Sunday 16 December 2018
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abc - 26 days ago

La renuncia de Marchena a la presidencia del Supremo desnuda los excesos del bipartidismo

El único acuerdo alcanzado entre Gobierno y PP en los cinco meses que Pedro Sánchez lleva en La Moncloa, la renovación del Poder Judicial, saltó ayer por los aires. La renuncia del magistrado Manuel Marchena a la presidencia del Tribunal Supremo, en un gesto con el que pretendía reivindicar su independencia y su rechazo a ser objeto de instrumentalización política, descolocó a partidos y asociaciones judiciales y abrió en canal el debate sobre el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Con los juristas ya elegidos entre los dos grandes partidos que han participado en las negociaciones (PSOE y PP) y la selección de jueces casi ultimada, el horizonte de la renovación del CGPJ es negro. El PSOE forzará la celebración de los plenos en el Congreso y el Senado, aunque sin el PP, que dio por roto el pacto, la votación no saldrá adelante. Habrá bloqueo. Gobierno y populares desataron ayer una guerra de acusaciones sobre el control político de la Justicia. Ciudadanos celebró la voladura del pacto convencido de que, al fin, se ha descubierto el «pasteleo»de los partidos y llamó a cambiar el modelo para que sean los jueces los que elijan su propio gobierno. También Pablo Casado, tras finiquitar el acuerdo con Sánchez, apostó por volver al sistema mixto que recoge la Constitución –12 vocales los elegirán las asociaciones y 8, el Parlamento–. PPy Cs introdujeron anoche enmiendas en ese sentido en la reforma de la ley del Poder Judicial que se tramita ahora en el Senado. En cambio, el presidente del Gobierno defendió la vigencia del sistema actual –las Cortes deciden los 20 vocales– y su plena legitimidad. «Yo voy a defender que sea el poder legislativo y no los representantes de los jueces y fiscales los que decidan cómo gobernarse a sí mismos», dijo Pedro Sánchez en la sesión de control del Senado, donde culpó al PP del fracaso. La renuncia del magistrado se produjo en plena oleada de críticas por parte de los jueces porque su elección como presidente trascendió sin haber sido elegidos todavía todos los vocales nuevos del CGPJ. Y solo 24 horas después de que se publicara un whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se jactó de que controlarían «desde atrás» la Sala Segunda del Supremo, la que hoy preside este magistrado. Trayectoria impecable En un breve comunicado, Marchena se bajó del pacto a primera hora porque, dijo, no concibe la función jurisdiccional como «un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal». «Mi trayectoria como magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional», explicó en su nota. Y continuó: «El examen de las resoluciones que durante estos años he dictado como magistrado del Tribunal Supremo –de forma especial, como presidente de la Sala de Admisión de las causas contra aforados–, es la mejor muestra de que jamás he actuado condicionando la aplicación del derecho a la opción política del querellado o denunciado». Aunque los implicados en la negociación dedicaron todo tipo de elogios a Marchena, que implicará que vuelve a presidir el tribunal que juzgará el 1-O, lo cierto es que en el entorno de los partidos implicados en la negociación (PPy PSOE) el malestar era patente. Faltaban los últimos flecos del acuerdo (en concreto, los que el PSOE tenía que consensuar con sus socios de gobierno) cuando el candidato propuesto para presidir del Supremo dinamitó el pacto dejando en evidencia el descarado reparto de las sillas en el CGPJ y el afán por controlar el órgano desde el que se llevan a cabo los nombramientos de altos cargos judiciales. Relaciones rotas La respuesta del PP –donde el sector menos afín a la dirección actual ha cuestionado el acuerdo al entender que favorecía al PSOE– vino de la mano de su líder. Pablo Casado justificó ante su grupo parlamentario que no podía mantener vigente el acuerdo «por dignidad» y respeto a los jueces. Aludió a la necesidad de fortalecer las instituciones y reclamó la modificación del sistema de elección de los vocales del Poder Judicial, regresando al método original del año 1980 en el que los partidos políticos solo intervenían para elegir a los vocales del turno de juristas. Casado desautorizó a Cosidó al rechazar todo deseo de intervención en el Poder Judicial. «Cualquier otra explicación que se haya publicado o que se haya trasmitido por móvil o que se haya podido interpretar no es la verdad ni es la razón que la dirección nacional ha tenido», reseñó. Sin el PP, la renovación del CGPJ no prosperará. Aún así, el PSOE y sus socios han decidido forzar una votación fallida en el Congreso este jueves. El debate estaba ya incluido en el orden del día y el PPno logró retirarlo porque la decisión requiere la unanimidad de la Junta de Portavoces, y tanto Podemos como ERC defendieron seguir adelante para escenificar que el acuerdo se ha bloqueado por culpa del PP. En el aire queda también la comparecencia de los candidatos a vocales José Miguel Castillo Calvín y Blas Jesús Imbroda Ortiz, prevista para mañana, así como todo el proceso del Senado, que tenía previsto convocar el Pleno de elección el día 3. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, abogó ayer porque ambos rehúsen comparecer para evitar que el trámite se teatralice y dañe aún más la imagen de las instituciones.

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