Monday 18 February 2019
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abc - 8 days ago

El Congreso acuerda crear un fondo para las víctimas del amianto

La mayoría de l os grupos parlamentarios han consensuado la creación de un Fondo Estatal de Indemnizaciones para las víctimas del amianto, dentro de la negociación que se lleva a cabo sobre el texto del Proyecto de Ley tomado en consideración en octubre de 2017. Este es el primer paso para atender las reivindicaciones históricas de un colectivo de 3.943 fallecidos, que sufrieron las consecuencias de trabajar en contacto con este mineral. A ellos se podrían sumar, entre los años 2003 y 2009, 7.154 casos a indemnizar, en sus diferentes modalidades. Tras las 52 enmiendas presentadas al texto que envió el Parlamento Vasco a la Cámara Baja, en las dos reuniones que se han celebrado se ha alcanzado un primer «acuerdo unánime», como es la creación de este fondo, según han asegurado a ABC los diputados de Ciudadanos, Francisco Igea, y del PSOE, Rocío de Frutos. En las siguientes reuniones se tiene que perfilar el diseño del mismo, que ya se encuentra muy avanzado. En unos dos meses la Comisión de Trabajo, con competencia legislativa plena, podría aprobarlo. Después pasará al Senado y, si no hay enmiendas, como así se contempla, quedaría aprobado. La previsión es que antes del verano entre en vigor y las víctimas y sus familiares, puedan acogerse a él. Los titulares del derecho a beneficiarse de las indemnizaciones que se fijen en su momento serán las víctimas del amianto en el ámbito laboral y doméstico, así como aquellas cuya enfermedad tenga que ver «indubitablemente» con el amianto, y no con otros factores ambientales de origen distinto. Hasta ahora, las sentencias judiciales han fijado indemnizaciones entre 300.000 y 400.000 euros por persona. Si todos las víctimas reclaman indemnizados y las sentencias van en este mismo sentido, el fondo tendría que atender reclamaciones por un importe mínimo de unos 1.182.900.000 euros. Inspección de Trabajo Las fuentes de financiación del fondo, cuya cuantía aún no se ha determinado, procederán del fondo de contingencias profesionales de las mutuas, de los Presupuestos Generales del Estado y de las sanciones que recaude la Inspección de Trabajo sobre los incumplimientos en las normas de trabajo con el amianto. Posiblemente quedará cubierto con el fondo de las mutuas, según señala la diputada socialista. Este instrumento estará incardinado en la estructura del Ministerio de Trabajo, dentro de uno de los organismos ya existente, ya que no se creará ninguno nuevo. El Estado es el responsable de hacer frente a las indemnizaciones por tres razones, según explicó a este periódico la diputada socialista. La primera es que el Estado demoró mucho la prohibición de trabajar con amianto. La segunda es que, a pesar de prohibirlo, se dejó que se siguiera usando y, finalmente, porque después de tanto tiempo, hay empresas que han desaparecido y los afectos no tienen a quién reclamar. El problema que ahora se trata de resolver tiene su origen en el siglo XX, cuando se importaron 2.600.000 toneladas de amianto. Quedó probado científicamente la relación entre el amianto y el mesotelioma, una enfermedad cancerosa.

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