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Nueva Pescanova comunicó ayer que convocará en breve «a sus socios y acreedores para realizar una capitalización de deuda voluntaria», con el único fin de «asegurar la viabilidad futura de la compañía y el cumplimiento de su plan de negocio». Es la respuesta de la multinacional a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Pontevedra dictada el pasado 17 de enero, y por la que se anula la homologación judicial del acuerdo de refinanciación de la deuda de la sociedad, alcanzada en agosto del pasado año. Entiende la justicia que en las votaciones de dicho acuerdo no se respetaron las mayorías exigidas por ley. La refinanciación consistía en la conversión en capital de una parte significativa de la deuda que todavía arrastra la compañía surgida tras el concurso de acreedores de Pescanova S.A. (unos 643 millones de euros), y después de que un 35% ya se capitalizara en 2017. Sin embargo, varios fondos de inversión y la antigua Pescanova recurrieron la homologación. En su argumentación, los fondos Broadbill, QP Capital y DuPont —calificadas por Nueva Pescanova como «fondos buitre» especializados «en la toma de posesión de empresas en crisis a precios muy bajos» con objetivos no siempre coincidentes al mantenimiento de su actividad— alegaban que Abanca habría estado sobrerrepresentada en las votaciones para el acuerdo de la refinanciación. La entidad financiera, que desde marzo ostenta el 80% del capital de la multinacional pesquera, habría hecho valer su mayoría para sacar adelante el acuerdo de refinanciación, cuando además cuenta con tres de los cinco integrantes de su consejo de administración. Según el juez, Abanca «puede considerarse sociedad dominante» dentro del grupo empresarial de Nueva Pescanova. Para el cálculo de su representatividad en la mencionada votación, debería haberse excluido «el pasivo financiero titularidad de Abanca», lo que habría llevado a que la refinanciación solo fuese apoyada por acreedores financieros «cn pasivos por valor de 200.000 euros a valor nominal o a 101.000 euros a coste amortizado», frente a los más de 114 millones de euros de valor nominal y amortizado que se opusieron. Por tanto, el magistrado Manuel Marquina considera que «no hay duda alguna de que el acuerdo discutido no fue suscrito por acreedores que representasen el 51% del pasivo financiero computable», como exige la ley, y por tanto anula la decisión adoptada. Viabilidad creíble Los fondos QP Capital y Dupont alegaban también que el acuerdo de refinanciación les exigía «sacrificios desproporcionados» en su condición de accionistas y acreedores, afirmando incluso el riesgo de su inversión dado que «los postulados del plan de viabilidad en que se basa no serían realistas». El juzgado desestima íntegramente estos argumentos. En primer lugar, reprocha a los fondos la contradicción argumental de sostener «que Nueva Pescanova sería viable aún sin el acuerdo de refinanciación, y al mismo tiempo, que no es viable aún a pesar de la reprobación de ese acuerdo». Respecto al plan de viabilidad, rechaza que el vigente deba desacreditarse por el hecho de que «anteriores planes no se han cumplido», ya que estos instrumentos empresariales «deben ser valorados en función de la situación existente en el momento en que se elaboran, atendiendo a si son realizables o no en función de las circunstancias concurrentes y de las previsiones futuras razonablemente esperadas». Por su parte, Nueva Pescanova ha destacado que la sentencia «señala que el plan de viabilidad respeta el principio de igualdad de trato y no impone un sacrificio desproporcionado a los acreedores (...), está justificado para salvaguardar la viabilidad futura de la empresa y su plan de negocio». De cara a la ampliación de capital voluntaria, la pesquera defiende que servirá para «sanear» la compañía «con unos fondos propios y robustos y la capacidad de desarrollar su negocio sin el lastre que supone la deuda actual», cifrada en 643 millones de euros.

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