Saturday 29 February 2020
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abc - 14 days ago

Iglesias gana la batalla de la foto del PER a Sánchez, pero pierde la confianza de las organizaciones agrarias

El campo español sigue en pie de guerra, y las relaciones con el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos por un capítulo rayano en lo surrealista, que tuvo como protagonistas al vicepresidente segundo Pablo Iglesias y a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz: a última hora de la tarde del jueves se aplazó sorpresivamente la reunión prevista para ayer por la mañana con las organizaciones agrarias para hablar sobre el antiguo PER. En paralelo, Díaz e Iglesias sustituyeron esta cita por otra con los sindicatos, que ayer se saldó con un guiño a los agricultores en forma de menores condiciones para cobrar el subsidio agrario. Así, sin la presencia del ministro de Agricultura, Luis Planas, que hasta ahora había llevado todo el peso de la negociación y que según fuentes consultadas estaría bastante molesto con la situación, la foto se produjo ayer, con los dos ministros de Unidas Podemos pactando con las federaciones andaluza y extremeña de UGT y CC.OO.. junto al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), la rebaja inmediata de las peonadas de 35 a 20 días necesarias para cobrar la ayuda. No quedaron satisfechos ni los asistentes ni los ignorados: UGT y CC.OO criticaron la asistencia del SAT, del que destacaron que apenas cuenta con el 1% de los delegados y que estuvo representado por su secretario general el exdiputado morado Diego Cañamero (2016 - 2019). Y tras las críticas recibidas ayer de agricultores y ganaderos, el departamento de Díaz convocó para el próximo martes a las organizaciones agrarias relegadas Asaja, UPA y COAG. De esta forma, Iglesias logró sacar rédito de una medida que ya había anunciado, curiosamente, el presidente Pedro Sánchez, en un mitin antes de las elecciones, en su momento debido a los aranceles de EE.UU. Con el acuerdo de ayer se relajan los requisitos para acceder al subsidio por desempleo agrario (cuya duración se sitúa entre 180 y 360 días máximo) dirigido a los jornaleros de Andalucía y Extremadura. Una decisión que afectaría a unas 103.056 personas, según el número estimado de beneficiarios por el SEPE acumulados hasta noviembre de 2019. Lo que representa el 3,10% (536,65 millones de euros) del gasto en prestaciones durante este periodo. Asimismo, el Gobierno abrió las puertas a que la Inspección de Trabajo pueda comprobar de oficio las condiciones de estos trabajadores eventuales del campo. Fuera de la foto con Iglesias y Díaz quedaron Asaja, COAG y UPA. Fuentes de Podemos, subrayaron que la presencia del vicepresidente segundo ayer fue una decisión de la propia Díaz, informa Gregoria Caro. En cualquier caso, los representantes del campo español mostraron su desacuerdo y el malestar con la conducta de la ministra. En una carta dirigida a Yolanda Díaz y firmada por los máximos responsables de Asaja, COAG y UPA exigían una reunión urgente con Trabajo sobre materia laboral y recordaban que «las mesas de seguimiento del subsidio agrario están constituidas desde hace años» y que, sus miembros, están ya designados «con representantes de las organizaciones agrarias más representativas». Desde COAG, su responsable de Relaciones Laborales, Eduardo López, destacó sobre las idas y venidas del Ministerio de Trabajo «el coste en transporte y hospedaje» para él y sus compañeros. En su opinión, las formas fueron «muy malas» y pidió «que respeten nuestra representatividad y sus actores». Preguntado sobre la reforma del subsidio agrario, López aseguró que «si se hace analizando el impacto sobre contratados y contratistas» les tendrán como aliados. En su opinión, cualquier modificación en el subsidio agrario debe «premiar e incentivar que la gente tenga predisposición a trabajar: a más peonadas, más subsidio». En esta línea, el representante de COAG, se mostró abierto a extender este modelo a Castilla y León o Aragón. PP y Ciudadanos: ofensiva parlamentaria La sombra del conflicto en el campo español perseguirá al Gobierno la próxima semana: el grupo Popular en el Senado, presentó este viernes una moción en la que se insta al Ejecutivo a mejorar el sistema de seguros ag así como a revisar la Ley de la Cadena Alimentaria, con «controles más rigurosos sobre las importaciones» y mantener los fondos que percibe España en la PAC 2021- 2027. Por su parte, Ciudadanos, registró ayer en el Congreso una Proposición no de Ley (PNL) en la que pide a Sánchez rebajar el IRPF en un 60% a las personas en municipios en riesgo de despoblación, así como estudiar reducciones en los sistemas de módulos.


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