eldiario - 14 days ago

El informe de la UCO no halla en la actuación del expresidente canario ni uno solo de los indicios que han permitido procesar al exministro Ábalos en la compra de mascarillas al comisionista corruptoLa UCO menciona al ministro Torres para explicar la “influencia” que alcanzaron Koldo García y Aldama La avaricia no es delito . Con esta frase justificaba un fiscal Anticorrupci n su decisi n de no abrir una causa penal contra un empresario que consigui un lucro colosal durante la pandemia vendiendo a la administraci n cientos de miles de mascarillas a un precio desorbitado. Ese fiscal hab a investigado y archivado varios casos parecidos durante 2021 y 2022, como el que permiti al hermano de Isabel D az Ayuso y a su socio ganar un mill n de euros de beneficio tras vender a la Comunidad de Madrid 250.000 mascarillas compradas en China por solo 500.000 euros. Los delitos vinculados a la compraventa de mascarillas en pandemia que han permitido abrir causas penales tienen que ver con tres aspectos muy concretos del negocio: El pago de comisiones ilegales por parte del empresario vendedor a los funcionarios que adjudicaron los contratos, como el caso que afecta al exministro de Transportes, Jos Luis A balos, a su asesor principal, Koldo Garc a, y al denominado nexo corruptor, el empresario comisionista V ctor Aldama. El fraude fiscal de quienes no pagaron los impuestos debidos por el beneficio conseguido, como Alberto Gonz lez Amador, novio de la presidenta madrile a. La entrega de material defectuoso, como en el caso de Alberto Luce o y Luis Medina, comisionistas que vendieron material chino al Ayuntamiento de Madrid. La Fiscal a Anticorrupci n present en 2023 una querella contra Koldo Garc a y V ctor Aldama, quien logr diversos contratos a dedo, sin concurso ni competencia, para vender mascarillas al ministerio de Transportes, al ministerio del Interior, y a las comunidades de Canarias y Baleares. En esa querella, Anticorrupci n aclar que su acusaci n no ten a que ver con los contratos de mascarillas, sino con el hecho de que los beneficiarios del contrato hubieran repartido una parte de sus beneficios con quienes le hab an facilitado el negocio en el Ministerio: La contrataci n p blica efectuada en los contratos objeto de la denuncia no presenta irregularidades significativas, sin que se hayan detectado fallos como la falta de solvencia del adjudicatario en el cumplimiento de los requisitos exigibles en cualquier proceso de adjudicaci n de contratos p blicos por emergencia y COVID-19 . Y es que, en pandemia, saltaron todos los controles administrativos de la contrataci n mediante el decreto 463/2020 de 14 de marzo: A todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector p blico para atender las necesidades derivadas de la protecci n de las personas para hacer frente al covid-19, les resultar de aplicaci n la tramitaci n de emergencia sujeta a un r gimen excepcional que implica que los contratos objeto de esta no est n sometidos a la obligaci n de tramitar el expediente de contrataci n, sin tener que sujetarse el procedimiento de contrataci n a los requisitos formales establecidos en la mencionada ley . La interpretaci n de este decreto hizo que la Fiscal a Anticorrupci n archivase algunas investigaciones abiertas por venta de mascarillas que podr an resultar a simple vista escandalosas. El argumento de los fiscales era siempre el mismo: El material comprometido se entreg al precio estipulado y en las condiciones pactadas. Si el precio fue excesivo o no; si cobraron mucho m s de lo que pagaron en China por el material, son asuntos que no pueden ser perseguidos penalmente, porque las normas de contrataci n que reg an en aquellos meses, al inicio de la pandemia, permit an a los contratistas poner el precio que les diera la gana . Medios de comunicaci n afines al PP llevan meses alentando la teor a de que quienes fueron presidentes de Baleares, Francina Armengol, y Canarias, A ngel V ctor Torres, acabar an imputados en el caso mascarillas porque compraron estas protecciones al empresario V ctor Aldama, corrupto confeso, por mediaci n de Koldo Garc a, procesado en este caso junto a su jefe, el exministro de Transportes, Jos Luis A balos. El virus Aldama contamina todo lo que toca, seg n algunos. Pero la investigaci n no ha encontrado hasta ahora un solo indicio de que Torres o Armengol cobraran comisiones por facilitar ese contrato de mascarillas al comisionista que supuestamente soborn al exministro A balos, y a su asesor, Koldo Garc a. Contratar a Aldama en pandemia no era ilegal, ni puede ser delictivo, salvo que haya otros detalles en la operaci n como el pago de comisiones ilegales a quienes facilitan el negocio. Que la Comunidad de Madrid comprara mascarillas en lo peor de la pandemia con el hermano de la presidenta Isabel D az Ayuso al triple del precio pagado por el material en China fue legal. La avaricia no es delito.

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