abc - 1 month ago

La Diputación de Lugo afronta mañana una sesión plenaria que será decisiva para su futuro político inmediato. La dirección federal del PSOE ratificó este lunes a la alcaldesa de Burela, Carmela López, como candidata socialista a la Presidencia de la institución provincial, despejando una incógnita que abrió la dimisión en diciembre de José Tomé, suspendido de militancia después de que se presentase contra él una denuncia por supuesto acoso sexual a través del canal interno del partido. La decisión de Ferraz avala la propuesta de la gestora del PSOE lucense y abre la puerta a la reedición del pacto de gobierno con el BNG, una fórmula que permitiría mantener el control de la Diputación frente al PP, la fuerza más votada, y que a la vez requiere el respaldo del propio Tomé, ahora diputado no adscrito. Ya con la vista puesta en el pleno extraordinario convocado para el mediodía, socialistas y nacionalistas dedicaron la jornada del lunes a trabajar en un acuerdo que pueda prolongar la mayoría del actual mandato provincial. Pero Carmela López necesitaría sumar los votos del PSOE, del BNG y el del expresidente de la Diputación para imponerse a la candidatura del Partido Popular, que irá encabezada nuevamente por su portavoz provincial, Antonio Ameijide. Por lo pronto, el BNG confirmó su apoyo en el pleno a la de López tras una reunión celebrada por la tarde con el grupo socialista, en la que ambas formaciones cerraron un acuerdo. Unos y otros defienden la necesidad de «devolver» la institución provincial «a la normalidad» y proponen aumentar en medio millón de euros los fondos del Plan Diputación de cara a 2027, frente a lo que el Bloque considera un intento del PP de instrumentalizar políticamente la denuncia por acoso sexual para acceder al gobierno provincial. Por otra parte, también el lunes los populares endurecían el tono al denunciar lo que califican de «pacto de la vergüenza» entre socialistas y nacionalistas. Rodeado de diputados afines, Ameijide reclamó en declaraciones recogidas por Ep un «cambio de aires» en la Diputación y la apertura de «un nuevo tiempo» que deje atrás, dijo, «conductas reprobables» y una etapa marcada por la inestabilidad y las decisiones tomadas «en la sombra» Porque, a su juicio, la continuidad del acuerdo PSOE-BNG supondría mantener un gobierno «condicionado por conflictos internos», con José Tomé, según sostuvo, «siguiendo al frente de las decisiones provinciales». El popular cargó contra la gestión socialista de la crisis abierta a principios de diciembre, asegurando que el PSOE pasó «de no saber nada a llamar acosador» a Tomé, llegando a ofrecer «hasta cuatro versiones distintas» de lo ocurrido. También señaló directamente a la vicepresidenta primera de la Diputación y alcaldesa de Lugo, Pilar García Porto, afirmando que esta conocía la situación pero «no hizo nada hasta que se hizo pública», y reprochó a los socialistas que permitan que Tomé continúe al frente del Concello de Monforte. En lo económico, Ameijide denunció un reparto «sectario» de los fondos provinciales: de los casi 15,9 millones de euros destinados a convenios con municipios, dijo, apenas 40.000 fueron a parar a uno gobernado por el PP, mientras que el resto se distribuyó entre concellos del PSOE, del BNG y de formaciones independientes. El popular tachó esta política de «compra de voluntades» y acusó al gobierno provincial de utilizar la Diputación como una «chequera» para sostener mayorías municipales y alimentar luchas internas, sin reparar en la ciudadanía o las necesidades reales del territorio. Las críticas del PP se dirigieron también al BNG, al que Ameijide acusó de ser cómplice tanto de José Tomé como de quienes, a su juicio, encubrieron la situación. Recordó que en la última Junta de Gobierno de la Diputación, celebrada el 30 de diciembre, apenas una hora antes de la dimisión de Tomé, se aprobaron más de 1,6 millones de euros en convenios destinados a concellos con presencia nacionalista o a áreas directamente gestionadas por el BNG, lo que interpretó como prueba de que «los pactos millonarios se cerraban en los despachos» mientras se escenificaban desacuerdos. Desde el BNG, su portavoz provincial, Efrén Castro, rechazó las acusaciones y acusó al PP de practicar «carroñerismo político», defendiendo que los convenios cuestionados responden al funcionamiento ordinario del gobierno provincial y negando cualquier negociación apresurada o irregular.

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