eldiario - 4 days ago

La fórmula escogida por Moncloa, que está ultimando los detalles de la propuesta, pasa por tocar el artículo 43 de la Carta Magna, el referido a la protección de la salud, lo que permite una modificación ordinaria al no afectar a derechos fundamentales pero que aún así exige el apoyo del PP El Gobierno de Ayuso votó a favor del registro de objetores al aborto que ahora boicotea El Gobierno est ultimando la reforma con la que pretende blindar el derecho al aborto en la Constituci n. Y, a la espera de que el texto est cerrado definitivamente, la f rmula escogida permite tramitar el cambio mediante un procedimiento ordinario sin necesidad de disolver las Cortes ni convocar un refer ndum. As lo apuntan fuentes del Ministerio de Justicia, que se alan que la v a elegida para garantizar que la interrupci n voluntaria del embarazo no est sometida a los vaivenes pol ticos ni a la ofensiva de Vox y el Partido Popular pasa por modificar el art culo 43 de la Carta Magna, referido a la protecci n de la salud. Los socialistas han movido ficha en los ltimos d as y han convertido el aborto en un asunto central de su estrategia despu s de que las derechas reactivaran sus ataques en una cruzada que ha tenido en Madrid su punta de lanza. El anuncio de Pedro S nchez de que blindar a ese derecho al aborto en la Constituci n se produjo tras el apoyo que el alcalde Jos Luis Mart nez Almeida dio a una iniciativa de Vox para obligar a las mujeres a ser informadas del s ndrome posaborto, del que no hay ninguna evidencia cient fica, mientras que la presidenta de la comunidad, Isabel D az Ayuso, se niega a cumplir la ley y crear el registro de objetores de conciencia obligatorio desde 2023. V yanse a otro lado a abortar , ha llegado a exclamar. Aunque la propuesta cuyos detalles siguen debati ndose implicar a que el Consejo de Estado deber emitir dictamen sobre si la f rmula elegida es la adecuada, el Gobierno ha optado por una de las dos que posibilita la propia Constituci n para ser reformada. En concreto, aquella que no se refiere a materias especialmente protegidas como los derechos fundamentales o la Corona y que, por lo tanto, tiene menos requisitos para salir adelante. Para estos ltimos casos, la reforma es m s compleja: requiere una mayor a de dos tercios del Congreso y el Senado y la disoluci n de las Cortes, que implica la convocatoria de elecciones. Adem s, el nuevo texto debe ser sometido posteriormente a refer ndum para su ratificaci n, seg n estipula la Carta Magna. Moncloa, sin embargo, al proponer una modificaci n del art culo 43, ha optado por la v a m s gil y sencilla, que aun as ser muy dif cil de sacar adelante despu s de que el PP haya anunciado su oposici n al blindaje del aborto en la Constituci n. Esta f rmula exige una mayor a de tres quintos de ambas c maras y, si no hay acuerdo, dos tercios del Congreso y mayor a absoluta del Senado. Unas condiciones que se vuelven pr cticamente imposibles sin el apoyo de los de Alberto N ez Feij o, que este mismo lunes ha definido la interrupci n voluntaria del embarazo como una prestaci n del sistema , pero no un derecho fundamental . Adem s, si el 10% de los diputados lo exigiera, tambi n deber a ser sometido a refer ndum. Aunque a n se est terminando de definir la modificaci n, el cambio supondr a incluir el derecho al aborto al art culo que reconoce el derecho a la protecci n de la salud , y que a ade: Compete a los poderes p blicos organizar y tutelar la salud p blica a trav s de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecer los derechos y deberes de todos al respecto . Un derecho avalado El Gobierno avanza as en una iniciativa que busca blindar la interrupci n voluntaria del embarazo, despenalizada en 1985 y despu s ampliada en 2010, bajo una premisa: cuando el aborto est en manos del PP y Vox, el derecho est en peligro. Aunque Almeida pas en pocas horas de defender la iniciativa a rectificar asegurando que no obligar a las mujeres a recibir informaci n sobre un falso trastorno, los populares han protagonizado una vez m s un nuevo intento de hacer equilibrios con un tema que divide internamente a la formaci n de Feij o y que le hace dar bandazo tras bandazo arrastrada por una extrema derecha que est muy c moda en su posici n antiaborto. De esta forma, los socialistas buscan evitar que las derechas pongan en entredicho el derecho y marcar perfil pol tico con un asunto que goza de respaldo social. Adem s, el Tribunal Constitucional lo aval hace dos a os en respuesta precisamente el recurso que los populares interpusieron contra el aborto libre en 2010. Sin embargo, no es la primera vez que esta reforma constitucional est sobre la mesa. Sumar ya propuso en marzo de 2024 seguir los pasos de Francia, que hab a consagrado el aborto en su Constituci n ese mismo mes ante el avance antiaborto a nivel global y despu s de que el Tribunal Supremo de EEUU tumbara la sentencia que lo garantizaba en el pa s. Sin embargo, en aquel momento los socialistas lo rechazaron. No se dan las condiciones para llevarlo a cabo, asegur entonces la ministra de Igualdad, Ana Redondo. La reforma que propon a Sumar supon a en a adir un apartado al art culo 43 de la Constituci n, el que reconoce el derecho a la protecci n de la salud, con la siguiente redacci n: Se reconoce el derecho a una interrupci n voluntaria del embarazo que sea libre, informada, plena y universal. Los poderes p blicos garantizar n el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a su autonom a f sica . Los de Yolanda D az registraron la propuesta el pasado mes de febrero en el Congreso, pero ni siquiera se ha debatido su toma en consideraci n a pesar de que en noviembre, el PSOE se comprometi a blindar constitucionalmente el aborto en su 41 Congreso. La negativa de Ayuso Ahora, y a las puertas del ciclo electoral que est por venir, los socialistas han dado un paso adelante en respuesta al ataque de las derechas, personificado estos d as en la presidenta madrile a Isabel D az Ayuso, que se niega a crear el registro de objetores de conciencia al que obliga la ley desde la reforma de 2023. Eso a pesar de que la popular apoy la medida en el Consejo Interterritorial de Salud en el que el Ministerio de Sanidad someti a votaci n el protocolo com n para crear dichos registros el pasado mes de diciembre. El objetivo de estos listados es que las comunidades aut nomas puedan saber con qu profesionales cuentan de cara a reorganizar los servicios sanitarios para poder ofrecer la prestaci n en centros de la red sanitaria p blica, algo que solo ocurre excepcionalmente. Sobre todo en algunos territorios como Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Andaluc a y Extremadura, donde el n mero de interrupciones voluntarias del embarazo en la p blica no llegan al 1%. A nivel estatal, el porcentaje es del 21,26% mientras que el resto se derivan a cl nicas concertadas, un modus operandi que la ley del aborto pretende cambiar. Ante la publicaci n de los ltimos datos y la presi n del Gobierno para que las comunidades que faltan pongan en marcha el registro de objetores, Ayuso ha abierto un nuevo frente contra Pedro S nchez. No voy a hacer una lista de m dicos. Nunca, nunca , dijo la presidenta madrile a en la sesi n de control de la Asamblea de Madrid, en la que acus al Ejecutivo de fomentar el aborto. El Gobierno, por su parte, ha adelantado que usar todos los instrumentos legales a su alcance para hacer cumplir la ley, tambi n en Madrid , especific el presidente, que advirti de la posibilidad de llegar incluso al Tribunal Constitucional si hace falta . Al tiempo que Ayuso se enrocaba en su posici n, la direcci n nacional del PP intent cerrar filas con una nota hecha p blica en redes sociales en la que Alberto N ez Feij o reitera su posici n clara y conocida sobre el aborto: Garantizar siempre que cualquier mujer que opte por la interrupci n de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atenci n m dica y psicol gica, conforme a las leyes , rezaba el texto del l der popular, consciente de que en el partido hay diferentes posiciones sobre la interrupci n voluntaria del embarazo.

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