abc - 13 days ago

La okupación ilegal de vivienda preocupa a gran parte de la sociedad española. Y es que, mientras algunos sectores lo ven como una respuesta legítima a la crisis de la vivienda en España, otros lo consideran un problema que requiere una respuesta más contundente por parte de las autoridades a través de una legislación más firme. Solo en 2023 se registraron en España un total de 15.289 casos de okupación ilegal de viviendas , según el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. Madrid y Barcelona se sitúan a la cabeza de la lista de provincias con mayor número de casos. La okupación en España es un fenómeno social y político que ha generado un intenso debate en los últimos años. En este sentido, son muchos los expertos que opinan al respecto e intentan aportar luz a esta problemática. Uno de ellos es Marc Vidal, analista económico y divulgador tecnológico, quien participa en distintos programas de televisión y radio y opina también a través de su canal de YouTube de diferentes temas de la actualidad económica y política, tanto nacional como internacional. En un vídeo reciente, el popular economista y divulgador ha hablado sobre el fenómeno de la okupación en España que, según él, «representa uno de los debates más complejos en la actualidad . Confluyen derechos fundamentales, necesidades sociales y marcos legales que no siempre ofrecen soluciones satisfactorias». Según Vidal, es fundamental distinguir entre los distintos tipos de okupación que se dan en España: allanamiento de morada y usurpación de inmuebles . En este segundo caso, «se considera un delito leve y requiere un procedimiento judicial más largo». «El procedimiento civil dura entre 6 y 18 meses, el penal hasta los 2 años», explica. A pesar de que la nueva ley contra la okupación intentará agilizar esos tramos, el problema real, según el economista, «es la cultura contra la propiedad que impera en España , como si tener algo en propiedad fuera menor o donde cualquiera que lo estime oportuno pudiera meterse en tu casa porque tienes más de una o no es donde vives habitualmente». Vidal señala que la okupación pone de manifiesto un conflicto entre dos derechos: el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada . «El hipotético derecho a la vivienda no es un derecho fundamental, de hecho, no tengo claro ni que sea un derecho, lo que demostraría que no se puede ejercer (...) Es un servicio público que puedes poner en marcha dependiendo de la capidad económica de tu país (...) Es un objetivo social y público», señala el economista. No obstante, Vidal defiende el derecho a la propiedad privada: « Ese sí que goza de una mayor protección jurídica o debería y está reconocido como un derecho fundamental. No solo es un derecho individual, sino que constituye uno de los pilares fundamentales del sistema económico y social en el que vivimos. Si te cargas eso, volvemos a las cavernas». Vidal defiende, además, que la propiedad privada « cumple una función social, absolutamente clave, y es el motor económico porque fomenta la inversión, el desarrollo y el crecimiento económico» y «genera cierta responsabilidad social», además de ser «un incentivo para el progreso». Sin embargo, Vidal critica la visión de un sector de la sociedad que respalda la okupación ilegal de vivienda en España: «Los que la defienden consideran la propiedad como un mal social pues para ellos todo eso es nada. Son toda esa extrema izquierda que considera que el espíritu de sacrificio y el valor de tus conquistas debes repartirla con una panda de vagos que tuvieron menos suerte». Además, Vidal arremete contra la actuación de los políticos en España quienes, señala, mantienen la suspensión de los desalojos de okupas si se cumplen dos condiciones: «Que sean personas en situación vulnerable o que no tengan una alternativa habitacional. Parece una broma, pero no lo es ». Esta medida afecta también a los casos en los que «hay una sentencia judicial que ordene su desalojo» y tanto a los okupas como a los inquiokupas . Como avanzamos anteriormente, según el Ministerio del Interior en 2023 se registraron en España un total de 15.289 casos de okupación ilegal de viviendas. Sin embargo, Vidal señala que « las cifras oficiales no reflejan la magnitud real del problema , no pueden hacerlo, ya que muchos casos no se denuncian». En este sentido, el economista señala que «algunas estimaciones y datos no oficiales sugieren que estamos sobre las 100.000 okupaciones ilegales en España ». De ellas, explica, entre el 75-80% se concentran en parques de grandes tenedores. Vidal insiste en que « los datos reales no indican la realidad , es un decorado». Los factores que influyen en la discrepancia entre cifras es que, según el economista, «muchos propietarios optan por no denunciar». «Hay otros casos que se resuelven mediante negociación directa o a través de empresas de desokupación» y algunos en los que «los okupantes abandonan las viviendas antes de que se complete el proceso judicial».

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