Friday 26 February 2021
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abc - 3 days ago

La ley que simplifica los trámites administrativos vuelve a evidenciar el «no» permanente de la oposición

El debate del dictamen sobre la proposición de ley de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica, que saldrá adelante únicamente con el voto del Grupo Popular, con BNG y PSdeG en contra, ha vuelto a evidenciar este martes, en el Pleno de O Hórreo, la brecha entre el grupo mayoritario y la oposición. Se ha seguido el mismo guión, la misma tónica, de los últimos meses. Por parte de nacionalistas y socialistas, batería de reproches a la forma en que se tramitó el proyecto (presentado por el Grupo Popular, para acortar plazos), con acusaciones de haber sorteado el control (asesoría jurídica, CES) y el co y a su contenido, especialmente por parte del Bloque, que ve en la pandemia una «coartada» para favorecer a «grandes empresas». «Vamos a seguir con nuestra tarea, con ustedes o sin ustedes. Eligieron quedarse fuera de juego. Allá ustedes», ha replicado Miguel Tellado, secretario general del PPdeG. La ley se articula en tres ejes: el fundamental busca agilizar los trámites de la Administración, para «cambiar la cultura administrativa» en Galicia, al calor de la reactivación tras el impacto de la pandemia del Covid, acortando plazos y evitando duplicidades y solapam de forma complementaria, se articula el apoyo a empresas y profesionales, con la meta de lanzar proyectos y captar inversores, con especial foco en fomentar la implantación en el rural, incluyendo beneficios fiscales y apoyo individua y como tercera pata, los fondos europeos, definiendo el concepto de proyecto tractor y concretando un modelo de planificación, gestión y control de los fondos. El pasado 26 de noviembre, al presentar el proyecto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advertía de que se trata de un cambio de modelo que «viene para quedarse». Recordaba que «todas las crisis traen oportunidades», y apelaba a «hacer fortaleza de las dificultades», impulsando una Administración «más ágil» y que «acompañe al inversor», que sea «útil» en toda la tramitación de un proyecto, sin «poner trabas a los emprendedores». Asumiendo que «va a haber un enorme estrés administ lo sabemos». ¿Por qué? Porque los plazos se acortan notablemente, fijando, como norma general, tres meses para tramitar procedimientos, al cabo de los cuales, si no hay un informe definitivo, se entiende que el silencio es sinónimo de que se acepta favorablemente y sigue adelante. Si se requiere de varios informes, se pedirán de forma simultánea, durante esos tres meses. Ponía ejemplos Feijóo. Un proyecto de generación eléctrica en un polígono industrial: hasta ahora, 28 a partir de la nueva ley, un año como máximo. Un parque eólico que ahora tarda dos años también se reducirá al marco de un año. Y los 39 meses de media de una línea eléctrica de transporte, lo mismo: 12 meses como tope. «Están en otra órbita y en el siglo XIX» «Otros preferirían presentar en la Cámara la ley de ralentización administrativa de Galicia», ha reprochado este martes Tellado, en alusión al BNG; al que ha acusado de querer promover, en paralelo, el «intervencionismo público de la república popular de Galiza». «Están en otra órbita y probablemente en otro siglo, pero no en el pasado, en el XIX». Lo que buscaba el Bloque con sus enmiendas, todas rechazadas, era «ralentizar, dificultar y espantar inversores». «Ustedes tienen una desconfianza patológica del sector privado», ha censurado. «Caminan hacia atrás, hacia la autarquía gallega». Más aún, les ha echado en cara que propugnen, aunque les incomode, un «modelo económico idéntico al franquismo de los primeros años», con exceso de proteccionismo y aislamiento, y de espaldas a Europa. Ha habido más para el BNG, al que Tellado ha recriminado ser «precursores del vuelva usted mañana», y permanecer instalados en la creencia de que «una Administración lenta es garantía de algo», por vivir en una «realidad ensimismada», ajena a «la inmensa mayoría de los gallegos», «confinados con ustedes mismos». «Son negacionistas. Niegan a Galicia cualquier posibilidad de recuperación, niegan todo. Están en contra de la ley de salud pública, en contra de la ley de simplificación administrativa, en contra de gestionar nosotros mismos los fondos europeos (...), en contra de toda iniciativa privada. Están en contra de todo. Son los negacionistas de Galicia», ha lanzado. A los socialistas les ha recordado que el Gobierno central «gobierna a golpe de Real Decreto», y ha comentado que «escuchar al PSOE hablar de oscurantismo» requiere de «tener valor», cuando el reglamento de los fondos europeos, del que ha criticado adelante su opacidad, lo sacaron adelante con Vox en el Congreso. Yendo al contexto de O Hórreo, ha reprochado que propusieron sentarse para negociar las enmiendas pero «Gonzalo Caballero no quiso y no dejó. Si la ley no fue pactada con el PSOE fue porque Gonzalo Caballero es víctima de sus propias líneas rojas». Además de censurar el «pataleo» en el que se mueven los grupos de la izquierda gallega, en lugar de «colaborar lealmente con el Gobierno» autonómico, Tellado ha dejado un recado: «Galicia decidió el 12-J no necesitar ni a Gonzalo Caballero, ni al PSOE ni al BNG para salir de la pandemia». Caballo de Troya del Ibex-35 Por parte del Bloque, Noa Presas ha asegurado que «disfrazado de agilización administrativa», el proyecto legal «es en realidad un caballo de Troya para que la llamada reactivación económica sea traducida en un modelo económico, consistente en el feudalismo de las grandes empresas y el vaciado del sistema público». El PP, ha proseguido, abraza «la más absoluta desregulación económica e industrial» y «ahonda en un modelo» del que la pandemia «mostró sus debilidades». En la misma línea, Presas ha asegurado que «el PP legaliza la barra libre para regalar recursos naturales a grandes fondos de inversión» con la sociedad «cada vez con menos margen» de actuación, como parte un «modelo depredador que lo único que busca es servir a los intereses del Ibex-35». La Xunta, ha acusado la diputada nacionalista, sigue instalada en el «pasado», recluida en la «torre de marfil» de San Caetano y en una «deriva autoritaria», que busca «decidirlo todo» desde el Consello. Para la socialista Matilde Rodríguez Rumbo, se trata de una propuesta normativa «poco trabajada, que elude los debates y la búsqueda de consensos y no incide en los problemas estructurales del sistema productivo gallego». Una ley, ha abundado, que supondrá «seguir la misma línea» que hasta ahora, la del «fracaso empresarial». Creen acreditado el PSdeG que se ha errado a la hora de favorecer que se implanten empresas en la Comunidad. Y que la ley de simplificación es más de lo mismo. En palabras de Tellado: «Si no están dispuestos ahora, en el peor momento en décadas, cuándo van a ser colaborativos. Cuándo van a hacer una oposición constructiva. Probablemente nunca».


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