abc - 2 days ago

La Policía Nacional en Huelva ha detenido a dos personas , una de ellas un empresario onubense del sector agrícola, por presuntos delitos de estafa, coacciones, fraude a la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores por vender contratos para que ciudadanos extranjeros puedan regularizar su situación administrativa en España. Según ha indicado la Policía en una nota de prensa, la investigación se inició por la denuncia de un particular que, de forma desinteresada, presentó documentación precisa de las propias víctimas, quienes por miedo a las coacciones y amenazas de los detenidos, así como por el estado irregular de sus situaciones administrativas, «no tenían el valor suficientes para denunciar los hechos». Así, una vez analizada la información aportada y tomada la denuncia inicial, había más que indicios suficientes de que se estaban cometiendo los referidos delitos, por lo que se llevaron a cabo las diligencias oportunas. Fruto de las actuaciones policiales, se localizaron a varias víctimas que mostraron interés en colaborar con la investigación, algunas de los cuales declararon incluso haber pagado hasta 6.000 euros al empresario para que les facilitara un contrato de trabajo. Reseñar que además de los pagos por las contrataciones, el empresario les descontaba de sus nóminas los abonos correspondientes por sus seguros sociales. Las víctimas aportaron vídeos de encuentros con el empresario, donde abiertamente exigía cantidades de dinero, así como discusiones del propietario de la mercantil con algunos de sus empleados por desacuerdos ante estas retribuciones. Grabaciones que las propias víctimas aportan con la intención de demostrar «las pésimas condiciones laborales en las que se encontraban», así como prueba habida, debido a las amenazas y coacciones del empresario ya que sus regularizaciones quedan sustentas a que este les mantenga o no empleado al menos a lo largo de un año de forma continuada. La Policía ha destacado la «complejidad» de la investigación policial, puesto que las víctimas son nacionales de terceros países y tenían el temor de que se vieran paralizados sus expedientes de regularización y se les incoaran otros de propuesta de sanción o expulsión por su situación administrativa irregular.

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