abc - 21 hours ago

Las diligencias policiales de la Operación Caronte solicitadas por el juez titular de Instrucción 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, en la investigación de la matriz del Caso Infraestructuras en el año 2022 por presuntas irregularidades en los contratos en el Ayuntamiento de Córdoba arrojaban indicios suficientes para la apertura de cuatro causas más que pasaron a cuatro juzgados instructores. De un total de siete casos abiertos, cuatro ya han quedado en archivo o la absolución en el caso del juicio al ex concejal David Dorado esta misma semana. La causa principal relacionada con contratos menores y Plan de Choque 2020 tomaba volumen después de que el magistrado Rodríguez Laínz entendiera tras analizar el atestado minucioso de la UDEF de la Policía Nacional que había « hechos nuevos que no formaban parten del caso en origen» denunciado ante la Fiscalía por Podemos e IU. Una de estas piezas recayó en el Juzgado de Instrucción 8 -donde también se archivó otra causa por cohecho en contratos menores- y acaba de ser juzgada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba contra el exconcejal David Dorado que ha resultado absuelto de un delito de prevaricación del que venía acusado por la firma de un contrato con una central de alarmas para vigilar a los colegios durante la pandemia. El tribunal concluía que no hubo intención alguna en un momento de Alerta por el Covid ni de imponer la voluntad en la elección del contrato ni de enriquecimiento de ningún tipo ni tampoco esta decisión causó perjuicios ni al Ayuntamiento ni a terceros. La primera pieza en el Juzgado de Instrucción 4 que se tramitaba de forma paralela a la causa matriz, investigaba un posible caso de prevaricación en las obras de impermeabilización de la Plaza de Cuba en la que aparecían como investigados el exconcejal de Infraestructuras David Dorado y la excoordinadora del área M.L.B. Tras las diligencias practicadas por el propio Laínz, la causa fue archivada en mayo de 2024. La segunda pieza separada llegó al Juzgado de Instrucción 8 de Córdoba en el que habían sido imputados los dos cargos de ese área -la excoordinadora M.L.B. y el exjefe de Infraestructuras S.Q. por la supuesta comisión de delitos relacionados con el de cohecho en la selección de empresas para acometer obras menores en centros y otras dependencias municipales . La jueza le dio carpetazo en mayo de 2024 y lo archivó al concluir que «los contratos concretos han sido realizados por los investigados con la competencia necesaria para ello y de forma ajustada a derecho». La tercera causa abierta a raíz del atestado de la UDEF como pieza separada fue repartida por el Decanato al Juzgado de Instrucción 7 de Córdoba y era la relativa a un presunto delito de cohecho por parte del exconcejal de Infraestructuras David Dorado y la excoordinadora del área M.L.B. a un publicista. El atestado policial de la UDEF que dio origen a estas diligencias recogía las declaraciones de un empresario de la publicidad quien alegaba que hubo una comida con David Dorado en un restaurante de la capital en la que le habría propuesto repartirse los 30.000 euros de una ayuda europea alterando de algún modo las licitaciones por medio de empresas o testaferros. El almuerzo al que hacía referencia este empresario a la UDEF también admitía que no había constancia de grabaciones y que se había celebrado el 27 de agosto de 2020. La titular del Juzgado de Instrucción 7 ordenaba meses después el sobreseimiento de la causa al considerar que los hechos investigados no eran constitutivos de infracción penal. Sin embargo, aún queda un fleco. La Fiscalía de Córdoba contraria a este archivo remitió un escrito al Juzgado de Instrucción número 7 pidiendo que la Fiscalía Europea fuera la que se encargara de instruir esta causa al entender que afecta a fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), con la supuesta comisión de un delito de cohecho. Aún la Fiscalía Europea no se ha pronunciado al respecto, según ha podido saber ABC. La cuarta causa derivada de la operación matriz relativa al área de Parques y Jardines es la única que se mantiene abierta en fase de instrucción sin juzgar y mantiene abierta la investigación. En este caso, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Córdoba, Lorena Cañete, ya llamó a declarar como investigados a nueve personas, la mayoría empresarios, trabajadores y un capataz del área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Córdoba. Esta pieza en la que se trata de dilucidar si los técnicos -como el capataz del área- o funcionarios solicitaron dinero a los empresarios a cambio de acceder a los contratos públicos se abrió después de las últimas detenciones llevadas a cabo por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía hace ahora dos años. En ese momento, octubre de 2023, los agentes de la UDEF detenían a cinco empresarios y a un funcionario municipal. El Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba mantiene a nueve personas investigadas por los delitos de cohecho y malversación todas relacionadas con el área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Córdoba. La instrucción se ha prorrogado al decretarse causa compleja, según han informado fuentes judiciales. En la causa matriz que partió de la denuncia de IU ante la Fiscalía y que dio origen a la Operación Caronte el juez Rodríguez Laínz ha ordenado de un lado la incoación del procedimiento del Tribunal del Jurado contra el exjefe del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba S.Q. por un delito de Fraude por autoridad o funcionario (delitos relacionados con malversación) y contra los tres empresarios M.C., S.L., S.J. y D.S. como «cooperadores necesarios» por la contratación irregular de obras públicas. De otro lado, en la segunda parte de esta causa matriz, el juez Laínz ha ordenado recientemente la apertura de un juicio oral que se celebrará en la Audiencia Provincial de Córdoba contra el ex jefe del área S.Q., la ex coordinadora del área M.L.B., y tres empresarios M.C., S.J. y D.S. por delitos de prevaricación, fraude de contratación y falsedad documental durante la adjudicación de contratos de obras dentro del denominado Plan de Choque en el año 2020. La Fiscalía ya ha presentado su escrito de acusación en esta causa y solicita para el exjefe de Infraestructuras S.Q. cinco años de prisión, 14 de inhabilitación y multa, mientras que para la excoordinadora del área M.L.B. pide 14 años de inhabilitación por un posible delito de prevaricación continuada. También serán juzgados los administradores de varias empresas contratistas —M.A.C., S.J., L.J.T. y D.S.M.— para quienes el fiscal solicita dos años de prisión, multa de cinco meses y ocho años de inhabilitación.

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