abc - 14 days ago

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este martes, con los votos del PP-A y Vox , tomar en consideración la proposición de Ley relativa a modificación de la Ley 17/2007 , de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, presentada por el Grupo Socialista, que ha recibido los apoyos de Por Andalucía y Adelante Andalucía, que perseguía entre sus objetivos la reducción de la ratio de alumnos por aula, y que contaba con el posicionamiento contrario del Consejo de Gobierno para su tramitación. La diputada Susana Rivas se ha encargado de defender en el Pleno en nombre del Grupo Socialista esta proposición de ley compuesta de un artículo único para la modificación de la Ley andaluza de Educación , de forma que en ella se especificara que «la prestación del servicio público de la educación se realizará prioritariamente a través de los centros de titularidad pública integrados en el sistema educativo público de Andalucía, garantizando en los centros docentes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía las ratios máximas de alumnado por grupo establecidas» en la nueva ley. Así, la iniciativa socialista definía una serie de «ratios máximas de alumnado por grupo», de 18 por aula en Educación Infantil y Primaria ; de 23 en Educación Secundaria Obligatoria (ESO); de 27 en Bachillerato, y de 15 en las aulas con alumnado con necesidades educativas especiales. Además, la proposición socialista proponía que la Ley andaluza de Educación incluyera un nuevo artículo que fijara que la Consejería competente en materia de educación garantizaría «la dotación suficiente y estable de profesionales especializados en los centros docentes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía, incluidas la Formación Profesional y las enseñanzas posobligatorias, con el fin de asegurar la atención personalizada e inclusiva del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo«. Otras propuestas de la iniciativa socialista pasaban por que la consejería competente en materia de educación garantizara «en los centros docentes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía la existencia de los recursos complementarios necesarios para atender las necesidades educativas, sociales y de salud del alumnado», así como por fijar, en los ciclos formativos de Formación Profesional (FP) impartidos en centros docentes públicos de titularidad de la Junta una «ratio máxima será de 20 alumnos por grupo». Además, la ley del PSOE-A proponía que la Junta aprobara «un plan plurianual de incremento de plantillas docentes en la red pública», que debería «alcanzar un mínimo de 13.000 nuevas plazas hasta el curso 2029-2030 «, así como, »en el plazo máximo de seis meses, un Plan Andaluz de Simplificación Administrativa en Educación, con el objetivo de reducir la carga burocrática del profesorado y liberar tiempo para la preparación de clases, tutoría, coordinación e innovación pedagógica«. Asimismo, la proposición de ley incluía una disposición adicional para procurar que, «en el ámbito rural», la Junta garantizara «la continuidad de las unidades en los centros docentes públicos de titularidad de la comunidad autónoma» , así como, «a partir del curso 2026-2027, la aplicación de medidas específicas de conciliación y salud laboral para el profesorado de los centros docentes públicos». En nombre del Grupo Socialista, Susana Rivas ha defendido que el PSOE-A había planteado esta proposición de ley porque concibe la educación pública en Andalucía como «un compromiso real, y la manera más urgente de preservar ese compromiso es bajar la ratio, reforzar las plantillas de docentes y garantizar los recursos y la atención adecuada especialmente para el alumnado que más lo necesita«, ha añadido. Se trata de que «cada estudiante tenga la atención y la calidad educativa que merece», según ha abundado la representante del PSOE-A, que ha acusado al Gobierno del PP-A de aplicar un modelo basado «en una estrategia consciente de debilitamiento de lo público y privatización encubierta» que ha generado «precariedad» con «consecuencias demoledoras». En el turno de posicionamiento de los demás grupos parlamentarios, el diputado del PP-A Miguel Ángel Ruiz ha replicado al PSOE-A que el Gobierno andaluz firmó el pasado mes de julio «una serie de acuerdos con los sindicatos y con la mesa de la concertada» que contemplan «reducir las ratios, mejorar la atención a la diversidad y avanzar en la simplificación administrativa», que es «exactamente lo mismo que vienen pidiendo» en su proposición de ley registrada «dos meses después de que se firmaran esos acuerdos», según ha remarcado. En esa línea, el representante popular ha acusado a los socialistas de llegar «tarde» con esta iniciativa y «con las cuentas mal hechas» en la memoria económica que la acompaña, que «adolece de una falta de rigor técnico enorme», según ha afeado a los socialistas antes de reprocharles que su proposición de ley «no se sostiene». Por su parte, el diputado de Vox Antonio Sevilla ha sostenido que, con esta proposición de ley, el PSOE-A quiere «imponer la hoz y el martillo en la educación andaluza», ya que «lo que plantean es acabar con la libertad educativa de miles de familias, eliminar la pluralidad y preparar el terreno para un monopolio obligatorio, donde sólo exista el sistema» que ellos «quieren», según ha criticado. La portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Alejandra Durán , en cambio, ha defendido que la modificación legislativa que plantea la proposición de ley del PSOE-A es «totalmente necesaria y urgente», y ha emplazado al PP-A a comprometerse con «algo tan importante como es la bajada de ratio en los centros educativos», para lo que ha reclamado además un «compromiso presupuestario» para aumentar la plantilla de docentes. Finalmente, la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha señalado que su formación no podía «estar más de acuerdo» con esta proposición de ley socialista, y ha sentenciado que «la saturación en las aulas es una realidad» en los colegios andaluces.

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