abc - 1 month ago

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Antonio Piña ordenó la detención este miércoles de la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso en el marco de una investigación en la que indaga si los tres se hicieron con más de 700.000 euros en comisiones «implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI» en cinco operaciones. Así consta en una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, del Juzgado Central de Instrucción Número 6, del que es titular el juez Piña y que dirige bajo secreto la causa. El juzgado señala, a partir de las indagaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que los tres investigados pertenecen a un grupo autodenominado Hirurok que «podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública». Según indica, para «la perfección de este sistema», los tres habrían actuado de manera coordinada con el objetiva «de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones» a través de «contratación y facturación mendaz», y canalizando los fondos principalmente a través de la mercantil Mediaciones Martínez. Los investigadores sospechan, según la resolución, que la actividad de los investigados se habría desarrollado «al menos entre 2021 y 2023»; se habría proyectado a «distintos puntos del territorio nacional, alcanzando varias administraciones públicas», y habrían adoptado medidas de seguridad para garantizar «la más discreción y confidencialidad de sus actuaciones». Al respecto, añade que se han detectado cinco operaciones en las que habrían conseguido decisiones favorables a sus intereses desde diversas administraciones «y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI», que presidió Fernández entre junio de 2018 y octubre de 2019. La primera operación que mencionan es la concesión de un rescate otorgado por la SEPI a la empresa Tubos Reunidos por 112,8 millones de euros. Según se detalla, desde el grupo Hirurok habrían realizado acciones de «intermediación» para que se otorgara esa ayuda, «percibiendo por ello un total de 114.950 euros a través de facturación, aparentemente mendaz, emitida por Mediaciones Martínez». Otra operación es la adjudicación de un contrato público por parte de Mercasa en favor de Servinabar , la empresa propiedad de Alonso y de la que sería socio el exdirigente socialista Santos Cerdán, por un importe de 18.119,75 euros y que habría consistido en «la pretensión del cambio de sede de la sociedad pública». «Los investigados, en connivencia con una serie de directivos de la sociedad pública, diseñaron una operativa, la cual, por un lado, generaba de forma mendaz esta justificación, y por otro y al mismo tiempo, propiciaba un beneficio económico al grupo», añade, calificando de innecesaria la adjudicación. Y señala que por parte de Mercasa se contrató a Servinabar para que emitiera «un informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa, cuantificando de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación de la sede«». La tercera adjudicación reseñada es una del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) en favor de la UTE Construcciones y Excavaciones Erriberri-Afesa Medio Ambiente por 2,8 millones de euros . Para los investigadores, los miembros de Hirurok , a través del presidente de la mesa de contratación, habrían tenido la capacidad de beneficiar a la mercantil Eriberri en el proceso de adjudicación y, como contraprestación, la empresa habría canalizado fondos al grupo por un total de 400.000 euros . «Haciéndolo en algunos casos a través de operativas que tenían la aparente finalidad de encubrir el origen de los fondos y provocar una desconexión entre este origen y sus destinatarios finales», agrega. El juzgado también recoge en la resolución supuestos pagos desde la empresa pública Enusa a favor del despacho de abogados SDP Carrillo y Montes . Según explica, la operativa tuvo lugar cuando Acciona se encontraba interesada en hacerse con dos explotaciones tituladas por la empresa pública, concretamente una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón. «Varios directivos de la mentada empresa pública» y el grupo de los investigados habrían tenido «la capacidad de decidir sobre la contratación por parte de Enusa del despacho de abogados, con la finalidad aparente de dar soporte jurídico al desarrollo de la operación», indica. La contratación habría deparado sobrecostes «aparentemente cuantificados en el 50% del importe del contrato que, posteriormente, habrían sido canalizados hasta sociedades de la órbita de Hirurok » y «se habrían materializado una serie de pagos por parte del referido despacho a Mediaciones Martínez» por 17.545 euros. Por último, en la resolución se menciona la concesión de un ayuda otorgada por Sepides a la sociedad Arapellet, perteneciente al grupo Forestalia , por un valor de 17,32 millones de euros. «Se habría pactado previamente el pago de 200.000 euros a favor del grupo Hirurok » que fueron canalizados, como en otras operaciones, través de la sociedad Mediaciones Martínez. El juzgado sostiene que la mayor parte de esos fondos fueron canalizados para efectuar inversiones inmobiliarias en Marbella (Málaga) y Jaca (Huesca), «presumiéndose actualmente como inversiones comunes y, por lo tanto, ligados a los tres investigados«, si bien otra parte fondos fue »a los propios miembros del grupo de forma individual». A ello añade que el volumen y forma de ingreso variaron según la persona, asegurando que el expresidente de la SEPI se habría hecho con «al menos 49.350 euros, a través de una serie de transferencias e ingresos en efectivo» . El juez Piña dejó este sábado en libertad a Díez, Fernández y Alonso, pero les impuso como medidas cautelares la retirada de pasaporte, la prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial. La causa ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en ella se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

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