abc - 3 days ago

La Xunta mueve ficha después de que este miércoles se hiciese efectiva la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central contra varios apartados de la conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos gallegos que afecta al plan de choque puesto en marcha por la Xunta en materia de dependencia para agilizar la homologación automática de la discapacidad. La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha enviado una carta al ministro del ramo, Pablo Bustinduy, en la que le solicita una reunión y le pide que medie ante Sánchez para que valore la posibilidad de retirar el recurso. En la misiva, la responsable de dependencia del Gobierno de Alfonso Rueda traslada al titular estatal de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 su «profunda preocupación por las catastróficas consecuencias que acarreará esta decisión». Frente a ello, García le reclama a Bustinduy que «intervenga en el Consejo de Ministros para que el presidente reconsidere la retirada de dicho recurso que tanto perjuicio está ocasionando y ocasionará a los gallegos y gallegas» y le solicita «formalmente una reunión a la mayor brevedad posible para debatir sobre este asunto». La conselleira arranca su escrito repasando el contexto de la situación. Explica que en enero de 2025 la Xunta puso en marcha un «ambicioso plan de choque con el objetivo de aligerar al máximo la atención a la dependencia y la discapacidad» y celebra que «en su primer año de aplicación, los resultados obtenidos han sido, como sabe, especialmente esperanzadores». Fuentes de Política Social calculan que, a cierre de 2025, la Administración autonómica reconoció de manera automática la discapacidad de 12.600 personas dependientes. «Este plan nació para atender a una justa demanda social y con una única misión: reducir la espera de los gallegos y gallegas a la hora de someterse a los procesos de valoración de la dependencia y la discapacidad», continúa la carta en la que García defiende que «no es una improvisación, sino una solución eficaz ante el problema de los innecesarios y redundantes trámites». «Dentro de este plan se contempla la homologación automática de la discapacidad a las personas dependientes», concreta la conselleira. Es decir, el reconocimiento de oficio del 100% de discapacidad a las personas con el grado III de dependencia, del 65% a las de grado II, y del 33% a las de grado I. Dadas las ventajas fiscales que se aplican a estos contribuyentes, las mismas fuentes calculan que el Estado podría dejar de recaudar unos 114 millones de euros en impuestos, lo que podría estar detrás de la oposición del Gobierno central a la medida. Un mecanismo, expresa García, que «impulsamos tras constatar su evidente y directa correlación, una evidencia de la que, me consta, también es conocedor y proyecta trasladar a la normativa estatal en un futuro, cuestión que celebro». La conselleira se refiere así al anteproyecto de ley enviado por Moncloa al Congreso el pasado verano que, de forma similar a lo que se venía aplicando en Galicia, prevé una «pasarela» para que a las personas con un grado II o III de dependencia se les reconozca un 65% de discapacidad. La consellería ha dejado de emplear el mecanismo para agilizar la dependencia este miércoles, cuando el BOE y el DOG han publicado la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso del Gobierno central contra varios apartados de dos artículos de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañó a los presupuestos de la Xunta de 2025 y que incluyen la homologación automática de la discapacidad y la repotenciación eólica. Para recurrir la medida puesta en marcha por Política Social, el Ejecutivo denunció «la invasión de las competencias estatales en materia de regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales». En concreto, el Gobierno entiende que la Xunta pretende «entrar a regular con una perspectiva simplificadora» el régimen económico de la discapacidad y la dependencia, «correspondiendo al Estado la competencia normativa sobre el régimen económico» de ambas. Sobre la repotenciación eólica, el Gobierno ve «incompatibilidad» entre la regulación gallega y la estatal porque, entre otros argumentos, «obliga a sustituir un número determinado de generadores eólicos por otros de mayor potencia y menor número» y «se está haciendo referencia no necesariamente a un incremento en la potencia instalada en los parques eólicos existentes, sino a la sustitución de aerogeneradores autorizados para su reducción y disminución, con la consecuente modificación de los términos de la autorización otorgada y la inversión realizada con base en la normativa aplicable». También considera el Ejecutivo que se contraviene la legislación estatal al disponerse que «la repotenciación no podrá dar lugar al incremento de la potencia autorizada y al limitar el inicio de las obras, impidiendo que se produzca antes de dieciocho meses». Y cree, además, que la Xunta se excede al establecer la aplicación directa de una Directiva europea que elimina la evaluación de impacto ambiental en determinados supuestos.

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