abc - 3 days ago

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha apostado este martes en el Senado por una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Público que se acomode a la reforma de la Ley de Enjuciamiento Criminal que va a dar la instrucción al fiscal. Así, ha reconocido que hay que fortalecer la autonomía funcional, orgánica, normativa y económica del Ministerio Público. «Resulta inexcusable alcanzar mayores cuotas de autonomía respecto al Ejecutivo», ha dicho la exministra de Justicia. A su juicio, hay que acabar con la imagen «suspicaz» que se tiene de la Fiscalía como «agregada» al Ministerio.   De igual forma, quien hasta hace un año ostentaba la cartera de Justicia no se opone a que se refuerce el sistema de nombramiento del propio fiscal general del Estado, después de que haya sido cuestionada su propia idoneidad tras dar el salto desde el Ministerio de Justicia. Aunque ya está consagrada la inamovilidad del fiscal general y tiene un tiempo de mandato mínimo tasado, se pueden establecer «cautelas adicionales», como mayor transparencia en la elección del candidato, que sean propuestos varios o incluso la participación en el proceso de la sociedad civil, ha dicho... En cualquier caso, ha asegurado que es «inviable e imposible dar instrucciones a un fiscal al margen de la legalidad». Delgado ha hecho estas consideraciones durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado, donde ha presentado con retraso las memorias de la Fiscalía relativas a los ejercicios 2018 y 2019. Para la fiscal general, esta dilación es consecuencia de las especiales circunstancias que se están viviendo en España tras la irrupción de la pandemia. «La fiscal general no huye de esta Cámara. Durante mis más de treinta años de ejercicio profesional lo he tenido claro: el Ministerio Fiscal se debe al ciudadano», ha dicho en respuesta a la acusación del PP de que ha pospuesto su comparecencia para no hablar del indulto. «Filtrar y maniobrar» Fue la única vez a la que aludió (y no de forma explícita) a los populares. Ni sobre esa esa medida de gracia a los presos del «procés» ni sobre ningún otro de los asuntos que puso sobre la mesa el portavoz de Justicia del PP, Fernando de Rosa respondió Delgado en la Cámara Alta. El senador se había mostrado especialmente duro con la fiscal general en su turno de preguntas, en el que aludió a su relación con Garzón y Vil a las anotaciones relativas a la «complicidad» de Delgado con el comisario que, como adelantó ABC, éste dejó reflejada en su a la actuación de la Fiscalía respecto a las querellas presentadas contra miembros del Gobierno por la gestión del C al recurso del Ministerio Público contra el tercer grado de los presos del «procés» una vez pasadas las elecciones catalanas, al «ninguneo» al Consejo Fiscal o incluso a su decisión de no defender al juez Llarena cuando era ministra de Justicia y el magistrado fu demandado por Puigdemont. «Usted se dedica a filtrar, a maniobrar (...) Su función es la defensa del principio de legalidad y no reinterpretar, trastocar, desfigurar y forzar la ley (...) Usted trabaja para el Gobierno (... ) Ruego que transmita todas estas inquietudes a su jefe, el que manda en la Fiscalía; sea independendiente, vele por a defensa de la legalidad y deje a un lado sus amistades peligrosas. Si no es así, váyase!«, le espetó De Rosa. Sí contestó Delgado a inquietudes comunes al resto de grupos parlamentarios, como la relativa a la reforma de los delitos de expresión que propone el Gobierno. A su juicio, las expresiones vertidas en las redes sociales en el marco del terrorismo yihadista inducen a la violencia y «nada tienen que ver con delitos de expresión», «conflictos» que la fiscal general apuesta por resolver con «justicia restaurativa». Conseguir el perdón de la víctima o con trabajos en beneficio de la comunidad pueden sustituir penas de prisión, ha dicho. «Pero es a ustedes a quien compete la responsabilidad de decidir nuestras normas». Ha recordado también que la Fiscalía de Barcelona ya hace tiempo que propuso la modificación del régimen punitivo de los delitos de odio, en los que en 2019 la ideología supuso el 39,9 por ciento de los procedimientos abiertos, seguidos por el origen racial, identidad sexual y, por último, la religión. Hubo alusiones también durante el turno de los portavoces parlamentarios a las investigaciones abiertas por la Fiscalía, y no judicializadas, a Don Juan Carlos. Y también a su papel en el 23-F, en el que «no es creíble la versión oficial». «Se está blanqueando a la Monarquía en un acto vergonzoso», ha dicho Carles Mullet, de Izquierda Confederal. Este mismo senador ha recordado que su hay que ilegalizar al PP porque es una «organización delictiva».

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