abc - 7 hours ago

El Gobierno central, a través de la ministra de Sanidad, Mónica García, ha reducido hoy el plazo de tres meses a uno que concedió a varias autonomías, entre otras Aragón, para implantar un registro de profesionales sanitarios objetores al aborto. García ha anunciado en el Consejo de Ministros celebrado este martes 14 de octubre que Madrid, Baleares y Aragón cuentan ya con un requerimiento formal que las obliga a disponer cuanto antes de esta «herramienta esencial» para garantizar los derechos de los profesionales sanitarios y de las mujeres que vayan a interrumpir sus embarazos. «No es algo opcional ni una ocurrencia, es una obligación legal», ha repetido García. Si no, se acudirá a los tribunales, ha detallado la responsable de la cartera. «Después de este requerimiento, pasado un mes, tenemos dos meses de plazo para acudir a los tribunales y plantear un Contencioso-Administrativo para que un juez les obligue a cumplir la ley». García ha hecho repaso: «Son tres comunidades que no han hecho nada, pero sólo la Comunidad de Madrid ha sido la más explícita en su incumplimiento de la ley«, ha continuado García. Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana e Ingesa (en lo correspondiente a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) ya tiene el registro según lo acordado el 16 de diciembre de 2024 el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adoptó, de manera unánime. Además, se ha identificado que tanto Andalucía como Asturias se encuentran en fase de tramitación. La ministra ha enviado su misiva, en el caso aragonés, al consejero popular de Sanidad, José Luis Bancalero. La Consejería ha confirmado que la carta obra ya en poder del responsable autonómico. En respuesta a la ministra, el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón confirma que «ya ha iniciado los trámites para la creación de dicho registro y lo hará dentro de plazo». No obstante, el consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero Flores, se ha preguntado a qué obedecen las prisas: «Por qué es justo ahora cuando en menos de diez días (el día 6 y el día 14 de octubre) desde el Gobierno de Sánchez se envían dos cartas para solicitar prácticamente lo mismo, y por qué se pide la creación del registro en este preciso momento, cuando es una exigencia que ya existía cuando el PSOE gobernaba en Aragón». El consejero lamenta que se haga en este momento cuando ven un interés de Sánchez en «desviar la atención de otras cuestiones y casos en los tribunales muy graves». Además, Bancalero también «plantea un problema donde no lo hay. Existe un voto particular de un magistrado del Tribunal Constitucional que afirma que la creación de un registro no es necesaria para garantizar a las mujeres la prestación sanitaria de interrupción del embarazo, que parece ser la finalidad pretendida. Hasta ahora las mujeres han podido acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Aragón sin ningún obstáculo, por lo que pido al Gobierno de Pedro Sánchez y de Mónica García que, primero, se lean los datos de los que dispone el Ministerio de Sanidad sobre la IVE en el sistema público -y que Aragón envía con total transparencia-, para que vean que en esta comunidad no existe ningún problema«. Bancalero emplaza a García a resolver problemas estructurales que tiene el sistema sanitario español y que van a agravarse en los próximos años. En sus declaraciones, Bancalero cita «la falta de profesionales, especialmente por las jubilaciones previstas, y la necesidad de más financiación en las regiones para ofrecer una sanidad del siglo XXI. Algo especialmente necesario en un territorio como Aragón: con poca población, dispersa en un territorio muy extenso». Por último, Bancalero ha desafiado: «Me llama la atención que ningún dirigente de la izquierda política hable de estas dos cuestiones esenciales para garantizar de forma real la mejor asistencia sanitaria pública a los aragoneses».

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