abc - 1 month ago

Hace cuatro meses, Tres Cantos sufrió un devastador incendio que arrasó unas 2.000 hectáreas en el entorno. Desde entonces, todos los afectados han trabajado intensamente en la limpieza y recuperación de las zonas dañadas. Y dentro de estas iniciativas, la Comunidad de Madrid ha entregado ahora 3.400 plantas para regenerar el área residencial de Soto de Viñuelas, afectada por el fuego. Esta acción se enmarca en las medidas que anunció la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el pasado 14 de agosto en su visita al municipio. Así, el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) ha cedido 900 arbustos de fotinias y 900 de viburnos como parte del convenio entre el organismo público autonómico y la Federación Madrileña de Municipios (FMM). También, ha repartido 1.600 plantas autóctonas más, procedentes de los viveros de Arganda del Rey y de El Escorial tales como majuelos, endrinos, madroños, jaras, laureles, hortensias, coscojas y espinos. Además, el IMIDRA trabaja en la regeneración de la zona incendiada con otras acciones como la recogida de semillas en la ribera del arroyo Bodonal. Estas acciones se suman a otras que ya se han llevado a cabo por el Ejecutivo autonómico como la bonificación de la tarifa del agua a los damnificados, que les permitirá reducir en un 80% el importe de la parte variable de su recibo durante un año; o la entrega de 21 ovejas colmenareñas al ganadero afectado para poder seguir con su labor profesional. Pese a la gravedad de lo ocurrido, el fuego afectó sobre todo a pastos y matorral. Según precisó el consejero de Medio Ambiente madrileño, Carlos Novillo, «quedó mucha zona en el interior sin quemar», por lo que «hay una gran parte de vegetación arbórea que va a poder sobrevivir». Para prevenir situaciones futuras, el Gobierno regional va a cambiar la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza para que sea obligatorio tomar determinadas medidas de prevención, y aplicar directamente, como administración, otras como el incremento de la explotación maderera –para tener bosques más limpios– y la ganadería extensiva –que se coma la biomasa–. El cambio normativo, que estará listo en aproximadamente un año y medio, busca dotar de un marco jurídico más adecuado a la gestión de la superficie forestal de la comunidad. Verá la manera de hacer obligatorias por ley determinadas infraestructuras de defensa a propietarios privados o a ayuntamientos, o poder hacerlo de forma subsidiaria, o prohibir determinados usos.

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