eldiario - 1 month ago

Los conservadores plantean la devolución de casi 300 personas pese al precedente de Ceuta que el Tribunal Supremo anulóEl Supremo rechaza la petición del Govern balear del PP de suspender los traslados de menores no acompañados La Fiscal a est tramitando, en estos momentos, una petici n del Gobierno de Argelia para repatriar a siete adolescentes que llegaron en septiembre en una embarcaci n recreativa a Eivissa. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunci que el Ministerio P blico tramita expedientes de devoluci n de siete menores, de entre 14 y 17 a os, despu s de que sus padres hayan solicitado el ejercicio de la patria potestad . En su visita a Argelia, Marlaska se entrevist con el ministro del Interior del pa s norteafricano, Said Sayoud, quien asegur que la informaci n detallada sobre la situaci n de los menores estaba en manos de las autoridades espa olas. Se trata de un caso excepcional, dado que Balears tutela a otros 298 menores argelinos a los que nadie reclama. Sin embargo, est siendo utilizado por las autoridades del archipi lago balear para reclamar el retorno de todos los menores argelinos lo cual es ilegal, seg n la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo sin explicar cu l es la situaci n de cada uno de ellos, ni concretar cu l es el fundamento t cnico o jur dico para justificar tal deportaci n colectiva. Marga Prohens (PP), presidenta del Govern, afirm que hab a que repatriar tambi n a los otros 298 menores a su pa s de origen, despu s de que se hiciera p blica la tramitaci n que lleva a cabo la Fiscal a. La Conselleria de Bienestar Social del Govern no ha respondido a la consulta sobre cu l ser a la argumentaci n t cnica o jur dica para justificar la deportaci n de los 298 menores argelinos tutelados por las administraciones del archipi lago balear. Seg n la presidenta balear, la totalidad de los menores no acompa ados, bajo tutela de los consells insulares, tienen contacto permanente con sus padres . Por este motivo, dijo desconocer por qu el Gobierno argelino ha solicitado la devoluci n de estos siete menores con nombre y apellidos y no la de los otros m s de 300 . Donde tienen que estar los menores, siempre que se pueda, es con sus padres , afirm Prohens y a adi que por estas razones se solicitaba que la repatriaci n fuera total . En su opini n, la reuni n mantenida entre Marlaska y su hom logo argelino estaba rodeada de oscurantismo y dudas sobre la gesti n de la pol tica migratoria . elDiario.es ha preguntado al Ministerio del Interior en qu consiste este procedimiento de repatriaci n. El asunto no es competencia del Ministerio del Interior. Durante su visita a Argel, el ministro del Interior solo mencion el procedimiento iniciado por la Fiscal a, que es la responsable de coordinar todas las actuaciones y analizar la documentaci n remitida por las autoridades argelinas, como as explic Grande-Marlaska en su comparecencia , han respondido las fuentes consultadas. Por cuestiones de agenda, tampoco ha podido responder la Fiscal a, a la que se le consultaba cu les son las circunstancias por las cuales se puede iniciar un expediente de devoluci n. Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, explican a este diario que los dos casos consultados son distintos. En el primero, el de los siete menores argelinos, las familias han pedido la patria potestad de sus hijos . Se trata de un precepto contemplado legalmente que el Estado espa ol tiene que atender, indican. Es decir, en este caso no se trata de menores en situaci n de desamparo, como s es el caso del resto de ni os tutelados por las comunidades aut nomas , se alan. Las mismas fuentes afirman que el Govern es conocedor de esta situaci n, pero que trata de generar confusi n entre la poblaci n sobre unas situaciones y otras . Recordamos al Govern de Balears que es una obligaci n legal la tutela digna de los y las menores en situaci n de desamparo, y que sus intentos por tratar de evitar esta responsabilidad tienen un componente racista muy preocupante , lamentan. Aumento en la llegada de pateras Como consecuencia de la ausencia de v as legales y seguras para migrar, la ruta balear se ha consolidado como una de las principales para llegar a Europa desde pa ses norsaharianos. A inicios de octubre de este a o se han registrado 5.909 llegadas de personas a las costas del archipi lago balear, seg n datos conjuntos del Ministerio del Interior y la Delegaci n del Gobierno. Este n mero supera ligeramente las 5.882 personas que llegaron el a o pasado, una cifra que supone un 158,3% m s que en 2023, seg n el informe de Seguridad Anual de 2024. El documento, elaborado por el Ministerio del Interior, agrupa las llegadas dentro de un marco de control fronterizo y securitario. Entre las personas adultas tambi n se encuentran menores, que en la mayor a de los casos est n en una situaci n de desamparo, lo que obliga al Estado a asumir su tutela legal. En Espa a, las competencias en materia de protecci n de menores corresponden a las comunidades aut nomas, aunque en el caso balear est n transferidas a los consells insulares de cada una de las cuatro islas. El reto que esto representa para las administraciones p blicas que necesitan m s recursos para atender las llegadas debido a la falta de planificaci n y recursos en el sistema de acogida , no les exime de su responsabilidad legal con los menores, tal como recuerdan tres organizaciones especializadas consultadas por elDiario.es: CEAR, Plataforma de la Infancia y Asociaci n Pro Derechos Humanos de Andaluc a. El Estado debe garantizar la tutela de los menores Mauricio Valiente, director general de CEAR (Comisi n Espa ola de Ayuda al Refugiado), explica a elDiario.es que el hecho de que los menores puedan vivir en su entorno familiar es la primera consideraci n que hay que tener en cuenta, pero que tambi n prima tanto su opini n como su inter s superior. La reagrupaci n familiar es un derecho del menor. Lo que pasa es que detr s puede haber una expulsi n , afirma Valiente. En el caso de los siete menores argelinos llegados a Eivissa, cuyos expedientes tramita la Fiscal a, indica que se tienen que cumplir varias garant as. Que los menores viv an en un entorno familiar, que la familia los est reclamando y que no hay una situaci n de excepcionalidad que haya provocado su salida. Esto ltimo, sin embargo, tiene un margen de interpretaci n muy grande . Cu ndo se rompe el derecho a la vida en familia? Cuando hay una situaci n de explotaci n o persecuci n. El Estado de acogida tiene que valorar las circunstancias concretas de cada caso , valora Valiente. Adem s, habr a que escuchar tambi n a los menores para conocer qu ha motivado su salida . Es una situaci n un poco excepcional que hayan llegado en embarcaciones recreativas. Hay que estudiar cada caso concreto. En ltima instancia, los jueces espa oles tienen que revisar la situaci n de estos menores en caso de que se acordara esa reagrupaci n familiar , argumenta. Almudena Escorial, responsable de Incidencia Pol tica de la Plataforma de la Infancia, afirma a este diario, como Valiente, que hay que analizar el inter s superior de cada ni o , es decir, individualmente. Lo ejemplifica as : si unos padres reclaman a su ni a, pero quisieran casarla, habr a que tener en cuenta su bienestar por encima de la voluntad de sus progenitores. Aunque lo reclamen, si los derechos de esa ni a o su vida corren peligro, en ning n caso se deber a proceder a esa reagrupaci n familiar a su pa s de origen , asegura Escorial. La experta en derechos de la infancia insiste tambi n en que hay que analizar cada caso individualmente. Por tanto, no es posible expulsar colectivamente a 298 menores. As , cree que el hecho de que una familia reclame a ese ni o o ni a es un indicio de que va a estar bien, y de que se van a asegurar sus derechos, pero hay que analizar que no haya ninguna circunstancia que impida que esa situaci n se vaya a dar satisfactoriamente. En todo este proceso es importante que se escuche al ni o o ni a porque puede dar claves sobre si es aconsejable o no la repatriaci n , sostiene Escorial y a ade que la legislaci n contempla que para que se den esas garant as el menor tambi n tiene derecho a representaci n legal. En el caso de estos siete expedientes, la experta advierte de que la Fiscal a podr a descubrir que a lo mejor no es recomendable que alguno de ellos vuelva a su pa s de origen. En todo este proceso es importante que se escuche al niño o niña porque puede dar claves sobre si es aconsejable o no la repatriación Almudena Escorial — Responsable de Incidencia Política de la Plataforma de la Infancia No se puede hacer , insiste Escorial cuando se le pregunta sobre si se puede devolver a casi 300 menores a su pa s de origen. En este sentido, recuerda la devoluci n ilegal de menores desde Ceuta a Marruecos en 2021. El Supremo se ha pronunciado clar simamente y ha habido sentencias de todo tipo. No se puede devolver de manera colectiva sin analizar individualmente cada caso , advierte la experta. E insiste en que de nada sirve que haya un acuerdo de repatriaci n con el pa s de origen. Es decir, primero hay que localizar a la familia, despu s se abre un expediente, el ni o o ni a accede a un abogado, hay que escucharle y tener en cuenta su opini n, analizar el caso y, finalmente, tomar la decisi n. Es complejo , concluye. Fuentes complementarias de la Plataforma de la Infancia se alan a este diario que el retorno al pa s de origen solo es una soluci n duradera aceptable cuando se cumplen tres requisitos: coincide con el inter s superior del ni o; se puede asegurar el bienestar y la seguridad del menor en su pa s de origen y se respetan las garant as que exige la legislaci n (la ley de extranjer a y su reglamento, as como la ley de protecci n jur dica del menor). Plataforma de la Infancia señala que el retorno al país de origen solo es una solución duradera aceptable cuando se cumplen tres requisitos: coincide con el interés superior del niño; se puede asegurar el bienestar y la seguridad del menor en su país de origen y se respetan las garantías que exige la legislación Por otro lado, tanto Valiente como otros expertos consultados recuerdan que las relaciones entre Espa a y Argelia no son buenas. De hecho, no existen acuerdos bilaterales de devoluci n de migrantes entre ambos pa ses. Me extra ar a mucho que hubiera familiares identificados reclamando al resto de menores , reconoce el director general de CEAR e insiste en que las comunidades aut nomas tienen la obligaci n de ejercer la tutela en el marco de la ley. Desconozco las peculiaridades de la administraci n balear y los consells insulares, pero eso es un tema menor. Quien tiene la tutela no puede renunciar a ella. Mezclar un caso con el otro no tiene ning n sentido , opina. Valiente se refiere al caso de los siete menores reclamados por sus progenitores a diferencia de los otros 298 ni os y ni as a los que nadie reclama. En la misma l nea se ha expresado Ana Rosado, investigadora de la Frontera Sur en la Asociaci n Pro Derechos Humanos de Andaluc a (APDHA). Para que se d esa repatriaci n a los pa ses de origen tiene que existir un consentimiento expreso del menor y que los padres o la instituci n que tenga su tutela den su consentimiento y as se produzca esa repatriaci n , asegura Rosado. La investigadora recuerda que Espa a tiene que comprobar y garantizar que el sistema argelino es adecuado para esa acogida. Rosado, como Escorial, tambi n recuerda la devoluci n ilegal de menores desde Ceuta a Marruecos en 2021. Est n vulnerando los derechos de la infancia de una manera sistem tica. El principio de protecci n y no discriminaci n les da igual, para ellos prima la condici n de persona extranjera , lamenta la experta. Desconozco las peculiaridades de la administración balear y los consells insulares, pero eso es un tema menor. Quien tiene la tutela no puede renunciar a ella. Mezclar un caso con el otro no tiene ningún sentido [los siete menores reclamados por sus progenitores y los otros 298 niños y niñas a los que nadie reclama] Mauricio Valiente — Director general de CEAR El PP pide la devoluci n de los menores argelinos El Consell Insular, donde gobierna el PP con mayor a absoluta, anunci el 27 de octubre la inversi n de 1,2 millones de euros con el objetivo de garantizar la cobertura inmediata y adecuada de la atenci n de los menores no acompa ados que llegan a Eivissa. La propuesta responde a la necesidad de dotar de recursos extraordinarios a un servicio que se encuentra en una situaci n l mite como consecuencia del crecimiento continuado e imprevisible de llegadas , afirm la instituci n insular. En ese mismo comunicado, el Gobierno local pide a la Delegaci n del Gobierno en Balears que ampl e los tr mites de repatriaci n iniciados para siete menores de origen argelino y los haga extensivos a los 77 menores argelinos que se encuentran bajo su tutela. Adem s, el Consell Insular insiste en que la situaci n de los centros de acogida es insostenible y que es necesaria una actuaci n inmediata y coordinada con el Gobierno para garantizar una respuesta justa y equilibrada entre territorios . elDiario.es ha preguntado al Consell Insular cu l es la argumentaci n t cnica o jur dica que justifique el retorno de los otros 77 menores a Argelia, teniendo en cuenta que la instituci n ibicenca asume la tutela legal de los menores que se encuentran en situaci n de desamparo. Precisamente que con estos siete se haya iniciado un procedimiento de repatriaci n por parte de Argelia significa que ese procedimiento existe y exigimos que se aplique , responden las fuentes consultadas. Son menores y deben estar con sus padres , a aden. Carolina Escandell (PP), consellera de Bienestar Social del Consell Insular, explic el 18 de julio que Eivissa registra una ocupaci n del 231,25% en cuanto a las plazas espec ficas para menores migrantes. Es decir, se han multiplicado por cuatro en el ltimo a o. Estas cifras son insostenibles y demuestran que el sistema de acogida en Eivissa est en situaci n l mite , opin . La consellera del ramo reivindic que el Consell Insular se compromete firmemente con la protecci n de los derechos de la infancia y adolescencia, pero quiso advertir tambi n que esta responsabilidad solo se puede ejercer con garant as si se dispone de una financiaci n estable, una planificaci n coordinada y mayor coordinaci n institucional. La ley permite el reparto de migrantes La respuesta que exige el Consell Insular en cuanto a una actuaci n inmediata y coordinada con el Gobierno para garantizar una respuesta justa y equilibrada entre territorios ya existe, como ha recordado Mauricio Valiente, director general de CEAR, a este diario. Se trata del Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, de medidas urgentes para la garant a del inter s superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. Es decir, la normativa que aprob el Gobierno para la creaci n del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes en situaciones de emergencia. La modificaci n de esta ley permite sacar adelante un sistema de reparto para las comunidades que acojan a un n mero de menores que multiplique por tres su capacidad de acogida. Seg n explic A ngel V ctor Torres, ministro de Pol tica Territorial, el acuerdo permit a que las comunidades aut nomas, a trav s de la Conferencia Sectorial, tengan la posibilidad de modificar dichos criterios y los requisitos del acuerdo si as lo dictaminan de forma un nime. En tanto en cuanto se tiene acuerdo, si una comunidad aut noma, sea cual sea, multiplica por tres su capacidad ordinaria de acogida, esa regi n se podr declarar en contingencia migratoria . Esa comunidad trasladar su situaci n para que se activen los mecanismos marcados por este decreto-ley , afirm . Este mecanismo es, precisamente, el que recuerda Valiente que tienen las comunidades aut nomas para afrontar situaciones como la de Balears. Cuando se sobrepasa la capacidad de atenci n de menores, incide, se pueden repartir entre otras comunidades aut nomas . El PP se ha negado a desarrollarlo [el acuerdo] pero es una ley. Hay un mecanismo legal previsto , insiste el director general de CEAR. El presidente del Consell Insular d Eivissa, Vicent Mar (PP), quiere derogar esta ley. Seg n explic , su Ejecutivo apoya la estrategia acordada por el conjunto de instituciones de las Illes Balears (donde el PP gobierna con Vox como socio principal, menos en Eivissa y Formentera) que incluye la presentaci n de un recurso legal contra el decreto-ley que regula la acogida de menores migrantes y la petici n de su suspensi n cautelar. Reclam , adem s, m s colaboraci n de Frontex para frenar la ruta balear y exigi al Estado m s medios de seguridad y una actuaci n en origen, especialmente, con Argelia . Quien tiene las competencias para poder frenar esta crisis debe actuar de una vez , concluy .

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