n (Alfonso X el Sabio, Europea de Madrid o Antonio de Nebrija), a particulares (UDIMA es de la familia De las Heras, la Internacional Villanueva de Miguel Tom s Arrufat o el Instituto Empresa de Diego del Alc zar Benjumea, la UJCJ a la familia Segovia) o a diferentes grupos (CEU-San Pablo a la Asociaci n Cat lica de Propagandistas, ICAI-ICADE a Jesuitas, ESIC a la Congregaci n Religiosa del Sagrado Coraz n de Jes s, UNIE a Planeta...). Adem s, el anteproyecto de la Lesuc pone a disposici n de las universidades privadas los medios de las p blicas, tanto materiales como humanos, al incluir un art culo por el que obligar a todos los centros a poner a disposici n, de manera rec proca, aulas, auditorios, laboratorios, polideportivos, pistas deportivas u otras instalaciones . Fuera de la teor a y de esa supuesta reciprocidad, la realidad es que las universidades privadas apenas tienen instalaciones para la investigaci n (lo caro), por lo que esta medida se materializar , advierten fuentes universitarias, en poner los equipamientos p blicos a disposici n de las universidades privadas. Despu s de haber conseguido echar abajo la sanidad p blica con los resultados vistos (lo ltimo, en Andaluc a), ahora se proponen echar abajo la universidad p blica , valora Javier A lvarez, catedr tico em rito en Derecho Penal en la UC3M. De momento, con el control econ mico y la participaci n en sus medios econ micos. Y ya falta poco para que un buen d a salga Ayuso anunciando un cheque universitario , augura, para que entre todos paguemos las matr culas en centros privados, como ya sucede en el Bachillerato. De Aznar a Ayuso Todo empieza con la consagraci n en la Lesuc de la colaboraci n p blico-privada , la misma f rmula que inaugur el expresidente Jos Mar a Aznar en 1997 y con la que se ha arrasado desde entonces con la Sanidad, sostiene A lvarez. A partir de ah , la Comunidad de Madrid dedica la su ley universitaria que pretende aprobar antes de que acabe el a o a asaltar la universidad para y de todos. El art culo 93 de la Lesuc establece la creaci n de una Oficina de Control Econ mico y Presupuestario Interno que tendr como funci n la supervisi n y control econ mico y presupuestario de car cter interno de la universidad, mediante el sistema de fiscalizaci n previa, de los gastos . En el apartado 2 del mismo art culo especifica el anteproyecto de ley que ser n objeto de control los actos de la universidad que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realizaci n de gastos, as como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversi n o aplicaci n en general de sus fondos (o sea, todos los gastos) y que, punto 3, la Oficina actuar con plena autonom a funcional respecto del rgano cuya gesti n sea objeto de control . Sin embargo, la LOSU, que es una ley org nica y, por tanto, est por encima de las auton micas en el escalaf n normativo, establece en su art culo 55.b que el gerente de cada universidad tiene entre sus funciones ejercer el control de la gesti n de los ingresos y gastos incluidos en el presupuesto de la Universidad . Lo mismo sucede con el rector, m xima autoridad en el campus y a quien los estatutos universitarios son todos similares en este apartado otorga la competencia de autorizar el gasto y ordenar los pagos de conformidad con los presupuestos de la Universidad . Esto es, el Madrid y con la ley de Ayuso el gerente y el rector pasan a ser subordinados de la Oficina de Control Econ mico que domina el presidente del Consejo Social, a quien ha nombrado Ayuso. Si el Gobierno nombra a los presidentes de los Consejos Sociales discrecionalmente y estos se reconvierten contra lo que dice la legislaci n vigente en rganos de administraci n y gesti n del presupuesto, eso supone que el gobierno nombra a quien manda econ micamente en la universidad , razona Jacobo Dopico, catedr tico de Derecho Penal de la UC3M. Un ataque a la Constituci n Por otra parte, la Constituci n establece en su art culo 27.10 que se reconoce la autonom a de las Universidades, en los t rminos que la ley establezca . Esta autonom a se ha desarrollado en diferentes normas, como la Ley Org nica del Sistema Universitario (LOSU) que a su vez permea hacia abajo en los estatutos de las universidades o incluso a trav s de sentencias del Tribunal Constitucional, que estableci por ejemplo en la 55/1989, de 23 de febrero, que no se puede rebasar o desconocer la autonom a universitaria introduciendo limitaciones o sometimientos que la conviertan en mera proclamaci n te rica . Y para algunos juristas esta autonom a tiene su m xima expresi n en la elaboraci n de los presupuestos universitarios, porque al ser autogestionado permite a los rectorados hacer frente a posibles injerencias del poder p blico. El razonamiento es simple, sostienen expertos en Derecho: si la mayor expresi n de la autonom a universitaria es su capacidad de controlar sus propias cuentas y esta competencia se le quita a los responsables universitarios para d rsela a elementos externos y en este momento afines al Gobierno , se ataca directamente la autonom a universitaria y por extensi n el art culo 27.10 de la Constituci n. Se est estableciendo un aut ntico control pol tico sobre la universidad, y por ello una violaci n de la autonom a universitaria , sostiene Dopico. Su colega A lvarez ampl a el foco de la cr tica: Se est jugando el porvenir no solo de la universidad p blica, sino de miles de madrile os que no pueden pagarse una universidad privada. Se rompe el ascensor social que ha representado la universidad para mucha gente, yo entre ellos. Se perder an miles de inteligencias . Recursos compartidos? El anteproyecto de Lesuc introduce otro elemento que preocupa en las universidades. Justo despu s de consagrar la colaboraci n p blico-privada , el art culo 6.1.e habla de elaboraci n y seguimiento de programas conjuntos para la mejora de las infraestructuras de el perfeccionamiento de las estructuras docentes, investigadoras y administrativas de las ense anzas supe la racionalizaci n y optimizaci n de los re y las pol ticas efectivas de servicios y equipamientos de uso compartido . El 6.1.f a ade el fomento de las actividades conjuntas en los mbitos de la docencia, la investigaci n y la administraci n, as como la extensi n cu el est mulo a la formaci n de equipos con y la promoci n de intercambios entre las diferentes instituciones y, finalmente, el 8 refiere que se establecer (...) la puesta a disposici n, de manera rec proca, de aulas, auditorios, laboratorios, polideportivos, pistas deportivas u otras instalaciones, previa justificaci n de las necesidades docentes o de otras actividades que as lo requiriesen . Todas estas disposiciones y alusiones a la colaboraci n entre centros p blicos y privada levanta interrogantes entre los expertos: Programas conjuntos, entre qui nes? La alusi n a la racionalizaci n y optimizaci n de recursos , a qu recursos se refiere? Qu quiere decir equipamientos de uso compartido o actividades conjuntas en los mbitos de docencia, la investigaci n y la administraci n , sobre todo cuando se une a que las universidades deber n poner a disposici n, de manera rec proca, aulas, auditorios, laboratorios, polideportivos, pistas deportivas y otras instalaciones ? Las universidades p blicas son las que tienen todos esos medios , responde A lvarez. Especialmente las instalaciones para investigar, que normalmente son deficitarias en t rminos estrictamente econ micos, o bibliotecas que llevamos siglos armando. No es intercambio , sostiene el catedr tico, es poner a disposici n de las universidades privadas los medios materiales de las universidades p blicas. Es traspasar medios y personal , cierra. Unas disposiciones similares sobre recursos compartidos y con las mismas consecuencias se establecen para las Escuelas de Negocios todas privadas y para los Centros Superiores de Ense anzas Art sticas hay p blicos y privados . A lvarez piensa en toda la ley cuando concluye que esto no tiene nada que ver con el dibujo de la educaci n que se hace en la Constituci n .

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