eldiario - 5 month ago

La investigación del Ministerio que dirige Pablo Bustinduy señala a una segunda agencia que opera en todo el territorio nacional y que se enfrenta a una sanción de hasta un millón de euros1.200 euros por asesorar en el cambio de suministros o gestionar unas humedades: la letra pequeña del contrato que Alquiler Seguro pide a sus inquilinos El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una inmobiliaria por el supuesto cobro de comisiones ilegales a los inquilinos o por obligarles a contratar servicios no solicitados. Esta acci n se enmarca en la investigaci n que el departamento que dirige Pablo Bustinduy inici en octubre y que ha puesto bajo la lupa otras agencias. De hecho, Consumo inco en marzo un primer expediente por el mismo motivo a Alquiler Seguro. La agencia a la que Consumo abre expediente ahora opera en todo el territorio nacional y podr presentar alegaciones ante las pruebas recabadas en el transcurso de la investigaci n, que se alan posibles pr cticas abusivas contra inquilinos e inquilinas en la gesti n del alquiler, como el cobro de comisiones ilegales y obligar a contratar servicios no solicitados . En concreto, seg n las denuncias ante la Direcci n General de Consumo del Sindicato de Inquilinas, Facua y OC y que afectar an a m s empresas, estas pr cticas pasar an por la imposici n de una comisi n por la gesti n del arrendamiento, la contrataci n de un seguro de impago, que beneficia al propietario, o de servicios no solicitados. La Ley Estatal de Vivienda, aprobada en 2023, proh be expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gesti n inmobiliaria y de formalizaci n del contrato , recuerdan desde el Ministerio. En este pa s se va a cumplir la ley , ha insistido este martes Bustinduy. El ministro ha enviado un mensaje a las empresas que est n incurriendo en este tipo de pr cticas, especialmente en materia de vivienda, a los fondos de inversi n, que se est n lucrando a costa de cercenar el derecho a la vivienda de los espa oles y las espa olas, a las inmobiliarias que est n incumpliendo sus obligaciones legales, intentando exprimir a las personas que est n buscando una casa donde vivir, pero tambi n, porque est de actualidad estos d as, a las que consideran que pueden anteponer su modelo de negocio a la democracia espa ola: quien no respete la ley, va a pagar por ello . Las pr cticas que investiga Consumo podr an acarrear a esta agencia inmobiliaria, de quien la normativa impide hacer p blico el nombre hasta el final del procedimiento, siempre que se confirme la sanci n, multas de hasta 100.000 euros en caso de considerarse infracciones graves de la Ley de Defensa de los Consumidores y de hasta un mill n de euros, en el caso de ser muy graves. En ambos casos, la cuant a podr a multiplicarse hasta alcanzar entre cuatro y seis veces y seis y ocho, respectivamente, el beneficio il cito obtenido. Consumo inici en octubre una investigaci n con la que quiere poner la protecci n del derecho de acceso a la vivienda como una acci n prioritaria del Ministerio de proteger los derechos de las personas consumidoras , se alan desde este departamento en un comunicado. Por el momento, en ese marco, el equipo de Bustinduy ha abierto un expediente sancionador a Airbnb por negarse a eliminar de la plataforma miles de pisos tur sticos sin licencia, ha ordenado la retirada de 65.000 anuncios y ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Madrid un listado de 15.000 inmuebles vacacionales ilegales para su clausura y sanci n. Adem s, la Direcci n General de Consumo investiga a los grandes gestores de pisos tur sticos por posibles pr cticas fraudulentas, tras detectar indicios de que ofrecen informaci n falta o informaci n que, aun siendo veraz, pueda inducir a error a los destinatarios, por su contenido o presentaci n , como hacer ver que el propietario es un particular en lugar de una empresa o un gestor.

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