Sunday 16 December 2018
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abc - 1 month ago

Actos indocumentados

En todo este quilombo de las hipotecas, entre el freno y marcha atrás del Supremo y la manifestación a sus puertas de los socorridos orquesta y coros de Podemos e islas adyacentes de desahuciados que a muchos, como a Inmaculada Colau, les sirvieron para llegar a la Alcaldía de Barcelona, nos hemos olvidado de lo principal: que se trataba del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD); de averiguar a quién le tocaba la partitura de su paganini. A las autonomías, que, como en las herencias, son las que ponen la mano. Con lo fácil que hubiera sido que ese presidente al que se le está poniendo cara de decreto-ley hubiera suprimido de un plumazo el dichoso AJD. Hubiera sido una decisión jurídica bastante documentada en las aspiraciones de quienes hasta hace poco Iglesias llamaba «la gente», que eran los que pedían la cabeza del presidente del Supremo, sin tener idea del pacto por debajo de la mesa sobre el CGPJ al que ya habían llegado PP y PSOE. Donde curiosamente el partido que más escaños tiene, el PP, haciendo el carajote como siempre y actuando una vez más contra sus votantes, le ha brindado la oportunidad de la «mayoría progresista» al PSOE, para que quede bien con todos los que mantienen al Okupa de La Moncloa en su encantado de haberse conocido: «Yo soy el presidente del Gobierno» e incluso «Madame Bovary c’est moi». Para que las autonomías puedan seguir derrochando el dinero y colocando a paniaguados adictos al partido que las gobierna, es fundamental que se embolsiquen el AJD. Por eso no lo pueden quitar. Yo tengo la solución, y la brindo, como decía mi maestro Beni de Cádiz, «sin trincá»: establecer el impuesto de Actos Jurídicos Indocumentados. En este caso, todos los iba a tener que pagar el Gobierno. Sánchez desde que llegó al poder de aquella manera que dijimos, apoyado, lagarto, lagarto, por los que sabemos, se está hartando de adoptar decisiones propias de indocumentados. O algo peor que me callo, porque estamos en horario infantil. ¿No es acaso un Acto Jurídico Indocumentado echar la última paletada al entierro de Montesquieu que ya anunció Alfonso Guerra y culminar la desaparición virtual de la constitucional separación de poderes con la anulación mediante un decreto-ley de una sentencia no del juez de Paz de Villanueva del Trabuco, sino del mismísimo Tribunal Supremo? Yo no sé a ustedes, pero desde los fundamentos del Estado de Derecho a mí me ha extrañado que no se haya levantado España entera ante esta conculcación de la constitucional separación de poderes que, como un indocumentado, ha perpetrado Sánchez con su decreto-ley a menos de horas veinticuatro de la decisión de toda una sala del Supremo sobre el lío hipotecario. ¿No es acaso un Acto Jurídico Indocumentado que tras los escándalos de las tesis «copia y pega» y de los másteres de la Señorita Pepis salga el Gobierno y diga que darán el título de Bachillerato a quien tenga una asignatura suspendida, que eso no importa? Y digo yo: si con un cate te hacen bachiller, ¿por qué no puedes coger el coche aunque te hayan quitado los 12 puntos del carné? Un suspenso en Matemáticas o que te pillen al volante hablando por el teléfono móvil, ¿no es acaso lo mismo? Pero como dependemos de estos Actos Jurídicos Indocumentados desde la propia moción de censura que mandó a su Registro al cobardón de Rajoy, que nos largó este mochuelo que hace peligrar a España misma y donde ahora van a por la Corona y a por Su Majestad... ¿No es acaso un Acto Jurídico Indocumentado que el PSOE apoye que en el Estatuto de La Rioja el vascuence sea equiparado a la Lengua Española? Vivimos gobernados por unos indocumentados. Si tuvieran que pagar el impuesto de Actos Jurídicos Indocumentados por cada salida de pata de banco, se acababa el déficit. Vamos que si se acababa...

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