abc - 1 month ago

Pasada la euforia inicial en Bruselas después de que la semana pasada la Comisión Europea consiguiera el beneplácito de una mayoría de países a la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del bloque Mercosur (Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina), se empieza a hacer evidente que ese acuerdo logrado in extremis y a costa de introducir concesiones a los agricultores -para convencer a Italia- podría romperse por alguna de sus costuras. El primero en echar agua al vino ha sido Rubén Ramírez, el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, que en una entrevista el sábado dijo que las medidas de salvaguardia aprobadas por Bruselas «no forman parte del acuerdo». Concretamente, se refería a una disposición introducida a última hora por el ejecutivo comunitario que permitiría reintroducir los aranceles sobre los productos agroalimentarios considerados sensibles (los que también se producen en Europa) si el volumen de importaciones se incrementa un 5% respecto a la media de los últimos tres años o los precios caen también un 5% en el mismo período. Esto supone la materialización de un temor que estaba latente en Bruselas, el de que las cesiones que se han tenido que hacer para tratar de convencer a los países de la UE reacios a la entente comercial fueran interpretadas como una modificación de los términos del acuerdo por parte del bloque sudamericano. En este sentido, el ministro paraguayo recordó que ese mecanismo no formaba parte del texto firmado hace ahora un año en Montevideo, que la Comisión pretende ratificar el próximo sábado en una cumbre de alto nivel a la que viajará la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. A partir de ahí, está por ver hasta dónde está dispuesto a llegar el país sudamericano y hasta dónde está dispuesta a llegar la Comisión para satisfacer las aspiraciones de la otra parte, pues no hay que olvidar que Von der Leyen logró el sí de Italia a cambio de esas salvaguardias. Como ya se ha avanzado, Paraguay opina que ese mecanismo no está dentro del acuerdo y que, en caso de que la UE lo aplicara en el futuro, pueden recurrir a las herramientas de solución de diferencias que están contempladas en el texto. Es más, Ramírez incluso llegó a afirmar que su país tiene «un trato especial y diferenciado» en su relación con la UE y que esas cláusulas «no son aplicables» a las exportaciones paraguayas, un extremo que hasta ahora no ha sido reconocido por la UE. A este escollo añádase otro, y es que el Parlamento Europeo aún tiene que ratificar el texto y la Comisión cuenta con una mayoría muy endeble, según se ha evidenciado en anteriores votaciones. Formalmente pareciera que todos los grupos que forman la coalición de Von der Leyen debieran estar a favor, pero esto está muy lejos de ser cierto, pues fuentes de Estrasburgo explican a ABC que habrá muchos eurodiputados que votarán en clave de país. Entre los franceses o los húngaros la votación se da por perdida, y está por ver en qué sentido votan los italianos. Desde las organizaciones agrarias se agarran a esta votación como su oportunidad de oro para frenar el acuerdo, y si esto falla, aún les queda la posibilidad de dar la batalla legal ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE por el modo en que Bruselas decidió aprobar el texto, sin necesidad de ratificación unánime por parte de todas las capitales. Este fin de semana el gobierno polaco anunció que intentaría impugnar el acuerdo ante el TJUE, y en este momento la presidencia de la Eurocámara tiene sobre la mesa una petición por parte de 145 eurodiputados que va en la misma línea.

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