Sunday 12 July 2020
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abc - 13 days ago

Afiliados del PP de Castilla y León piden expedientar a sus parlamentarios por respaldar una propuesta sobre el aborto

Una asociación de afiliados al Partido Popular de Castilla y León se ha dirigido al Comité de Derechos y Garantías de esta formación en la Comunidad al objeto de que abra expediente contra la totalidad del Grupo Parlamentario del PP por respaldar una proposición no de ley (PNL) del Grupo Socialista que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo «en todos los hospitales públicos» de la Comunidad. Se propone la suspensión de militancia por espacio de hasta seis años de los 29 parlamentarios populares, entre ellos del propio presidente del PP regional y presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su inhabilitación para el desempeño de cargos en el partido. La aprobación de la citada PNL, en sesión plenaria el pasado día 24 de junio, se ha traducido en la presentación de un escrito en nombre y representación de «Libertad y Principios», texto al que ha tenido acceso Europa Press y que finalmente ha sido registrado en Correos al acudir a la sede regional en María de Molina y encontrarla cerrada. Dicho colectivo representa los intereses de sus socios como militantes del PP en Castilla y León y tiene entre sus fines «la promoción de los principios liberal-conservadores como fundamento ideológico de la vida pública nacional. En particular, la defensa de la dignidad de la persona humana como eje central de la acción política». A su juicio, en los últimos días, los procuradores que integran el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes habrían incurrido, a su juicio, en, al menos, tres infracciones muy graves tipificadas en las letras e), f) e i) del art. 14.1 del Reglamento «que deben ser debidamente sancionadas por el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de Castilla y León para salvaguardar el interés general de esta organización política y de sus militantes». En su exposición de motivos, los promotores de esta iniciativa se refieren a los parlamentarios del PP como «infractores» y recuerdan que dieron el sí a una PNL de los socialistas que tenía por objeto, entre otras cuestiones, instar a la Junta a ampliar la cartera de servicios proveídos de forma gratuita por la Gerencia Regional de Salud, a fin de «incorporar la interrupción voluntaria del embarazo a la Cartera de Servicios de todos los centros hospitalarios públicos del Sacyl». La PNL incluyó finalmente una enmienda parcial de los populares para sustituir la expresión «incorporar la interrupción voluntaria del embarazo a la Cartera de Servicios de todos los centros hospitalarios públicos del Sacyl», contenida en la redacción original, por el texto «garantizar la interrupción voluntaria del embarazo» en los casos previstos por la legislación aplicable. Para los denunciantes, la iniciativa constituye una «declaración política flagrantemente» contraria a los Estatutos, Reglamentos y Documentos directores de la política del Partido Popular de España, de Castilla y León y de las provincias que la integran, ya que recuerdan el PP es un partido político contrario a la vigente configuración legal del aborto y, en concreto, a la «concepción de esta práctica, eufemísticamente denominada interrupción voluntaria del embarazo , como un derecho subjetivo». Irán al Comité Nacional Por tal motivo, interesan que el citado órgano solicite que devuelvan sus actas de procuradores en las Cortes de Castilla y León y permitan al Grupo Parlamentario Popular en dicha institución contar con integrantes afectos a los principios y fines de la organización estatutaria y congresualmente definidos. Igualmente, se plantea a Rocío Lucas, presidenta del Comité de Garantías y Derechos regional, que presente el escrito al presidente del Comité Ejecutivo Autonómico del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a fin de active el procedimiento para la extinción de la condición de militantes de dicha organización de los denunciados con arreglo a lo previsto en el citado precepto. La asociación Libertad y Principios está dispuesta a acudir hasta el Comité Nacional de Derechos y Garantías, en forma de recurso, en el supuesto de que no se atendieran sus pretensiones.


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