abc - 14 days ago

El caso del profesor Luis N. L., represaliado por expresarse en castellano en un instituto catalán, no es un hecho aislado. Como él, decenas de docentes han denunciado hostigamiento por utilizar una lengua que es oficial en toda España y materna para millones de catalanes. Las advertencias, actas de vigilancia lingüística y marginación en el claustro son manifestaciones de una política que antepone el control identitario a la calidad educativa. La figura de los coordinadores LIC, convertidos en policías lingüísticos, evidencia la deriva coercitiva del Departamento de Educación de la Generalitat, ahora gobernada por los socialistas de Salvador Illa. Se exige el catalán como única lengua admisible, incluso fuera del aula, vulnerando la Constitución y sentencias firmes que reconocen el derecho a una educación bilingüe. Lo más grave no es solo la discriminación, sino el daño pedagógico. Impedir que un profesor use el idioma más eficaz para enseñar es sabotear el aprendizaje. Cataluña no necesita dogmas lingüísticos: necesita libertad, respeto a la ley y un sistema educativo al servicio del alumno, no del nacionalismo.

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