Tuesday 23 April 2019
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abc - 28 days ago

Admitida a trámite la denuncia contra la Mesa de las Cortes por la Ley de caza

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha admitido a trámite la denuncia penal presentada por Ecologistas en Acción contra los miembros de la Mesa de las Cortes por los presuntos delitos de prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales e impedimento del ejercicio de derechos cívicos, al haber admitido la Proposición de Ley presentada por los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Ciudadanos para que se pueda cazar en Castilla y León. Dicha propuesta saldrá adelante previsiblemente mañana en la celebración del último pleno de la legislatura. Los partidos políticos presentaron esa iniciativa, que ya fue tomada en consideración en el anterior sesión plenaria, tras la medida cautelar adoptada por ese mismo tribunal de la suspensión del último decreto por el que se regula la conservación de especies, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional que en la práctica supone la p rohibición de la actividad cinegética en la región. Para la organización ambiental lo que han intentado los impulsores de la iniciativa parlamentaria ha sido «pasar por encima de la suspensión cautelar de la caza ordenada por el alto tribunal regional». En una diligencia de ordenación notificada a la asociación la semana pasada, «el TSJCyL designa ponente al magistrado Ignacio de las Rivas, y da curso a las actuaciones que procedan, previamente a la votación que se celebrará mañana miércoles por la mañana en las Cortes de Castilla y León sobre la proposición destinada a convalidar legislativamente la caza en la región», explica Ecologistas en Acción en un comunicado. Tras mantener reuniones con los grupos parlamentarios del Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, Ecologistas en Acción expresa que el «Tribunal Constitucional ya ha declarado en cuatro sentencias contra iniciativas de las Cortes de Castilla y León como la estación de esquí de San Glorio (León y Palencia), la Ciudad del Medio Ambiente de Soria o Meseta-Ski en Valladolid, que las leyes singulares a la carta para sacar adelante disposiciones administrativas contestadas en los tribunales son inconstitucionales por impedir el acceso de la ciudadanía a los tribunales ordinarios, vulnerando así el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que asiste en este caso al PACMA como recurrente». Por ello, Ecologistas en Acción considera «esencial» que los letrados de las Cortes informen sobre la constitucionalidad en sí de la Proposición de Ley, y pide a los procuradores de todos los grupos parlamentarios que «se abstengan de adoptar decisiones que lesionen los derechos fundamentales de la ciudadanía, respetando escrupulosamente la Constitución, las leyes y las resoluciones judiciales firmes». Pero además, la organización ambiental advierte de que la Proposición de Ley que se votará mañana «no faculta directamente para el ejercicio de la caza en Castilla y León», ya que la relación de especies cazables debe ser establecida por una Orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente sobre la base «de la mejor información técnica disponible», y «con la finalidad de mantener el adecuado equilibrio ecológico que garantice el estado de conservación de las especies cazables y su utilización razonable». Por ello, Ecologistas en Acción considera que la práctica de la caza sin esta Orden «sería arbitraria y vulneraría tanto la ley estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad como las Directivas europeas de Aves y Hábitats y la propia Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León», que supeditan la caza a la conservación de las especies que puedan considerarse cinegéticas, «motivo por el cual los tribunales vienen exigiendo al Gobierno regional que acredite el cumplimiento de dicha normativa y justifique que la práctica de la actividad cinegética se basa en estudios científicos sobre la situación de las distintas especies silvestres, así como del grado de incidencia de la caza en su conservación». De ser aprobada finalmente la Proposición de Ley mañana en las Cortes, Ecologistas en Acción pedirá al Gobierno, a los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales y al Defensor del Pueblo que recurran la modificación de la Ley de Caza ante el Tribunal Constitucional, por «vulnerar legislación básica del Estado y los derechos fundamentales a la participación y la tutela judicial, entre otros», concluye la asociación. «Asimismo, el propio TSJCyL podría suscitar una cuestión de inconstitucionalidad previa a resolver los recursos judiciales en curso», asegura el comunicado.


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