Andalucía promoverá ante la Fiscalía la calificación de atentado a las agresiones e intimidaciones graves contra los profesores

La protección, el apoyo y el reconocimiento de los maestros y profesores andaluces es el objetivo de un nuevo decreto aprobado por la Junta en el Consejo de Gobierno, y que desarrolla la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado. El nuevo marco normativo nace con el reto de reforzar la consideración y el respeto debidos al personal docente de centros no universitarios en el ejercicio de sus funciones, buscando un clima de convivencia y respeto en toda la comunidad educativa . También, garantizar la protección y que puedan ejercer su labor con dignidad y seguridad dado que el profesorado reconocido y respaldado es clave para fortalecer el prestigio de la educación y fomentar valores como el mérito, el esfuerzo y la responsabilidad en el alumnado. El Decreto dispone medidas concretas para garantizar la protección, el apoyo y el reconocimiento del profesorado. Así, establece la condición de autoridad pública para los docentes , lo que implica que su testimonio tendrá presunción de veracidad y contará con el respaldo legal necesario en el ejercicio de sus funciones. «Cuando u profesor dice que un alumno no se está portando bien, no se lo está inventado, que a veces se le cuestiona», aclara la consejera de Educación, María del Carmen Castillo. Además, el alumnado y sus representantes legales tienen el deber de respetar su autoridad, las orientaciones del profesorado y colaborar en el cumplimiento de las normas de convivencia. El decreto, también regula los procedimientos para solicitar protección jurídica y apoyo psicológico gratuitos en aquellos casos en los que sean necesario. En concreto, la asistencia jurídica cubre la representación y defensa en juicio , tanto en procedimientos incoados contra el docente como en aquellos promovidos por él en defensa de sus derechos ante amenazas, coacciones o agresiones. Además, la Consejería promoverá ante la Fiscalía la calificación como atentado de las agresiones e intimidaciones graves contra el profesorado. Para proporcionar apoyo especializado, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional establece la creación de la Unidad de Apoyo al Profesorado en cada provincia dotada con perfiles profesionales especializados. Se trata de una herramienta fundamental para garantizar que los colegios e institutos sean entornos de enseñanza seguros y respetuosos. Realizará funciones de protección, asesoramiento y atención al profesorado. Esta Unidad se encargará de atender e informar al personal docente afectado por situaciones confli tramitar las solicitudes de asistencia jurídica y psicológica y evaluar el grado de conflictividad para prevenir futuros problemas, entre otras. Atenderá cada caso de forma individual en función de la problemática que se plantee, poniendo en conocimiento del docente afectado las acciones concretas que pudieran emprender. La asistencia psicológica se proporciona para ayudar a superar la repercusión de agresiones o situaciones de conflicto en su salud y rendimiento laboral. El desarrollo normativo también incluye medidas para impulsar la valoración social de la función docente . De este modo, se realizarán campañas informativas y divulgativas para aumentar la consideración, respeto y prestigio del profesorado, visibilizando la importancia social de su tarea. Se establecerán las bases reguladoras de premios y distinciones educativas para reconocer al profesorado que destaque por su labor innovadora, su dedicación o por la mejora de la convivencia en los centros educativos y en los planes de formación del profesorado contemplarán la mejora de la inteligencia y competencias emocionales para reforzar la autoestima y su autoridad pública. El Decreto tiene un ámbito de aplicación que además de abarcar a los centros educativos, se aplicará también a las actividades complementarias y extraescolares, así como cualquier situación en la que un docente pueda ser vulnerado en el ejercicio de su profesión, incluyendo el ciberacoso y cualquier acto que atente contra su integridad física o moral . «En Andalucía, la educación está en muy buenas manos», terminaba la consejera. Por lo que hay que reforzar su posición.

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