eldiario - 2 month ago

No se trata de mano dura. Lo está experimentando en primera persona la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. La líder de la extrema derecha llegó al poder con un duro discurso anti-inmigración y durante el año que lleva al frente del país las llegadas de personas migrantes se han duplicado. 130.000 personas se han jugado la vida en el Mediterráneo huyendo de la pobreza y buscando un futuro en Europa. Italia, y en concreto la pequeña isla de Lampedusa, se ha convertido en una de las principales preocupaciones en Bruselas justo cuando la negociación del pacto, con el que los 27 pretendían dar respuesta a la migración, llega a su fin. Pero el incremento de las llegadas y las diferencias entre los estados miembros –y de estos con el Parlamento– han elevado la tensión poniendo, una vez más, cuesta arriba el acuerdo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, atendió la llamada de auxilio de Meloni y viajó de urgencia a Lampedusa el domingo tras acentuarse el flujo de llegadas con 10.000 personas en tres días. Ante el desbordamiento de los servicios públicos y humanitarios italianos, ambas mandatarias anunciaron un plan europeo de 10 puntos para dar respuesta a la crisis: reforzar el apoyo de Frontex, facilitar las devoluciones, promover el reparto solidario…Uno de los puntos de ese plan es implementar el polémico acuerdo entre la UE y Túnez, que ha provocado un intenso choque en el seno de los 27. El memorándum de entendimiento (MoU) pasa por regar de millones al país, mandatado por una dictadura, a cambio de que controle las fronteras. Las duras imágenes de migrantes expulsados a Libia y Argelia en condiciones extremas este verano, tras la firma en la que participaron, además de Meloni y Von der Leyen, el primer ministro holandés, Mark Rutte, dispararon las alarmas. Las fuerzas progresistas han denunciado el acuerdo y pedido su retirada. La Defensora del Pueblo de la UE lo ha cuestionado por falta de garantías en el cumplimiento de los derechos humanos. Y el modus operandi de la Comisión Europea ha irritado a varias capitales, que consideran que debería haberse consultado a los 27. La queja llegó a través de una carta del alto representante, Josep Borrell, al comisario de Vecindad, Olivér Várhelyi, según publicó The Guardian.  La Comisión Europea se sacude la presión y asegura que siguió los procedimientos al implicar a los 27. De hecho, se remiten a las conclusiones del último Consejo Europeo en las que los jefes de Gobierno avalaron los esfuerzos hechos hasta entonces. Igualmente, sostiene que el cumplimiento de los derechos humanos es una de las premisas de los acuerdos que sella con terceros países. El incremento de la tensión se produce en la recta final de la negociación del Pacto de Migración y Asilo que se ha atragantado durante años y que ahora está en riesgo de bloqueo. La Eurocámara –con el consenso de todos los grupos, incluida la extrema derecha– ha paralizado las negociaciones con los 27 de dos de los cinco expedientes que forman parte del paquete legislativo, según adelantó El País. Lo hace como forma de presión dado que los avances se estaban produciendo especialmente en esos dossiers relativos al control (Eurodac y screening) frente al reglamento de gestión de crisis, que es el que plantea la parte interna de la migración. En resumen, los gobiernos quieren avanzar en la parte legislativa de la ‘Europa fortaleza’ y aparcar la de la solidaridad. El reparto de refugiados durante las crisis migratorias es el gran escollo en el seno de los 27. Hungría y Polonia ya han amenazado con incumplir cualquier tipo de acuerdo que incluya cuotas obligatorias, incluso si estas se pueden sortear pagando, que es la aproximación en la que están de acuerdo los estados miembros. El Parlamento Europeo, sin embargo, descartó también el denominado ‘patrocinios de retorno’. La rebelión de los eurodiputados, que no se sentarán más con el Consejo y la Comisión Europeo para negociar los expedientes relativos al control hasta que los 27 fijen su posición respecto al expediente de la gestión de crisis, llega una semana antes de que los ministros de Interior se reúnan. Aún así, la aprobación del pacto migratorio antes de que acabe el año se pone cuesta arriba. En términos prácticos, la tensión entre los socios europeos se ha evidenciado entre Alemania e Italia. El Gobierno de Olaf Scholz ha anunciado que deja de asumir la acogida voluntaria de refugiados que procedan de Italia bajo la premisa de que está incumpliendo el Reglamento de Dublín, la normativa europea que establece que el país de llegada es el que debe hacerse cargo de la evaluación y acogida de los peticionarios de asilo. La cuestión de la reubicación es secundaria , respondió Meloni, que insistió en reclamar ayuda a la UE “para defender las fronteras exteriores”.

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