Tuesday 29 September 2020
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abc - 2 month ago

«Absoluta» disconformidad en Madrid con el acuerdo de la FEMP

La reivindicación de los ayuntamientos para que el Gobierno central les autorizase a reinvertir el remanente de las arcas municipales en paliar la crisis sanitaria y social del Covid-19 ha sido implorado casi a diario por los principales alcaldes de España de todas las sensibilidades políticas. Por eso, la alternativa propuesta por el Ministerio de Hacienda, que fue aprobada ayer por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha generado un «absoluto» rechazo y disconformidad tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento de la capital y otros municipios de la región. La proposición de Hacienda provocó la ruptura de la unanimidad en la Federación, desde la que siempre se requirió el cambio necesario en la Ley de Estabilidad para poder sacar partido al superávit y evitar que a final de año esa cantidad -420 millones sólo en el caso de Madrid capital- fuesen a parar a amortizar deuda de forma anticipada. Ante el empate suscitado, el presidente de la FEMP, el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, tuvo que inclinar la balanza con su voto de calidad. Esta alternativa sólo ha sido avalada por los 12 votos socialistas. En frente tuvieron los 12 en contra del PP (10), Cs (1) y PdeCat (1). Por su parte, IU-Podemos se abstuvieron. Para disponer del remanente las corporaciones locales, deberán poner esa cantidad a disposición del Estado y éste se lo devolverá en concepto de crédito. En concreto, el Estado aportará 5.000 millones de euros -2.000 millones en 2020 y 3.000 millones en 2021- más intereses. Además, se aportarán hasta 400 millones para cubrir déficits de transporte en las ciudades y a ello se sumarían recursos procedentes del fondo europeo para la recuperación. El acuerdo también incluye que en este año no se aplicará la regla de gasto, por lo que no habrá una limitación en este sentido. Del lado del PSOE Para el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida (PP), con la votación de ayer se rompió el acuerdo adoptado por unanimidad hace unas semanas dentro de la federación y acusa al presidente de la FEMP de «ponerse del lado del PSOE y de Pedro Sánchez en lugar de los municipios». Lamenta que «el Gobierno de la Nación, en un momento en el que se requiere unidad, ha partido en dos a todo el municipalismo español, y este no es el camino». «El interés del Gobierno se concreta en intentar incautar los fondos de los ayuntamientos e imponer la condicionalidad. Exactamente lo contrario de lo que Pedro Sánchez pedía en la Unión Europea, que no se concidionaran las políticas, pues eso es lo que hace el voto de Abel Caballero, no alcalde de los alcaldes, sino del PSOE», subrayó. En la misma línea se manifestó la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), que criticó que en el acuerdo ha dado «igual» que la capital haya sido «una de las de ciudades más afectadas del mundo por la pandemia». «Si un Ayuntamiento quiere disponer de sus propios fondos tendrá que entregar obligatoriamente su remanente al Gobierno. Que ya nos lo devuelven en cómodos plazos (10 años). ¡La emergencia la tenemos ahora!», censuró. A lo que la portavoz socialista en el Ayuntamiento en materia de Economía y Hacienda, Enma López, le respondió: «Es la única fórmula legal. Además, el ayuntamiento recibirá en este mandato entre el 70 y el 90 por ciento de sus remanentes». «En 10 años, dependiendo de lo que hagáis, recibiremos hasta 150%», añadió. El de la capital no ha sido el único ayuntamiento regional que alzó ayer la voz. El primer edil de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz (PP), calificó la decisión de «incautación de los ahorros de los ayuntamientos». El regidor majariego tildó la medida de «injusticia» y de «castigo» a las administraciones responsables. Aunque no les influye de forma directa, el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez (PP), quiso brindar el apoyo de la Comunidad de Madrid a los ayuntamientos madrileños. «Confío en que la presidencia de la Federación Madrileña de Municipios, aunque esté en manos del PSOE, cumpla con su deber de defender los intereses del mundo local», afirmó el consejero, que pidió que «se rebele contra el acuerdo», que considera «un abuso y un acoso al mundo municipal».


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