Insultar a un profesor será una falta grave en la Comunidad Valenciana: así es el nuevo decreto que refuerza la autoridad docente

Insultar a un profesor será considerado falta grave a partir del próximo mes de enero en los centros educativos de la Comunidad Valenciana . La medida forma parte del nuevo Decreto de Convivencia , una normativa que busca poner freno al incremento de conflictos en las aulas, que se han triplicado en los últimos cinco años. El texto entrará en vigor con el objetivo de reforzar la convivencia educativa y devolver la autoridad al profesorado ante el aumento sostenido de las incidencias. En esta línea, la nueva normativa se articula en torno al refuerzo de la autoridad docente, la restricción del uso de dispositivos móviles, el impulso de la mediación para agilizar la resolución de conflictos y la promoción del bienestar emocional del alumnado. Así lo ha anunciado este martes la nueva consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, acompañada por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig. Según ha destacado Ortí, el nuevo protocolo autonómico de convivencia educativa Plan Conviure , que sustituye al anterior Decreto 195/2022, nace de la necesidad de combatir el «aumento de las incidencias» y las «necesidades detectadas» por los centros y por la Inspección educativa, así como para «garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y respetuosos». Además, ha informado que estos datos «muestran una tendencia al alza en las incidencias totales de convivencia, que han pasado de 4.543 en 2018 a 11.403 en 2023». En concreto, el nuevo protocolo establece que las agresiones, injurias u ofensas al profesorado en el ejercicio de sus funciones, serán consideradas faltas graves y se abordarán como atentados contra la autoridad. Otro aspecto que recoge este decreto es el refuerzo de la autoridad docente dotándole de la necesaria protección jurídica. Al respecto, Ortí ha señalado que la nueva norma «establece el reconocimiento social, institucional y legal de la autoridad del profesorado, reconociendo su papel esencial en la creación de entornos seguros». En cuanto al uso de dispositivos móviles, el nuevo protocolo ofrece un rango normativo superior, dando un paso más a lo establecido en la Resolución de 17 de abril de 2024. De esta forma, el uso de estos dispositivos se permitirá únicamente por razones didácticas contempladas en el proyecto educativo y las programaciones de aula, o por razones específicas de salud debidamente justificadas y autorizadas. Tal y como ha explicado la consellera, se trata de una medida ampliamente demandada por la comunidad educativa y que busca minimizar su impacto en el aprendizaje y en situaciones de ciberacoso. El plan también prevé medidas educativas provisionales, la posibilidad de procedimiento conciliador y la tramitación de expediente disciplinario con garantías y plazos ajustados, incluyendo un trámite de urgencia para los casos más graves. Además, se simplifica la gestión con el desarrollo de un módulo específico en la plataforma Itaca, que permitirá documentar y seguir digitalmente todas las fases del expediente. Por otro lado, el decreto incorpora además un enfoque inclusivo, estableciendo que la condición de víctima con necesidades específicas de apoyo educativo actuará como agravante en la gradación de la responsabilidad. Además, la figura de la coordinación de bienestar y protección se consolida como pieza esencial del sistema, bajo la supervisión de la dirección del centro, y en colaboración con los servicios de orientación, para articular las medidas de protección del alumnado, impulsar protocolos y trabajar de manera coordinada con los profesionales de los Servicios Sociales, de salud mental infanto-juvenil y de otros recursos del entorno. A ello se suma la promoción de programas basados en el bienestar, la prevención de la violencia y la salud mental, así como la prevención de delitos de odio. Por otro lado, la nueva titular de Educación ha asegurado que va a impulsar el valenciano para que la ciudadanía de la región valenciana conozca y use la lengua «por gusto, no por imposición». Respecto a la consulta realizada por las familias para elegir el idioma base de sus hijos, Ortí ha considerado que «dejar que los ciudadanos se expresen en ningún momento va en detrimento» del idioma. «Es incuestionable que soy defensora de la lengua valenciana» y «tengo claro que la manera de fomentar una lengua es enseñar a los usuarios a que la valoren y la imposición no va en esa línea», ha aseverado.

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