Wednesday 29 January 2020
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abc - 2 month ago

La oposición acorrala a Puig por beneficiar al grupo del que es socio

PP, Ciudadanos y Vox pidieron ayer que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, comparezca en las Cortes para dar explicaciones sobre todo lo relacionado con la condonación de deuda a un grupo del que es socio, una operación que contravenía cinco leyes, tal como informó ayer ABC. Ciudadanos solicitará la convocatoria de un pleno extraordinario en el Parlamento automómico, mientras que PP y Vox se mostraron dispuestos a apoyarlo. La líder de los populares valencianos, Isabel Bonig, señaló que estudiarán toda la documentación para decidir si acuden a la Justicia. «La voluntad en todo este tema era crear un gran grupo mediático dedicado a los intereses de Puig. Como presidente da dinero público a un medio en el que tiene acciones y votó un decreto que permitió la condonación de la deuda a una empresa de la que obtiene beneficios. Queremos las explicaciones políticas que todavía no ha dado», indicó. En la misma línea se pronunció el portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó: «Es una vergüenza que el máximo representante de los valencianos se niegue una y otra vez a dar la cara», señaló, a la vez que atacó a Compromís y Podemos por ser «cómplices» de todas estas polémicas. «Algo que esconder» Además, recordó que su grupo pidió una comisión de investigación que fue rechazada y una inspección exhaustiva de la Oficina de Conflicto de Intereses. «Sólo se niegan a investigar quienes tienen algo que esconder y eso en política se llama irregularidades o corrupción. Puig cobra un sobresueldo todos los meses como beneficio de unas acciones en un medio de comunicación en el que él pone publicidad institucional». Por su parte, la portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, Ana Vega, advirtió de que su partido «estará vigilante». «Está claro que existe un conflicto porque hay un interés económico y personal, lo que vulnera la imparcialidad a la hora de licitar los contratos. Puig adjudica los contratos, obtiene los beneficios y después condona la deuda, por lo que está clarísimo que todo esto se asemeja más una organización para delinquir que a un Gobierno», apuntó. También incidió en que el jefe del Consell se ha saltado «a la torera» el Código de Buen Gobierno de la Generalitat y «ni se molesta en ocultarlo». Por contra, fuentes oficiales del Gobierno valenciano negaron irregularidad alguna: «El president de la Generalitat no vulneró ninguna ley, ni en este ni en ningún caso». Insisten en que «el proceso por el cual de forma autónoma el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) vendió el crédito que mantenía con el Grupo Zeta cumplió con todos los requisitos legales y en él no tuvo ninguna intervención el presidente, Ximo Puig». Las mismas fuentes sostienen que «es igualmente falso que el decreto 38/2019, aprobado por el pleno del Consell el pasado día 15 de marzo, “autorizara al IVF a condonar varias deudas”. El citado decreto aprobó un reglamento de carácter general del instituto que regula, entre otras cuestiones, la gestión y alienación de bienes y derechos por parte de la entidad». El decreto que firmó Puig permitió al IVF condonar deudas, y hasta la fecha, solo se ha utilizado esa vía para la operación Pecsa-Grupo Zeta-Prensa Ibérica. Aun así, las citadas fuentes aseveran que no hubo incompatibilidad alguna por parte de Puig, ya que el informe de la Abogacía de la Generalitat «descarta que el president estuviera afectado por una causa de incompatibilidad o abstención». En la misma línea va «la Oficina de Control de Conflictos de Intereses (..), en el sentido de que no existe ningún conflicto de intereses en la actuación del president Ximo Puig». Los hechos Los hechos trascendieron el pasado verano. El jefe del Consell posee acciones desde 1984 en Promociones y Ediciones Culturales SA (Pecsa), propietaria de «El Periódico Mediterráneo» (diario líder en Castellón), por un valor contable de 177.886,8 euros (el 1,2% del total). Recientemente, el grupo Zeta, propietario mayoritario de Mediterráneo, fue adquirido por Prensa Ibérica, conformando de este modo el conglomerado mediático más importante de la Comunidad Valenciana y en el que Puig, por tanto, es socio. La compra de Zeta fue posible gracias a una quita de la deuda del 70% que perdonó, entre otras entidades, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con una condonación de 1,3 millones de euros. Acción que el banco público pudo realizar gracias a un decreto aprobado por el Gobierno autonómico que permitía hacer quitas sobre acreedores y que salió adelante en pleno con el apoyo expreso del propio Puig escasos días antes. A ello se añade que entre 2016 y 2018 -estando al frente del Ejecutivo valenciano- ha percibido unos dividendos derivados de dicha participación en Pecsa por importe 18.900 euros. Por otro lado, el Gobierno de Puig ha otorgado más de medio millón de euros en publicidad a Pecsa durante los últimos años. Prensa Ibérica (junto a «Mediterráneo») recibió 3,3 millones entre 2016 y 2018, la mayor parte desde Presidencia.


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