Saturday 17 April 2021
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eldiario - 2 month ago

El veto del PP a Unidas Podemos frustra la renovación del Poder Judicial

Todo roto. Otra vez. Es imposible . El Gobierno dio por rota la negociación con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a las 00:22 horas del viernes tras una jornada intensa de negociaciones. El primer intento había fracasado. Las conversaciones que arrancaron la semana pasada tras una llamada telefónica entre Pedro Sánchez y Pablo Casado dieron sus frutos para la elección del Consejo de Administración de RTVE, que se votó con éxito este jueves. Pero la actualización del resto de instituciones se vuelve a frustrar. El veto del PP a las propuestas formuladas por Unidas Podemos para el órgano de gobierno de los jueces ha dinamitado las posibilidades de acuerdo. El Gobierno y el Partido Popular han mantenido contactos telefónicos y reuniones durante el día de hoy para intentar alcanzar un acuerdo para la renovación del CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos. Ambas partes constatan que existen escollos que han impedido alcanzar un pacto , afirmaba el comunicado enviado por la Secretaría de Estado de Comunicación pasada la medianoche. Moncloa lo daba todo por roto. ¿El motivo? Nuestras líneas rojas y las suyas son irreconciliables , admiten fuentes gubernamentales. El PP rechazó la entrada en el CGPJ de los dos nombres propuestos por Unidas Podemos: Vicky Rosell, actual delegada del Gobierno contra la violencia machista, y el magistrado Ricardo de Prada, quien ya fuera propuesto por el PSOE y a quien se le atribuyen los pasajes de la sentencia del caso Gürtel que dieron por acreditada la caja B del PP y que provocaron la moción de censura contra Mariano Rajoy. Llegado ese punto el PSOE se encontraba en una encrucijada: aceptar la negativa de los de Pablo Casado a los nombres que planteaban los de Pablo Iglesias en aras de lograr un acuerdo o mantener la propuesta previamente pactada en el seno de la coalición. Unidas Podemos sostuvo desde que se retomaron las negociaciones que no aceptarían vetos a sus candidatos. No obstante, fuentes conocedoras de las conversaciones aseguran a elDiario.es que los de Pablo Iglesias llegaron a aceptar que solo estuviera De Prada. Pero el no del PP se mantuvo.  En las filas socialistas siempre ha habido reticencias a llevar a cabo esa modificación legislativa que se presentó como fórmula para presionar a Casado y se congeló apenas una semana después con el pretexto de darle una nueva oportunidad, tras su viraje durante la moción de censura de Vox. La aspiración de Pedro Sánchez siempre ha sido lograr un acuerdo con el PP, de ahí que la oferta para el reparto del órgano de gobierno de los jueces sea generosa para los conservadores, que tendrían más asientos de los que proporcionalmente les corresponde de acuerdo a la composición del Parlamento. En Unidas Podemos sí creen que esa “hoja de ruta” que se marcó, y que el presidente del Gobierno “congeló” para intentar atraer al PP a un acuerdo. Fuentes del grupo confederal apuestan por “pasar a la segunda fase” y aprobar el mecanismo para “desbloquear nombramientos” por mayoría absoluta, en lugar de los tres quintos actuales. Mientras tanto, la reforma que sí ha encauzado su tramo final en el Congreso, aunque todavía debe pasar por el Senado, es la que prohíbe a un CGPJ con el mandato caducado, como el actual, hacer ningún tipo de nombramiento. En Unidas Podemos sostienen que el riesgo de que un Poder Judicial de mayoría conservadora siga posicionando a jueces al frente de los tribunales se desvanece con esa reforma, por lo que la capacidad de presión del PP también se vería mermada. Esa reforma sí cuenta con el respaldo del PSOE y del resto de partidos del bloque de la investidura, por lo que su aprobación se da por seguro.A pesar del veto a Rosell y De Prada, los socialistas se mostraban este jueves esperanzados en poder conseguir un acuerdo que está esta vez más cerca que nunca desde que el anterior saltó por los aires en 2018 tras un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Juan Ignacio Cosidó, jactándose de controlar “por detrás” la sala más delicada del Tribunal Supremo. De hecho, Moncloa mantenía abierta la negociación. También el PP allanaba el relato hacia el acuerdo tras meses de bloqueo. Nuestra apuesta es el acuerdo, y así lo hemos trasladado durante esta legislatura con propuesta de pactos de Estado en materia sanitaria, judicial, económica y social , decía la dirección a todos sus cargos a través de un argumentario favorable al entendimiento con el PSOE –el único interlocutor de los dos partidos que conforman el Gobierno al que reconoce Pablo Casado–. Después de dos años de ataques indiscriminados contra un Ejecutivo al que siempre calificaron de ilegítimo por su pacto con Unidas Podemos, tras la debacle sufrida en Catalunya –el PP obtuvo allí el peor resultado de su historia– y las críticas de algunos de los principales barones a la estrategia de Casado, los populares tratan ahora de poner en valor su capacidad de negociación tras el acuerdo alcanzado el miércoles para renovar el consejo de RTVE y ante las conversaciones sobre el CGPJ.Fuentes de la dirección popular celebraron la renovación de la radiotelevisión pública al considerar que habían logrado colocar a todos los afines que pudieron en el nuevo consejo y tratando de restar importancia al hecho de que algunos de los integrantes pactados fueran propuestos por Unidas Podemos o PNV. Nuestro acuerdo es con el PSOE y seguiremos negociando con este partido para alcanzar un acuerdo que permita el desbloqueo de los órganos constitucionales e institucionales , explican desde el equipo de Casado. La cosa está encaminada , aventuraban miembros de la dirección del PP este miércoles, en el Congreso que, preguntados por la posibilidad de que el acuerdo para el CGPJ estuviera encallado por su veto a los magistrados propuestos por la parte del Gobierno de Unidas Podemos, las fuentes populares consultadas consideraban que para que algo no encalle en los últimos momentos de la negociación es mejor no dar muchos detalles a los medios, para facilitar así la confianza con sus interlocutores. Sobre la especulación de los distintos nombres que se incluyen en las quinielas para la renovación del CGPJ pero también de otros órganos constitucionales como el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional, desde el equipo de Casado insistieron: Hasta que no haya un acuerdo oficial es mejor no especular sobre los nombres”.La justificación del veto del PP a Rosell es la relación de la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género con Unidas Podemos, Rosell fue diputada de Podemos por Las Palmas en la primera legislatura de 2016, pero tuvo que dimitir acosada por un supuesto escándalo que luego se demostró un montaje de otro juez, Salvador Alba. El veto del PP por la filiación política de Rosell se produce a pesar de que las puertas giratorias entre la política y el CGPJ han sido una constante amparada por el bipartidismo en las últimas décadas: exdiputados, ex altos cargos autonómicos e incluso un exministro han formado parte del órgano de gobierno de los jueces, informa Elena Herrera. El propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, fue vocal en el CGPJ del 2001 al 2008 (el mandato se alargó dos años por el bloqueo del PP a la renovación) tras haber sido director general en la Junta de Andalucía. En ese mismo periodo, el PP colocó a José Merino Jiménez, que ocupaba el mismo cargo en la Comunidad de Madrid. En el siguiente mandato eligió al que había sido consejero de Justicia con Francisco Camps en la Comunidad Valenciana, Fernando de Rosa. El exministro socialista de Presidencia (1982-1986) Javier Moscoso del Prado y Muñoz también tuvo un asiento en el Poder Judicial entre 1996 y 2001. Álvaro Cuesta, actual vocal, fue diputado y concejal socialista en Oviedo. Pero ese modus operandi no se ha limitado al bipartidismo, sino que PNV y CiU, que son las formaciones que tradicionalmente han entrado en el reparto, también tiraron de los suyos: Margarita Uria y Ramón Camp, parlamentarios de esas formaciones, respectivamente, se sentaron en el CGPJ de 2008 a 2013. Años antes lo había hecho el exdiputado nacionalista vasco Emilio Olabarría Muñoz. Otro caso paradigmático fue el de la exdiputada de CiU Mercé Pigem, que dimitió del actual consejo tras ser encontrada en la frontera con Andorra con 9.500 euros.


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