Wednesday 20 February 2019
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abc - 9 days ago

La Audiencia Nacional anula la concesión de los cursos para recuperar puntos a la patronal de las autoescuelas

España adoptó el carné por puntos en 2006. Poco antes lo habían hecho Italia y Francia, pero en estos países, a diferencia de en el nuestro, la concesión de los cursos de reeducación vial –que tienen como finalidad sensibillizar a los conductores que vayan perdiendo puntos al cometer infracciones– se organiza desde la Administración central, habida cuenta del «interés general» que tiene este servicio público. En España, Tráfico «carecía de medios» para la impartición de estos cursos y abrió la adjudicación a través de un concurso público, que gestiona solo «de modo indirecto». En una sentencia del pasado 24 de enero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional anula esta concesión, que acapara desde hace más de una década la patronal de las autoescuelas (CNAE), porque atenta contra la libre competencia y vulnera el derecho europeo. Contra el fallo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que tanto la CNAE como la DGT pueden interponer en el plazo de un mes, si bien expertos juristas consultados por ABC corroboran que es «improbable» que se revoque la resolución. Abogados del derecho europeo señalan, a su vez, que la sentencia de la Audiencia, que tuvo como ponente al juez Santos de Gandarillas Martos, es muy clara al valorar que el sistema «debe someterse a los principios de libre competencia», que quedan restringidos con el sistema actual. CNAE mantendrá los cursos La Confederación Nacional de las Autoescuelas (CNAE) reseña en su propia página web la sentencia, a la hora de informar a los ciudadanos que necesiten recuperar puntos, a quienes confirma que «los centros continuarán dando con total normalidad el servicio que venían prestando» hasta que la resolución del Supremo (una vez se recurra, algo que no ha hecho todavía) sea firme. El pastel de los cursos de recuperación de puntos se reparte entre pocos centros. En 2016 solo 249 autoescuelas en España (de las 9.179 existentes, un 2,71%) los impartían. Según los denunciantes de Audica, que agrupa a más de mil autoescuelas, son menos de 300 las que en todo el país pueden organizar estos cursos, que cuestan 329,30 euros al conductor que ha perdido todos los puntos. Los de recuperación parcial tienen un precio de 174,93 euros. «Es un negocio muy rentable», critica Audica. Basta comprobar que el año pasado fueron 68.000 los conductores que pasaron por alguno de estos cursos de reeducación vial. El monto económico se eleva a unos 25 millones de euros anuales, que «se reparten solo las autoescuelas elegidas por CNAE», denuncia Miguel Aldana, de Audica. De ese dinero que pone el consumidor, la patronal cobra el 20%y el centro, el 80% restante. La DGT no recibe nada en ese reparto, salvo las tasas obligatorias por superar de nuevo la prueba práctica a quienes hayan perdido la licencia. Es un servicio público dejado en manos privadas, reprueba la resolución de la Audiencia. Y «monopolizado», apuntilla Aldana. El «escándalo» de la manipulación del concurso saltó definitivamente en verano de 2016, cuando se hizo pública una grabación de 43 minutos que dejaba en muy mal lugar a la por entonces subdirectora de Formación Vial de la DGT Marta Carrera y el ppresidente de la CNAE, José Miguel Báez. En dicha conversación, «amañaban» presuntamente la concesión de estos cursos, divididos en cinco lotes en la licitación, que fueron a parar a manos de la patronal. «Vicio anticompetitivo» En su dictamen, la Audiencia establece que «el vicio anticompetitivo de este sistema viene determinado esencialmente de origen, por la forma de gestión indirecta elegida». El Ministerio del Interior contempló «como única posibilidad» este sistema de concesión administrativa cuando, según la Audiencia, «hay que buscar otras fórmulas». Por ello, demanda abrirlo para que todas las autoescuelas puedan ofrecer los cursos y se termine así con la odisea de miles de usuarios que recorren muchos kilómetros para acceder a uno de los pocos centros que ofrecen los cursos. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo pone el ejemplo comparativo de que si es de servicio público y abierto a todas las autoescuelas poder sacarse el carné, sin estar sujeto a concesiones administrativas, lo mismo debería ocurrir con estos cursos de «repesca». En Cataluña, con la competencia de tráfico transferida, así sucede. «Existe una contradicción», atestigua el fallo. Con el sistema vigente, «el Derecho Nacional vulnera el Derecho de la Unión Europea y su Tribunal de Justicia», «no resulta compatible con la prestación económica» que desembolsa el consumidor y «constituye una restricción de la competencia» para los prestadores del servicio, por lo que «procede su inaplicación». La Audiencia desestima la indemnización pedida por Audica porque carece de «elementos para fijar los parámetros sobre los que debiera calcularse el montante de la pérdida económica del servicio».

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