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Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han llamando a llenar las calles en Castilla-La Mancha este jueves, 30 de octubre, en defensa de las condiciones laborales de los empleados públicos ante el «desprecio» que sufren por parte del Gobierno central. En la región esta situación afecta a más de 130.000 trabajadores. Así lo han trasladado este martes en rueda de prensa la coordinadora del Área Pública CCOO en Castilla-La Mancha, Carmen J la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Carmen C y la secretaria general de Acción Sindical CSIF, Marisa García. Las movilizaciones están convocadas a las 12.00 horas en las cinco capitales de provincia a las puertas de las subdelegaciones del Gobierno de cada una de ellas. Así, los sindicatos no descartan que el calendario de protesta llegue a una huelga el próximo mes de diciembre. «Instamos a los empleados públicos, a todos los trabajadores, a la ciudadanía, porque lo que está en juego es la calidad del servicio público que se presta. Es necesario defender el Estado del Bienestar», han comentado desde las formaciones sindicales. Reprochan al Ministerio de Administraciones Públicas «un importante deterioro de los servicios públicos» por la «falta de personal y el envejecimiento de las plantillas», así como la desmotivación que sufre por sus condiciones laborales, todo ello generado por la falta de negociación por parte del Gobierno central. Hasta este mes de octubre se contabilizan 86,8 millones de euros que el Estado debe a los empleados públicos de Castilla-La Mancha «por falta de un acuerdo salarial para 2025». En el ámbito de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la Administración General, «se han perdido cerca de 3.000 puestos de trabajo de funcionarios y de laborales de la Administración autonómica desde el año 2012». En comparación con los empleados públicos que dependen solo de la Junta de Comunidades, los sindicatos expresan que los que pertenecen a la Administración central tiene unas condiciones «mucho peores». Tal y como ha expresado la representante de CCOO, el Ministerio debería haber abordado la negociación en 2025 de la subida salarial de los empleados públicos del conjunto del país, lo que repercute en cascada a las comunidades autónomas y administraciones locales. Tomando como ejemplo el sector privado, en el que se fijan subidas desde el 3,5 por ciento hasta el 4% desde el año 2026 al 2028, Juste reclama que a los empleados y empleadas públicas se les suba como mínimo en esos porcentajes, ya que acumulan «una importante pérdida del poder adquisitivo desde hace ya más de 20 años». De los 130.000 empleados públicos que dependen del Estado en Castilla-La Mancha, en la Administración General del Estado hay más de 6. en justicia, unos 1.800, más de 90.000 en el sector autonómico y más de 31.000 en la administración local, ha enumerado Juste. En 2022, el Ministerio de Administraciones Públicas llegó a un acuerdo con los sindicatos que aún está «sin cumplir», que engloba la creación del Grupo B, que es la actualización de los cuerpos y escalas en las administraciones públicas, y otros aspectos como la jubilación parcial del personal funcionario o incluso la carrera profesional, tal y como ha explicado la dirigente de CCOO. De su lado, Carmen Campoy ha reclamado que el Gobierno central convoque fecha para las mesas de negociación para abordar esta subida salarial, al tiempo que ha apelado a la necesidad de tener «empleo público suficiente», eliminando la tasa de reposición, lo que «mantiene una situación de temporalidad que no se puede permitir». Respecto al acceso al empleo público, lo ha tildado de «anacrónico» y de «lastre». «Pedimos procesos ágiles, acorde al tiempo en que vivimos. Entrar hoy en la administración pública es como mover un elefante enfermo», ha lamentado Campoy. Ha criticado también que no se esté aplicando de manera correcta el proceso de digitalización, pues «no se sabe cuáles son los perfiles que se necesitan para la modernización de una administración del siglo XXI». Además, critica que aumenta el proceso de externalización de los servicios, lo que se lleva «el 24,5% del gasto público, que se traduce en el 11% del Producto Interior Bruto (PIB)». Por su lado, la representante de CSIF ha dicho «basta ya» ante el «maltrato» que sufren los empleados públicos por parte de la Administración central, criticando que solo se acuerden de su labor en situaciones como la pandemia o la dana. «Es inadmisible y contradictorio que el Gobierno exija a la patronal unas mejoras y unas medidas a sus empleados de la empresa privada y, sin embargo, él, siendo patronal, no haga lo mismo con sus trabajadores que son los empleados públicos», ha denunciado. Por ello, ha pedido al Gobierno central que «deje atrás su soberbia y se siente a negociar de una vez por todas». De la cifra total de 131.000 trabajadores públicos en Castilla-Mancha, «llevan más de una década perdiendo poder adquisitivo más de un 20% desde el año 2010», en una comunidad en la que han «sufrido la famosa tasa Cospedal», a lo que se suma «una inflación disparada, incluso la más alta de España, durante los años 2021 y 2022», ha aseverado García.

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