Friday 13 December 2019
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abc - 26 days ago

A vueltas con la «Bankia pública» y el silencio de los corderos

Vistos, sufridos y en el buen camino de haberlos podido dejar en el pasado los graves problemas económicos de España de los últimos años, se antoja de obligado cumplimiento que nuestros políticos hagan lo máximo posible para que -entre otras mil urgencias más- la reestructuración financiera española no tuviera más víctimas. Y no me refiero solo a los ciudadanos, que hemos padecido las consecuencias de dicha crisis con total crueldad, sino a las propias entidades del sector, que esta semana han sufrido como pocas el «abrazo del oso» entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y es que tras el repentino -para el resto de los mortales, para ellos fijo que no- preacuerdo entre ambos políticos de izquierdas para intentar formar Gobierno, saltaron todas las alarmas en algunas de las sedes sociales de grandes compañías españolas. Entre ellas, los bancos. Y los mercados visionaron rápido las incertidumbres creadas, en forma de inmediatas pérdidas de valor en las acciones de las entidades cotizadas, bajo temores que ellos creen están más que fundados. Nuestros banqueros temen que en el caso de que ese hipotético Ejecutivo de izquierdas termine por consagrarse, el PSOE acabará cediendo más de la cuenta a Podemos, lo que se traduciría en la práctica, por un lado, en un nuevo impuesto -el de transacciones financieras-, que terminaría por noquear a un sector bastante golpeado por los tipos negativos y por la constante rigidez regul y, por otro, en la conversión definitiva de una «Bankia pública» 100%, absoluta obsesión del líder de la formación morada, que lo incluye siempre en sus programas electorales. Incluso en forma de burda burla. Esta vez, en los propios sobres que incluían sus papeletas de voto para las últimas elecciones: «Esta carta no es de un banco...». No en vano, una de las señas de identidad de ser de izquierdas hoy en nuestro país, bajo el argumento de defender la conveniencia de reforzar el papel de la banca pública en el impulso de la economía, es el firme convencimiento de tener que crearla sí o sí, metiendo en un mismo paquete al ICO y a Bankia. Algo que sinceramente no sólo no ven conveniente desde ningún organismo regulatorio ni institución (ni en el BCE, ni en el Banco de España, ni en el FMI...), ni en las propias entidades, sino que a todos ellos les parece altamente contraproducente. Actualmente, el Estado sigue controlando el 61% de Bankia a través del Frob. Con Podemos instalado en el Gobierno, la privatización quedaría en el aire, y como consecuencia también otras posibles fusiones recomendadas insistentemente desde Europa, ya que la entidad está llamada a ser engullida por otras, como Sabadell o BBVA, con las que no podría competir de tú a tú ya nacionalizada. El programa electoral de Podemos insta de forma directa a paralizar esta privatización y a sustituir, con carácter inmediato, al responsable de su reflotación, su presidente , José Ignacio Goirigolzarri. Ambas actuaciones ni son fáciles ni tan simples de realizar por incluirlo en un programa electoral. Hoy, con la atenta mirada del Banco Central Europeo (BCE) en el cogote y dependientes absolutamente de las reglas de Europa, sustituir «en bloque» al consejo de administración de un banco es altamente improbable. Bajo el paraguas comunitario, el nombramiento de los consejeros y de los miembros de la alta dirección de una entidad financiera debe de obtener el visto bueno de Fráncfort, donde «Goiri» cuenta con el apoyo incondicional del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, antes de que los mismos puedan empezar a ejercer, un proceso que se conoce como «fit proper» y en el que se evalúan las aptitudes de los candidatos. Un proceso que se dilata mucho en el tiempo, por lo que se antoja complicado descabezar durante meses uno de los mayores bancos del país. ¡Y si alguno cree que cualquier político (y me viene a la cabeza, por ejemplo, y sin maldad, el socialista Miguel Sebastián, que se presta diligentemente a cualquier mandato del partido), sin formación financiera o idoneidad curricular para Europa puede hoy formar parte de un consejo de administración de un banco europeo son mucho más ilusos de lo que ya todo hijo de vecino cree que son! Además, la que está llamada a ser la vicepresidenta económica del nuevo Gobierno, Nadia Calviño -mal que le pese a Iglesias-, es sin duda otro cortafuegos a las pretensiones de Podemos respecto a sus planes sobre Bankia. Calviño, que en esto cuenta con el respaldo total desde Fráncfort de su en otros tiempos homólogo en el Gobierno del PP, tiene muy clara la estrategia respecto a la privatización: que siga revirtiendo dividendos al Estado mientras se confía en que suba su valor en bolsa una vez se recuperen los tipos de interés y venderla al mejor postor. En cualquier caso, el problema no es tanto que un banco sea de propiedad pública o privada, sino si se gestiona con racionalidad económica -tal y como está haciendo en la actualidad el actual equipo directivo de Bankia- o bien se supedita a directrices de tipo político. Y, por cierto, en España, la última vez que se utilizó el ICO como banco público se financió el desastroso Plan E del anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez-Zapatero, que también dio préstamos directos a empresas y autónomos que no encontraban recursos por otra vía. El resultado fue una pérdida de cerca de 8.000 millones de euros. Para evitar males mayores en Bolsa, y de futuro (la «quiebra» estaría acechando dependiendo de su utilización) el Gobierno -aún en funciones y sin un acuerdo en firme con los morados- debería cortar de raíz esa posibilidad de una Bankia pública. Cuando uno calla, dicen que otorga. Algo que otros empresarios deberían también hacérselo ver. Silban y miran a otro lado, pensando que mientras los políticos fijan su atención en la entidad de «Goiri» ellos están a salvo. Pues o hablan ya o callarán para siempre.


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