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Las vicepresidentas Natàlia Enguix y Reme Mazzolari han expuesto en Bruselas la gestión de la Diputación de Valencia tras la dana , en el marco de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades 2025. Enguix y Mazzolari han insistido en la propuesta de que las diputaciones provinciales, como gobiernos intermedios, sean «receptoras directas de los Fondos de Cohesión de la UE y puedan gestionarlos sin necesidad de la intermediación del Gobierno estatal». La reivindicación ya fue expuesta por las responsables provinciales ante la presidenta del Comité de las Regiones, Kata Tutto. La Diputación ha acompañado en todo momento a los municipios afectados por la dana, participando activamente tanto en la respuesta inmediata ante la emergencia como en la fase más larga y compleja, que es la reconstrucción. En esta línea de acompañamiento, la institución estuvo presente en el Parlamento Europeo, junto a las víctimas de la dana, para exponer la delicada situación ante la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen. También allí se puso de manifiesto «la necesidad de agilizar la tramitación de las ayudas para ser más eficaces a la hora de invertir los recursos europeos donde más falta hacen, a través de la Diputación y los ayuntamientos», ha recordado Enguix. Natàlia Enguix y Reme Mazzolari han estado acompañadas en Bruselas por el diputado de Fondos Europeos y alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, y el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodrígue z, que han participado junto a las vicepresidentas en la ponencia Resiliencia local y gobiernos intermedios frente a las catástrofes , en la que han expuesto el caso de Alfafar como ejemplo de reacción ante una tragedia sin precedentes, y el de Ontinyent al convertir el barrio de la Canterería en un parque inundable que disfrutan las vecinas y vecinos del municipio, eliminando el riesgo para las personas. «Las desgracias pueden suceder, pero la clave está en convertir las crisis en oportunidades», ha apuntado Rodríguez. La vicepresidenta segunda de la Diputación y responsable de Infraestructuras, Reme Mazzolari, ha dejado claro que las danas «ya no son fenómenos excepcionales, sino una muestra evidente de que el cambio climático es un desafío serio y real que forma parte de nuestras vidas». La vicepresidenta, que ha destacado la importancia de la colaboración público-privada para hacer frente a las catástrofes , ha puntualizado que la resiliencia «no es un concepto abstracto, sino una práctica muy necesaria que combina la cooperación y la inversión pública». Por su parte, Natàlia Enguix ha instado a tomar «decisiones valientes frente al cambio climático, como hicimos en Ontinyent reubicando a 45 familias para evitar que estuvieran en riesgo, ganando una zona de recreo y un nuevo colector en condiciones». Respecto a la dana de 2024, «lo más importante en estos momentos es que las administraciones no se olviden de los afectados y que haya justicia para las víctimas , respuestas para los familiares y recursos para todas y todos los que todavía sufren las terribles consecuencias de la riada«. En ese contexto, «instituciones como la Diputación y los ayuntamientos son fundamentales por su proximidad con las personas y la capacidad de gestión que hemos demostrado frente a desastres, como la dana de Ontinyent en 2019 o la del pasado año que afectó a más de un centenar de municipios valencianos», ha señalado Enguix, quien ha insistido en ofrecer la Diputación como ente canalizador de los fondos europeos. Reme Mazzolari ha repasado las dramáticas cifras de una dana que afectó a más de 306.000 personas, muchas de ellas pertenecientes a colectivos vulnerables. «Lamentablemente, 229 personas perdieron la vida, y tres siguen desaparecidas, con unos daños materiales que alcanzaron a más de 1.500 quilómetros de carreteras, 138.000 vehículos, 11.242 viviendas y 10.000 ascensores». En global, Mazzolari ha cifrado los daños «entre 17.800 y 18.000 millones de euros, afectando gravemente al tejido empresarial y agrícola». Mazzolari ha señalado que el impacto de la dana «ha sido transversal, desde infraestructuras hasta viv desde el sector agrícola hasta el empleo, con más de 275.000 trabajadores afectados y 64.000 empresas que sufrieron daños directos». Esta situación «exige una respuesta institucional coordinada, rápida y eficaz», considera la titular provincial de Carreteras. La responsable provincial ha puesto en valor «la inmediatez con la que actuó la Diputación ante la emergencia, movilizando 200 millones de euros para destinarlos a la limpieza de garajes y sótanos, asistencia técnica, la restitución de puentes, carreteras y comunicaciones dañadas por la riada, y un fondo de contingencia para ayuntamientos afectados». «La ayuda que prestamos a los municipios también ha servido para restablecer el servicio de agua potable, arreglar depuradoras y reponer material informático, entre otras actuaciones«, ha añadido. La corporación provincial también ha ejercido de intermediaria con administraciones superiores para coordinar la respuesta a los municipios afectados, lo que ha permitido «la rehabilitación de más de 1.500 quilómetros de carreteras, la puesta en marcha de un plan de reconstrucción de viviendas, y una aportación de 1.000 millones de euros en ayudas al sector agrícola y empresarial». Esta respuesta «ha sido posible gracias a la proximidad territorial de las diputaciones, que nos permite conocer de primera mano las necesidades de los municipios». En el proceso de reconstrucción que sigue en marcha, Reme Mazzolari no se olvida del apoyo de Europa. «Los fondos europeos han sido claves para iniciar la reconstrucción. Por ello, pedimos que se reconozca el papel de los gobiernos intermedios en la gestión de estos fondos, porque necesitamos una Europa que mire al territorio, que confíe en las administraciones locales y provinciales y que nos dote de herramientas para construir resiliencia frente a futuras crisis climáticas». Para Mazzolari, «esta dramática experiencia también nos ha dejado un aprendizaje, que forma parte del concepto de resiliencia que abordamos en esta ponencia, con ejemplos muy claros como los de Alfafar y Ontinyent». El diputado de Innovación y Fondos Europeos, Juan Ramón Adsuara, ha relatado el caso de Alfafar, municipio del que es alcalde y que se encuentra situado en la zona cero de la dana. Adsuara ha resaltado la rápida reacción del ayuntamiento desde el día siguiente de la tragedia, «habilitando puntos municipales para la entrega urgente de suministros básicos, reforzando la atención domiciliaria para localizar a personas dependientes atrapadas en sus casas, y llevando a cabo las primeras tareas de limpieza y retirada de vehículos». La situación tras la dana «fue un símil de lo que podría suceder en cualquier lugar de Europa ante una guerra«, ha señalado Adsuara, que tras repasar los daños sufridos por su municipio y las millonarias inversiones que se están acometiendo para recuperar una «cierta normalidad», ha puesto el foco en «el problema de la salud mental de las personas y la gran relevancia que tiene no olvidarnos de ella en momentos críticos, incidiendo en futuros programas de preparación de la población ante catástrofes». Adsuara ha puesto el acento en dos cuestiones que exigen una respuesta institucional a la altura por parte del Estado. En primer lugar, «tenemos 36 millones de euros de ayuda bloqueados por culpa de la burocracia», lamenta el alcalde de Alfafar, quien insta a las instituciones a «tener en cuenta la brecha digital a la hora de tramitar las ayudas, porque recibir o no el dinero no puede depender de si perteneces a una u otra generación o del estado de ánimo de cada persona, en este caso personas que han perdido a seres queridos y que están sufriendo mucho». El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha sido el encargado de explicar en Bruselas la regeneración del barrio de La Cantereria de Ontinyent, convertido hoy en el parque inundable de Les Mamàs Belgues, «una intervención medioambiental y urbanística pionera para proteger la ciudad frente al cambio climático y las crecidas del río Clariano». «La clave es aprender de situaciones que nos muestran el peligro para evitarlo en un futuro», concluye Rodríguez. «Las obras son importantes, pero lo son todavía más las decisiones políticas», añade Natàlia Enguix, primera teniente de alcalde en Ontinyent. En septiembre de 2019, una dana obligó a desalojar el barrio, que por suerte no registró víctimas mortales, pero sí fuertes pérdidas materiales. Cuatro meses después, la borrasca Gloria agravó la vulnerabilidad de la zona, que se volvió a evacuar por precaución. Ante el riesgo para las personas, el ayuntamiento decidió comprar las viviendas y demoler las situadas en áreas de alto riesgo para crear un parque inundable. En palabras de Jorge Rodríguez, «fue un proyecto reconocido por todas las administraciones, que han acabado participando de una inversión global cercana a los cinco millones de euros, de una inversión que puede salvar vidas«.

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