Thursday 15 April 2021
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eldiario - 1 month ago

La Junta de Castilla y León obliga a las asambleas feministas de León, Segovia y Soria a identificar a las asistentes a sus manifestaciones

La Junta de Castilla y León obliga al menos a tres organizaciones feministas de León, Segovia y Soria a suministrar información esencial para la trazabilidad de contactos de los asistentes que acudan a las manifestaciones del 8M y por ello les exige mantener el control de la identificación de esas personas a través de un registro de asistentes donde consten sus datos de contacto . Esta exigencia se recoge en tres informes de cada Servicio Territorial de Sanidad de la Junta en cada una de estas provincias y que se ha remitido a cada Subdelegación del Gobierno y de ahí a cada colectivo en contestación a su comunicación.Los tres informes son prácticamente calcados. En el caso de Segovia se detalla que resulta imprescindible intentar evitar el incremento de riesgo asociado a la concentración de personas y argumenta que en el momento actual hay declarados en Segovia 29 brotes activos que mantienen en aislamiento a 223 personas confirmadas y en vigilancia epidemiológica a más de 660 personas hasta la finalización de la cuarentena y que el nivel de riesgo en la provincia de Segovia es muy alto , algo que aparece en mayúsculas. Recuerda que la incidencia acumulada en 7 días es de 63 positivos por cada 100.000 habitantes y de 175 en 14 días, motivo por el que se adoptaron medidas excepcionales además de las del nivel 4. Estas medidas (cierre del interior de la hostelería, gimnasios y centros comerciales), aunque no lo dice el informe, se levantan precisamente este lunes 8 de marzo. Quienes entren a un restaurante a comer no tendrán que identificarse pese a compartir un espacio reducido con otras personas y sin mascarilla pero las feministas que se concentren al aire libre, sí.Según Sanidad, en la manifestación feminista de Segovia se supone que habrá una concentración de personas, previsiblemente de varias procedencias, que en las actuales circunstancias pueden propiciar un riesgo sanitario importante y la clasifica como de riesgo extremo en atención a la ubicación, las características, el número previsto de participantes o la duración. Sin embargo, en Soria, la provincia con mayor incidencia acumulada a 14 días en toda España, el riesgo que ve el Servicio Territorial de Sanidad no es extremo sino muy alto y eso a pesar de que triplica el número de casos de Segovia.Por contra, las concentraciones en Valladolid, la ciudad con más población de Castilla y León, y en la que convocarán la Asamblea Valladolid 8M por un lado y la Coordinadora de Mujeres por otro, el asunto se ha resuelto sin que el Servicio Territorial de Sanidad se pronuncie. La incidencia de casos en Valladolid es casi la misma que en Segovia, según el portal de datos de la Junta de Castilla y León. En unas provincias hay que identificar y en otras no.Pero, además de esa falta de criterio único respecto a las manifestaciones, la exigencia de identificar a las asistentes es todo un problema que las asambleas no saben como abordar. En Segovia se prevé que acudan unas 600 personas y está por determinar en qué momento se las identifica, con qué argumentos y cómo asegurarse de que están todas cuando se trata de una manifestación en la que las asistentes pueden unirse en distintas partes del itinerario marcado, y lo que es más importante: se desconoce cómo actuar respecto a la protección y custodia de datos personales. Hay una duda más y es si es lícito identificar con nombres y apellidos a quienes ejercen su libertad de manifestarse.La Junta de Castilla y León sí se ha posicionado recomendando no asistir a las manifestaciones, algo que no ha hecho con las que durante meses han llevado a cabo los hosteleros de la Comunidad, hastiados de los cierres, del adelanto del toque de queda y del cierre a las 20.00 cuando el Supremo suspendió la medida. Entiendo su malestar y respeto su derecho a manifestarse , dijo el vicepresidente, Francisco Igea, en varias ocasiones. A pesar de la recomendación de no asistir a las concentraciones del 8M, el vicepresidente precisaba el pasado jueves que es potestad de la Delegación del Gobierno y no de la Junta la prohibición. Obvió en ese momento los informes y exigencias de algunos Servicios Territoriales de Sanidad que dificultan la gestión de esas manifestaciones.


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