abc - 14 days ago

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba acoge este miércoles el juicio a dos agentes de la Policía Local de la capital, que se enfrentan a penas de prisión por delitos de detención ilegal, contra la integridad moral, falsedad, denuncia falsa y lesiones, tras supuestamente herir uno de ellos a un vecino después de quejarse por una grabación con móvil de uno de los agentes sobre el conductor de un coche de caballos. Según ha detallado la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) en una nota, que ha acompañado en todo el proceso al vecino, los hechos en cuestión sucedieron el 30 de marzo de 2023, cuando los dos agentes contra los que se ha abierto juicio oral se trasladaron hasta la calle Periodista Eduardo Varo , ubicada en Córdoba. Allí demandaron al conductor de un coche de caballos que recogiera los excrementos que habían dejado sus animales, momento en que «fue grabado por uno de los agentes y motivó la queja de un vecino de la zona, quien consideraba que la grabación realizada por el policía local no tenía ningún sentido». Ante ello, han detallado que «el agente, visiblemente nervioso, reclamó a este ciudadano su documentación«. «Esta persona, asustada y ante la posibilidad de que pudiera ser multado, salió corriendo del lugar», han precisado, para destacar que «no obstante, este vecino de Córdoba recapacitó rápidamente y no sólo detuvo su marcha , sino que desandó el trayecto realizado para entregarse, de manera siempre pacífica, a los agentes de la autoridad». Sin embargo, han agregado, «uno de los agentes que ahora son juzgados le realizó una llave, lo cogió por la espalda y lo estampó contra la persiana de la puerta de una farmacia , restregándole la cara en la misma, para inmediatamente después, colocarle los grilletes». «A pesar de que el vecino ya engrilletado mantenía una actitud pacífica, el mismo agente volvió a practicarle una llave, lo derribó y estampó su cara contra el suelo para, a continuación, inmovilizarlo durante varios minutos mientras colocó su rodilla contra la zona lumbar de esta persona», según han relatado desde la asociación. Las imágenes grabadas por la cámara existente en la farmacia junto a la que se produjo esta actuación policial permitieron «no sólo desmontar las falsas acusaciones que se realizaron contra la persona detenida, sino que fueron la base para la resolución del Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba, que archivó la causa seguida contra el vecino, al mismo tiempo que acordaba abrir diligencias contra los dos policías locales implicados en los hechos por un posible delito de detención ilegal y p or faltar a la verdad en su denuncia », han apuntado desde APDH-A. En este sentido, han subrayado que «de no existir estas imágenes, la víctima habría sido probablemente condenada a una pena de prisión de hasta cuatro años». El informe pericial presentado por la acusación particular ante el Juzgado, y que ha sido elaborado por la Red de apoyo terapéutico, jurídico y psicosocial del Grupo de Acción Comunitaria (SIRA), señala que «la persona agredida por el agente de la Policía Local ha sufrido, además de secuelas físicas, una Reacción de Estrés Agudo que en la actualidad ha derivado en un Trastorno Adaptativo Mixto con predominio de síntomas ansiosos». El propio agredido relata que se sintió « como un animal , como si no fuera una persona, por los golpes y por estar tirado en el suelo, como si hubiera hecho lo peor del mundo, con la gente pasando y mirando». Dos años y medio después de aquellos hechos comenzará el juicio oral contra los dos agentes de la Policía Local de Córdoba que protagonizaron aquella actuación judicial. Al respecto, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía aprecia la comisión de hasta cinco delitos por parte del agente que practicó la detención y de otros dos delitos - falsedad documental y denuncia falsa - cometidos presuntamente por el otro policía presente en el momento de los hechos. APDH-A solicita en su escrito de acusación penas de prisión e inhabilitación especial para ambos acusados, mientras que la Fiscalía solicita pena de prisión de tres años y seis mese s por un delito de falsedad y de un año por delito contra la integridad moral, para uno de los acusados, aunque exime de responsabilidad al otro agente. Mientras, la asociación ha lamentado que «durante todo este tiempo la Administración responsable, en este caso el Ayuntamiento, no ha suspendido de empleo y sueldo a los agentes implicados, que han continuado patrullando la ciudad como si no hubiera sucedido nada», y ha explicado que «este tipo de actuaciones policiales, totalmente arbitrarias y desmedidas, son mucho más comunes de lo que creemos, aunque no siempre es posible contar con imágenes y grabaciones que permitan desmontar la versión policial».

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